Las PYMES representan más del 90% de las empresas instaladas en el país, generan cerca del 75% de los puestos de trabajo y son el equivalente a casi la mitad del Producto Bruto Interno (PBI). Entre todas, suman el 40% del total de ventas nacional. A pesar de su importancia estratégica para la economía nacional, según datos de la propia Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME), sólo uno de cada cuatro préstamos van destinados a este sector.
La marginación de las PYMES respecto al sistema tradicional de financiamiento, queda claro al ver que sólo el 15,2% de los que solicitan créditos lo obtiene. Esto implica que en la actualidad la mayoría se financie con recursos propios, lo que les da poco margen de maniobra para crecer y enfrentar situaciones complejas. Sin embargo, un 73% declara que si tuviese acceso a créditos a tasas y plazos razonables, acudirían a ellos para invertir y aumentar su producción.
En un escenario mundial económicamente complejo, es fundamental mantener, y más aún, contribuir al crecimiento de las PYMES. Y es obligación del Estado nacional, como así también de los legisladores nacionales, hacer lo posible para que eso suceda. Facilitar el acceso al crédito para promover el desarrollo económico con equidad social, es una de las principales razones estratégicas que busca la reforma de la carta orgánica. Porque de lo que se trata es de darle al Banco Central de la República Argentina (BCRA) herramientas para mantener el valor de la moneda, regular la cantidad de dinero, proteger la estabilidad financiera y financiar con créditos a tasas razonables; todo, respaldado por las políticas integrales, federales y promotoras de soberanía económica, que se llevan a cabo desde 2003.
Con Europa sumida en una crisis económico-financiera sin precedentes, Estados Unidos y China desacelerándose, y un socio comercial como Brasil con sus propias complicaciones; debemos estar orgullosos los argentinos de contar con nuestros recursos para fomentar el crecimiento económico. Porque esos recursos son de todos los argentinos, y no debe existir una sola persona en este país que no quiera que sean utilizados para el beneficio de todos.
Es por ese motivo que, por expreso pedido de la presidenta Cristina Fernández y como consecuencia de la reforma de la carta orgánica del BCRA, se ha pedido a la banca privada que asigne el 5% de sus depósitos a créditos para PYMES; para fomentar el crecimiento productivo. Lo mismo que está haciendo el Banco Macro en Salta, que anunció el lanzamiento de créditos a 50 meses y con un 15% de tasa anual, por un monto total de 200 millones de pesos.
Es un momento de optimizar recursos y ser coherentes con lo que venimos haciendo desde el 2003: reorientar gastos, re-distribuir la riqueza y hacer crecer la producción para fomentar el empleo y generar las condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos.
¿Y qué es ser coherentes sino que los fondos que corresponden a la justicia federal y nacional, sean depositados y administrados por una entidad pública nacional, como el Banco Nación? Porque esa es la idea: que las cuentas futuras correspondientes a la justicia federal y nacional, comiencen a sean administradas por el Banco Nación. Hay que seguir pensando en el beneficio para la mayoría: los recursos judiciales, al generar colocaciones de largo plazo y a tasas pasivas razonables, posibilitan dar créditos a tasas competitivas de largo plazo. A diferencia de los depósitos tradicionales o incluso los plazo fijos, estos recursos son más estables en el tiempo, lo que permite diseñar políticas previsibles y estabilidad.
Al surgir de los juicios, cuya resolución demanda periodos generalmente medianos o largos; y además teniendo en cuenta el spred de tasas pasivas y activas (paga y cobra), que es de lo mejor en el caso de los depósitos judiciales, ya que se les paga una tasa relativamente baja y los recursos están mucho tiempo, entonces no hay descalce entre lo que tienen y lo que prestan las financieras que los poseen. Esta particularidad de los flujos de recursos judiciales, es la que hay que aprovechar para destinarlo a créditos que fomenten la industria nacional, pero sobre todo para que beneficien a las mayorías, como lo son las PYMES.
Siendo estas representan más del 90% de las empresas nacionales y proporcionan el 75% de los puestos de trabajo argentinos, no pueden recibir solamente el 7,7% (974 millones de pesos) de los créditos que otorga una entidad financiera pública, como declara el propio Banco Ciudad. Ese porcentaje se vuelve casi obsceno cuando se lo compara con los créditos otorgados a las grandes empresas (como Peugeot, Pan American Energy, Esso, Ledesma, Coca Cola y Quick-Food, por ejemplo), que recibieron el 39,9% (4.948 millones de pesos), aún no estando radicadas en la Ciudad de Buenos Aires. Y en cuanto a los créditos hipotecarios, de los 19.000 millones de pesos que tiene el Banco Ciudad como activo, se destinaron solamente 3.740; muy lejos de una mayoría de los créditos otorgados.
En contra posición con el manejo de sus activos y depósitos que realiza dicha entidad financiera, el Banco Nación modificó significativamente los créditos otorgados a la producción. Mientras en 2003, solamente el 8% era destinado a las PYMES y las grandes empresas se llevaban el 45%, en el 2011, la proporción fue 52% contra 22%, a favor de las PYMES.
Esta es una política coherente y sostenida; que busca optimizar recursos para promover el financiamiento y la inversión de uno de los sectores productivos más importantes de nuestra economía. ¿Cómo estar en contra de eso, si además es congruente con una lógica administrativa federal? Porque esta ley no sólo busca consolidar las posibilidades de asistencia financiera a las economías regionales, sino que implica un salto de calidad en el sistema bancario y productivo nacional.
En un momento de crisis económica mundial, debemos estar orgullosos los argentinos de estar discutiendo cómo invertir nuestros recursos para crecer, en lugar estar endeudándonos para poder subsistir, como se hizo tiempo atrás. Esta es una posibilidad que nos ganamos todos los argentinos, luego de casi diez años de una política coherente y que tuvo siempre la soberanía económica como bandera. Es una oportunidad única en nuestros 200 años de historia, para cimentar la productividad y el crecimiento, reorientando nuestros recursos en pos de fomentar la industria y el empleo nacional, para garantizar un mercado interno fuerte y mejores condiciones de vida para todos los argentinos.

Fernando Yarade es diputado nacional del Frente para la Victoria de la provincia de Salta