Jorge Auat y Pablo Parenti, de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violación de Derechos Humanos, cuestionaron varios aspectos de la actual estructura del régimen judicial y consideraron que “a la voluntad política hay que acompañarla con hechos concretos”.
En el marco de una convocatoria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, presidida por Remo Carlotto (FpV), los doctores Jorge Auat y Pablo Parenti, fiscal a cargo y coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violación de Derechos Humanos, expusieron sobre el estado actual de los juicios y formularon duras críticas a la estructura del sistema judicial.
“A veces los números reflejan un estado de situación auspicioso pero se desconocen las dificultades”, arrancó Auat, quien repasó el trabajo de la Unidad Fiscal y apuntó que “no puede ser soslayado que la impunidad se reflejaba en las propias estructuras que debían ponerle fin a ésta”.
Habló de “jueces funcionales a ese proyecto” y sostuvo que “a la voluntad política hay que acompañarla con hechos concretos”.
Por su parte, Parenti indicó que “hace falta mayor gestión judicial”. Opinó que transcurridos cuatro años de reapertura de los juicios, desde la declaración de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final hasta 2007, “se esperaba otro estado de situación” y que “cada juez y fiscal hacía lo que quería con las causas, sin un plan prefijado”.
El fiscal agregó que “no hay ningún juez que haya sido sancionado por las demoras en las causas”. “Es verdad que el proceso está en marcha, pero falta mucho, aunque tampoco podemos transmitir la imagen de que no se avanzó nada”, dijo.
Carlotto se comprometió a acompañar, desde la comisión, “en la celeridad de los juicios”, y mencionó que “Argentina es observada como un país que está avanzando fuertemente en la materia”.
Por último, ante las inquietudes de los diputados Juliana Di Tullio (FpV), Manuel Garrido (UCR) y Stella Maris Córdoba (FpV), quien además es representante del Congreso en el Consejo de la Magistratura, Parenti y Auat pidieron avanzar sobre algunas reformas en el Código Procesal Penal y en la reglamentación de la prisión domiciliaria -no solo para los casos de delitos de lesa humanidad-.
La reunión contó con la presencia de representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), HIJOS y Abuelas de Plaza de Mayo.
