El diputado nacional Ricardo Gil Lavedra envió una nota al embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Oriental del Uruguay, Guillermo José Pomi Barriola, solicitándole que le remita una copia de las presentaciones judiciales realizadas por el Luis Almagro, ante el Juzgado del Crimen Organizado sito en Montevideo, en la cual, según trascendió, brindó pruebas acerca de las supuestas irregularidades cometidas por la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río de la Plata en beneficio de la empresa Riovía S.A, concesionaria de las obras del canal desde 1996.

Al mismo tiempo el legislador presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional, para que brinde detalles sobre la administración del canal Martín García. “Dado que el Gobierno argentino negó todas las acusaciones de corrupción vertidas por funcionarios del Uruguay, solicito que informen sobre las razones por la cual la Cancillería argentina demandó la exclusión de la empresa Boskalis (Riovía) del proceso licitatorio abierto en 2011, luego de haber aceptado en numerosas ocasiones la prórroga de su contrato de concesión”, explicó Gil Lavedra al iniciar el pedido de informes.

En el proyecto, el diputado radical solicita copia de todas las auditorías contables y financieras llevadas a cabo por la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) a la empresa Boskalis (Riovía) en su calidad de Concesionario del dragado del Canal Martín García desde 1996 a la fecha; que se detalles las razones por los cuales se resolvió extender la concesión otorgada a la empresa Boskalis (Riovía) en 2006, 2009, 2010 y 2011, sin convocar a licitación; y que se remitan copias de los convenios de prórroga firmados en cada caso y de las actas de las reuniones de la CARP donde se resolvió cada prórroga.

También requiere conocer los montos de todos los pagos mensuales realizados a Boskalis (Riovía) desde 1996 a la fecha; y los antecedentes de todas las empresas que adquirieron pliegos para el proceso licitatorio internacional abierto en 2011 para el mantenimiento, señalización, concesión y profundización del Canal Martín García. Al mismo tiempo, en caso de que se hayan solicitado ofertas de precios, solicita conocer los montos ofertados por cada empresa; y, en caso contrario, que se expliquen las razones por las cuales esta licitación no solicitó ofertas de precios a cada empresa.

“Además, dado que la última prórroga otorgada a la empresa Boskalis (Riovía) como concesionaria venció el 20 de julio de 2012, queremos que el gobierno indique quién se encuentra actualmente a cargo del mantenimiento del canal Martín García ; y que en caso de que la CARP haya retomado el control de las obras, tal como lo establece el estatuto del Río de la Plata, que se remita el informe completo del inventario y la auditoría realizados, así como el acta firmada por las partes que certifique el final de la concesión otorgada a Boskalis (Riovía)”, remarcó Gil Lavedra.

“Desde hace varios meses, la administración del canal Martín García ha sido motivo de emisión de comunicados, reuniones bilaterales, presentaciones judiciales y artículos de prensa en la República Argentina y en la República Oriental del Uruguay, debido a denuncias realizadas por altos funcionarios uruguayos, que vinculan a los delegados argentinos ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) en hechos de corrupción. La empresa Riovía, filial de la holandesa Boskalis International, está a cargo de la concesión del mantenimiento, señalización y operación del canal Martín García del Río de la Plata desde 1996. Su contrato de concesión expiró en 2006, aunque fue prorrogado en ese año sin realizar una licitación, y luego en los años 2009, 2010 y 2011. Finalmente, en 2012 se resolvió una extensión de 90 días hasta el 20 de abril de 2011, y luego otra por el mismo período hasta el 20 de julio de 2011”, recordó Gil Lavedra.

El titular del bloque de la UCR agregó que “en mayo de este año, el ex Embajador uruguayo en Buenos Aires, Francisco Bustillo, declaró haber recibido ofertas de sobornos, como miembro de la CARP por parte de funcionarios de la empresa Riovía para prorrogar esta concesión sin realizar la licitación correspondiente. Bustillo agregó que los funcionarios uruguayos rechazaron el ofrecimiento, pero no así sus pares argentinos. Aún peor, los dichos del Embajador Bustillo fueron confirmados por Julio Baraibar, embajador itinerante del Uruguay”.