Reclaman a Abal Medina por las preguntas sin respuestas

Desde la UCR le enviaron al jefe de Gabinete una carta para que de las razones por las que no cumplió en remitir las respuestas a los interrogantes realizados por ese sector. La nota.

El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, envió una nota al jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, para que explique “por qué no contestó en su presentación en la Cámara baja, gran parte de nuestras preguntas e incumplió el compromiso de enviar en el término de 5 días otras tantas”.

Gil Lavedra, destacó que “los distintos organismos del Poder Ejecutivo no contestan nuestros pedidos en relación al caso Ciccone.

Precisamente acerca de Ciccone, dijo que “con la intervención, el Gobierno quedó en una posición privilegiada para informarnos. Ya no hay excusas”.

A continuación, parlamentario.com detalla el texto completo de la nota remitida a Abal Medina.

I.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de llevar a su atención una serie de asuntos que han quedado pendientes desde su última visita a esta Honorable Cámara y solicitarle tenga a bien adoptar las medidas necesarias para darles cumplimiento. Como recordará, en dicha oportunidad, los integrantes del bloque que presido le formularon varios centenares de preguntas acerca de cuestiones de altísimo interés público y al día de hoy, al menos, gran parte de ellas aún no han sido contestadas.

En efecto, como surge del texto del propio Informe Nº 81, el organismo a su cargo se comprometió a responder dentro de los 5 días hábiles posteriores a la Sesión Informativa, interrogantes que se referían, entre otras cosas, al estado de Aerolíneas Argentinas y el Instituto Nacional de Obras Sociales, la realización de obras públicas en Tafí Viejo, la rescisión del convenio entre el PAMI y el Ministerio de Salud, el funcionamiento de la Comisión Administradora del Río de la Plata, el incremento de precios de la canasta básica y el alza de la mortalidad infantil en algunas provincias.

Sin embargo, desafortunadamente, el plazo fijado por el artículo 202 del Reglamento de la HCDN se encuentra largamente vencido y el compromiso no ha sido honrado, ni hemos recibido notificación alguna que nos permita, al menos, suponer que se está trabajando sobre el tema o que se nos informará al respecto en un futuro cercano. A esto se suma el hecho de que otras preguntas, directamente, han sido ignoradas sin justificación alguna. No se contestó, por ejemplo, ninguna de aquellas referidas a política penitenciaria, al estado de los establecimientos del Servicio Penitenciario Federal o de los institutos que alojan a menores de edad. Tampoco se aportaron datos acerca de los programas de asistencia financiera a las provincias o las medidas adoptadas para auxiliar las economías regionales. Las copias de las instrucciones impartidas a los directores designados por el Estado Nacional en YPF, durante los años anteriores a su expropiación, no fueron remitidas; como así tampoco una explicación del accionar del Ministerio de Seguridad en relación a Proyecto X.

Lamentablemente ni siquiera se nos ha respondido aún sobre una cuestión central que involucra a las máximas autoridades de nuestro país, puntualmente desconocemos todavía la identidad de los accionistas de las sociedades involucradas en la rehabilitación de la ex Ciccone o el procedimiento que precedió la celebración del contrato con Compañía de Valores Sudamericana S.A.

II.

Podríamos seguir enumerando los temas que se ha evitado abordar. Empero, resulta evidente que no se ha dado adecuado cumplimiento a los deberes a su cargo. Recordamos, por ello, que nuestra Constitución, en su artículo 101, asigna un rol central a la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) como enlace parlamentario y mecanismo de comunicación inter-poderes. Y que la importancia de este papel, se ha visto acrecentada últimamente por el alcance ridículo que organismos gubernamentales como la ANSES o el Ministerio de Planificación Federal, otorgan a la legitimación para interponer pedidos de acceso a la información en los términos del decreto 1172/2003, con el fin de evitar que esta herramienta sea empleada por los miembros del Congreso para canalizar sus reclamos.

De hecho, una de nuestras preguntas indagaba, precisamente, sobre las medidas instrumentadas para revertir esta preocupante situación que, según se afirma en el informe que nos remitiera, no era conocida por Ud. Por ello, con el objeto de cumplir con lo que anunciáramos en la sesión, le acompaño junto a esta nota copias de distintas respuestas de este tenor que hemos recibido. Observamos, entonces, que no se trata de un hecho aislado, o de una demora o deficiencia comprensible, en virtud de la enorme cantidad de solicitudes que se reciben ante la visita del Jefe de Gabinete a una de las cámaras del Congreso. Sino que existe, más bien, un accionar deliberadamente orientado a negar el acceso a información potencialmente lesiva para la imagen del gobierno.

Esto, al menos, es lo que marca nuestra experiencia tras meses de infructuosos reclamos en relación al caso Ciccone, causa caracterizada por la incertidumbre y opacidad rampantes. En efecto, desde mediados del mes de febrero al día de la fecha, hemos presentado alrededor de 14 solicitudes de acceso a la información y 4 proyectos solicitando informes, la constitución de una comisión investigadora y la concurrencia de los funcionarios involucrados a las comisiones pertinentes de esta Honorable Cámara. Todas estas iniciativas han sido obstruidas o ignoradas por el Poder Ejecutivo. A continuación, y para su mayor ilustración, me detendré en lo acontecido en relación a los requerimientos formulados en los términos del decreto PEN 1172/2003.

III.

Casi la totalidad de los pedidos de información presentados han generado intercambios con algunos de los organismos responsables, o han tenido que ser reiterados a raíz de las respuestas parciales o defectuosas que recibieron, o bien porque fueron ignorados de plano. El común denominador, entonces, ha sido la omisión del deber de responder en tiempo y forma.

Las primeras solicitudes sobre el tema fueron presentadas el pasado 17 de febrero ante la Secretaría de Comercio Interior, a la que se solicitó que informe sobre la totalidad de medidas y resoluciones adoptadas en relación a la rehabilitación de Ciccone S.A y la rescisión del vínculo contractual que la única con Boldt S.A., y la Administración Federal de Ingresos Públicos, a la que le pedimos que informe la situación impositiva de la firma y sus directores conocidos, las razones que avalaron que se consienta el levantamiento de la quiebra y los beneficios fiscales que se le otorgaron.

Recordemos que Casa de Moneda intentó arrendar la capacidad productiva de la compañía, pero perdió la puja con Boldt S.A que, según el juez de la quiebra, realizó una mejor oferta. Y luego, el contrato fue anulado por decisión de la Secretaría, en base a un dictamen de la Comisión de Defensa de la Competencia. Por ello, la primera de estas solicitudes era de gran relevancia para nosotros, pero, desafortunadamente, no existió ni siquiera un acuse de recibo. La AFIP, por su parte, envió sólo respuestas parciales y se escudó en el secreto fiscal, para no contestar otras. Aunque, más tarde, divulgó parte de la información solicitada en una conferencia de prensa y tras un nuevo pedido, defendió su postura inicial y dio por concluido el intercambio.

El 22 de febrero, a su vez, presentamos pedidos ante el Banco Central y Casa de Moneda, solicitando a ambas información acerca de la existencia de negociaciones en curso con la Compañía de Valores Sudamericana. A lo que el BCRA, respondió el 3 de marzo que no existía ningún tipo de tratativa. Meses después, sin embargo, esto fue desmentido por la Ceca que aclaró que existía un principio de acuerdo que había sido sometido, precisamente, a autorización del BCRA. Esto motivó en una nueva solicitud ante el BCRA que, sin perjuicio de lo expuesto, insistió en negar el vínculo y llegó a afirmar que no contaba con ningún tipo de documentación sobre el tema.

El 30 de marzo, además, presentamos nuevos requerimientos solicitando al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), que nos entregué copias de uno de los expedientes más relevantes del caso (donde se le negó la autorización de la operación a Boldt y, más tarde, se le impusieron sanciones) y que explique si las empresas que aparecen involucradas tienen algún tipo de beneficio fiscal o estatal. A la propia JGM para que nos diga si alguna de las empresas tenían vínculos contractuales con el Estado y a la Oficina Anticorrupción (OA) para que rinda cuentas sobre lo actuado en relación al caso. Pero sólo obtuvimos una respuesta satisfactoria de la JGM, dado que el MEFP evitó enviarnos la documentación y la OA apenas dijo estar colaborando con el fiscal Rívolo y se relevó de la tarea de brindar mayores precisiones.

IV.

El caso más preocupante, sin embargo, ha sido el vinculado a la Inspección General de Justicia a la que le pedimos el 17 de febrero y, ante la ausencia de respuestas, nuevamente el 30 de marzo, que explique, primero, si había desarrollado algún tipo investigación en relación a las presuntas irregularidades en la constitución y operatoria de las sociedades mencionadas. Y que, en caso afirmativo, se aporte copia de lo actuado o, en su defecto, se expliquen las razones por las cuáles se decidió que no correspondía intervenir. Y en segundo lugar, que informe si las sociedades mencionadas se encontraban inscriptas y en qué carácter, que se aporte copia de su estatuto y detalle la composición de sus órganos de gobierno y fiscalización, sus accionistas, los domicilios denunciados, así como todo otro dato que pueda resultar de interés.

Lo curioso del caso es que, aunque ninguno de estos pedidos fue contestado, ni se ha recibido notificación alguna en relación a ellos, trascendió en los medios de comunicación, que la IGJ solicitó la opinión de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP) sobre el mérito de nuestra presentación. Y que a raíz de este pedido, la DNPDP emitió el dictamen 7/12, donde parece avalar en forma ambigua nuestra presentación, aunque le otorga un alcance insostenible a la legislación que regula la difusión de datos personales e interpreta en forma extremadamente restrictiva la obligación de informar del Registro Nacional de Sociedades.

Todo esto, de nuevo, ha sido realizado sin cursarnos ningún tipo de notificación, ni permitirnos participar o mejorar nuestros fundamentos. Y la información, por supuesto, no ha sido suministrada a la fecha, por lo que seguimos desconociendo quiénes se encuentran detrás de CVS y de las sociedades que controlan su capital accionario, aún cuándo ahora nos vemos obligados, ahora, a discutir el proyecto de expropiación que ha sido remitido al Congreso por el Poder Ejecutivo.

V.

Ante esta situación, hemos optado por solicitar nuevamente, ahora al interventor de la compañía, Dr. Hernán Lorenzino, que se sirva remitir toda la información que se nos adeuda al día de la fecha. Esto es que se revele la identidad de los titulares de acciones y apoderados, se rinda cuenta acerca de las medidas adoptadas con carácter previo a la celebración de la contratación para verificar que se trataba de sociedades solventes y constituidas regularmente y el procedimiento mediante el que se decidió contratar a CVS y se descartaron otras opciones.

Y también que explique públicamente si él o las personas de su equipo que tomen intervención, tienen o han tenido vínculos relevantes con los dos funcionarios nacionales sospechados o si de algún modo han participado en cualquier gestión estatal vinculada al trámite y levantamiento de la quiebra de la empresa Ciccone Calcográfica, o en la constitución o aval de cualquier operatoria de CVS S.A., con anterioridad al decreto referido, o en la contratación vigente entre SECM y CVS S.A. Así como sobre otros detalles vinculados a la situación actual de la empresa. Pero, al día de hoy, tampoco hemos recibido comunicación alguna.

El gobierno se encuentra ahora en control de la compañía, dispone de medios suficientes para contestar en forma inmediata y debería hacerlo no sólo por estar obligado por ley. Sino porque existe, además, la posibilidad de que en el corto plazo, se resigne el cobro de millones de pesos en impuestos, a cambios de tomar el control de una compañía con dueños desconocidos y sospechada de sostener vínculos con funcionarios del gobierno nacional. Por ello y dadas todas las circunstancias que hemos relatado, vengo a reiterar nuestro reclamo de que se ofrezca a la ciudadanía una explicación oficial sobre todos los puntos mencionados precedentemente que revisten una transcendencia formidable, sin omisiones a dar cuenta de sus aspectos más sensibles. Y a solicitarle, atento el tiempo transcurrido, la urgente satisfacción de nuestras demandas.

Lo saludo muy atentamente,

Ricardo Gil Lavedra

Diputado de la Nación

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