Por Carolina Ramos

Como hijo de la líder de Abuelas de Plaza de Mayo y titular de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara baja, el kirchnerista Remo Carlotto aboga por la culminación de los juicios por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado en nuestro país y no duda en atribuir “intencionalidad política” a algunos jueces que traban los expedientes. En una charla con Semanario Parlamentario, el diputado se mostró preocupado por las situaciones de violencia institucional en la provincia de Buenos Aires y pidió tener una mirada “contemplativa” sobre la situación de encierro, a raíz de la polémica por las salidas transitorias de presos para asistir a actos K.

– El Congreso firmó una declaración el pasado 24 de marzo en la que aspira a que los juicios por crímenes de lesa humanidad culminen antes de 2015. ¿Cómo marchan estas causas?

– Nos pusimos un objetivo desde la presidencia de la comisión, con diputados de distintos bloques, de acompañar los juicios por crímenes de lesa humanidad en todo el país, fundamentalmente donde vemos que hay escollos para obtener justicia. En nuestra visita a la provincia de Jujuy, tratamos de acompañar la demanda de justicia por estos crímenes, y también lo hicimos cuando conformamos la comisión en Tucumán. Cuando asumió su segundo mandato, la presidenta reiteró el pedido de que los juicios por crímenes de lesa humanidad terminen, y lo planteó también el presidente de la Corte Suprema de Justicia al iniciar el año judicial, de pedir celeridad en estas causas. Nuestra intención es, siendo absolutamente respetuosos de la división de poderes, interrelacionarnos tanto con el Consejo de la Magistratura como con la Comisión Interpoderes, estar al tanto de cada una de las causas y acompañar desde el lugar institucional que nos corresponde.

– ¿Por qué estos expedientes no avanzaron antes?

– Hay distintas razones. En el caso de Jujuy, vemos claramente la intencionalidad política del juez de no hacer justicia, porque durante cinco años detuvo las causas sin ninguna justificación, y el nuevo juez que asumió la responsabilidad sobre ellas tomó determinaciones en dos meses. Hay dos ejes: uno, las falencias que tiene el sistema de justicia con respecto a las situaciones de subrogancia que existen en las causas y las faltantes de jueces; y lo otro es la responsabilidad de algunos integrantes de la Justicia de sostener algunos compromisos que tienen con aquel período, como el caso de Mendoza, donde se vio la complicidad de integrantes de la Justicia en su más alto nivel con respecto a los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Nuestro rol político es darle visibilidad a estas situaciones. Rescatamos la participación de sectores de la oposición en esto: más allá de que tenemos una clara mirada de que, del año 2003 a aquí, la agenda en materia de Derechos Humanos es parte de una política de Estado, creemos que debemos involucrar a todos los sectores del arco político.

– Pronto se tratará en el recinto una indemnización para las víctimas del atentado a la AMIA y de diciembre de 2001…

– Son proyectos de reparación económica por parte del Estado. Las recomendaciones internacionales plantean una reparación integral. Frente a la situación de las víctimas de la AMIA, el proyecto es en el marco de un acuerdo entre el Estado nacional y la AMIA ante los organismos internacionales. El Estado debe reconocer su responsabilidad frente a la incapacidad de investigación y el ocultamiento. Con las víctimas del 19, 20 y 21 de diciembre de 2001 sí se visualiza la acción directa del Estado, que dio una orden de represión y provocó más de treinta muertos en todo el país y cientos de víctimas con lesiones graves. Aclaro que en ninguna de las dos situaciones esto obtura la actividad judicial y las responsabilidades penales que le puedan caber a los agentes del Estado que hayan participado en estos crímenes. En los proyectos se plantea que las reparaciones deben ser de carácter integral: parte de la reparación es económica, pero el Estado debe asumir también la responsabilidad frente a las consecuencias en la salud, psicológicas y físicas de las víctimas. Esta ha sido una demanda permanente de los familiares. Estos no son beneficios que otorga el Estado: son obligaciones que éste asume ante la comunidad internacional.

– ¿Por qué no avanza el tan reclamado Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, que ya cuenta con la aprobación de Diputados?

– Estamos dialogando con los senadores; lo hemos hecho con el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías del Senado, “Nito” Artaza, porque nos interesa que este proyecto prospere. Se ha planteado por la situación de muchas de las provincias, de malos tratos y torturas en los lugares de detención, la necesidad de contar con esta herramienta, que es de carácter federal y plantea una intención de que las provincias emulen leyes con estas características para que existan mecanismos a nivel provincial. Ya tiene un mecanismo propio la provincia de Chaco y está en tratamiento en Buenos Aires, que es el lugar donde hay mayor cantidad de detenidos. Éste es un instrumento práctico de monitoreo de la situación de privación de libertad y sirve para modificar situaciones de carácter estructural, que tienen que ver con la violación a los Derechos Humanos dentro de los lugares de detención. Vemos con gravedad la situación que se vive en las distintas provincias del país, fundamentalmente en Buenos Aires.

– Hablando de Buenos Aires, la Policía bonaerense es muy cuestionada por su accionar, que derivó incluso en casos de “gatillo fácil”…

– Nosotros vemos con preocupación las situaciones de violencia institucional que existen allí. Por un lado, en el funcionamiento del Servicio Penitenciario con respecto al trato y a las condiciones de detención. Pero por otro lado, vemos la situación de abuso que existe por parte de la Policía en el territorio, fundamentalmente de estigmatización de los sectores juveniles, que tiene consecuencias en la vida, sobre todo, de los sectores más empobrecidos, hasta situaciones extremas como el caso de Luciano Arruga, que se encuentra desaparecido producto de la intención de integrantes de la Policía bonaerense de hacer delinquir a este joven. Lo que nosotros planteamos es que se aparte a la Policía de la Provincia de los procesos de investigación judicial. También vemos como un error el otorgar poder territorial a la Policía sin monitoreo, y creemos que debe existir un mayor control civil, que debe transparentarse el funcionamiento de Asuntos Internos, y que la Justicia debe actuar con celeridad frente a la responsabilidad de funcionarios policiales que cometen este tipo de delitos. Muchas veces, los casos de malos tratos y torturas son mal caratulados por la Justicia. Y frente a las violaciones a los Derechos Humanos que cometan, deben ser claramente sancionados y apartados los miembros de las fuerzas de seguridad, porque tienen una mayor responsabilidad frente al otorgamiento del Estado del monopolio de la fuerza pública. Esperamos que tanto desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia como desde la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires se tomen cartas en el asunto.