Circula entre los bloques opositores e incluso entre los representantes del sciolismo, una nota exigiendo “un pronto despacho” a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, donde duerme un proyecto que establece la derogación del artículo 29 y modifica el artículo 30 del reglamento de la Cámara baja, de forma tal que el contralor administrativo de Diputados esté en manos de la oposición.

El proyecto de resolución en cuestión viene a poner atención en un pasaje del reglamento interno de la Cámara de Diputados que versa sobre las facultades que se les asignan a las autoridades, específicamente, a las vicepresidencias.

Este pasaje del reglamento que, en principio involucra a dos artículos, el 29 y 30, muy breves pero a la vez determinantes y significantes, no encuentra sus orígenes en períodos fundacionales, tampoco fueron “pensados en abstractos”, sino para resolver una coyuntura muy especial que imperó en la Cámara baja cuando estaba llegando a su fin el año 1997.

Actualmente los artículos aludidos consignan que “el vicepresidente deberá visar los actos administrativos del presidente” y que “del vicepresidente dependerá el Servicio de Auditoría establecido por el artículo 34 de la Ley 10.426, incumbiéndole la designación y remoción del funcionario allí previsto”.

¿Cuál era el contexto político que agitaba las aguas en aquel diciembre de 1997 en la Cámara joven? Todos recordarán que se trataba de los dos últimos años del segundo período como gobernador de la provincia de Buenos Aires de Eduardo Duhalde, tras la derrota en las elecciones legislativas de ese mismo año.

La fuerza electoral emergente era la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, pero en el recinto las fuerzas políticas que la integraban mantenían bancadas independientes. Estaba el bloque de la UCR, por un lado y, por el otro, el del FrePaSo. De modo tal que el PJ era la primera minoría como bloque, pero al sumar las voluntades de ambas bancadas opositoras se lograba el mágico número de 47 sobre 92 diputados que integran el Cuerpo.

Así las cosas, desde el PJ resistieron la embestida hasta el final reclamando la presidencia para la bancada de mayor cantidad de integrantes y agregaban el hecho que el PE estaba a cargo de un miembro de esa organización partidaria.

La solución llegó de la mano de la modificación del reglamento interno donde se jerarquizaba la vicepresidencia de la Cámara instaurándose de esa forma una especie de conducción bicéfala, que originalmente ocuparon los diputados Francisco Ferro, de la UCR, y Osvaldo Mercuri, del PJ.

“El artículo 29 ha quedado desvirtuado en el tiempo. Fue instituido cuando la gobernación de la provincia de Buenos Aires y la primera minoría legislativa pertenecían al mismo partido político, siendo la mayoría en la Cámara de Diputados la oposición en aquel entonces” fundamentó el autor de la iniciativa, el diputado denarvaista Mauricio D’Alesandro, que intenta modificar ahora este orden establecido.

Sucede que en la actualidad se “desvirtúa”, al menos, en dos planos la cuestión. Por un lado no se da la situación de gobernador de un signo político diferente al de la mayoría parlamentaria, pero por otro lado, la vicepresidencia no es ocupada por un diputado de diferente signo político que el del presidente.

Concretamente el proyecto en discusión propone derogar el artículo 29 del Capítulo IV del Reglamento y establecer que “de los vicepresidentes dependerá el Servicio de Auditoría establecido por el artículo 34 de la Ley 10.426, incumbiéndoles la designación y remoción del funcionario allí previsto”. Cabe consignar que actualmente son cuatro las vicepresidencias que tiene La Cámara baja, tres ocupadas por opositores y una por el oficialismo.

Pero así como la movida del ’97 estaba directamente empujada por un determinado contexto, no menos cierto es que la actual propuesta, más allá de los argumentos formales, también es azuzada por el actual estado de las cosas y, obviamente, las personas.

El pequeño grupo de sciolistas que habitan la Cámara joven estaría haciendo un guiño a la oposición para que avance con el proyecto. Las consecuencias inmediatas de la iniciativa vaciaría de poder al actual vicepresidente José Ottavis, un emergente del camporismo, señalado por muchos como “un embajador” del poder central en el Palacio y además reduce el radio de acción del propio presidente Horacio González, dos dirigentes del oficialismo que no estarían gozando de buen concepto en el círculo intimo del gobernador Daniel Scioli.

“La realidad política de la actual composición hace que el oficialismo no deba ejercer las funciones de control y auditaría sobre sí mismo. El funcionamiento, como ha quedado diseñado, convierte a la presidencia en un cuerpo colegiado en sí mismo, con conducción bicéfala, donde una parte del propio oficialismo se arroga la función de contralor en forma conjunta y además designa, tutela y remueve el servicio de auditoría” dijo D’Alesandro.