“Es escandaloso que se trate la expropiación sin conocer cuál es el valor de los bienes de la sociedad y cuánto es la deuda que deberá afrontar el Estado. No podemos admitir tratar esta ley sin antes saber cuántos acreedores han verificado su crédito en el concurso, cuál es el estado de los libros y de la documentación societaria, o cuántos son los empleados y cuál es su situación laboral”, afirmó el diputado nacional Julián Obiglio.

“Tampoco puede considerarse la expropiación sin antes analizar el privilegio que tienen otros acreedores sobre el Estado, o sin contar con los informes económicos y de administración que ha emitido la sindicatura. No se trata aquí de expropiar las acciones de una sociedad regular, sino de una sociedad que está intervenida y estudiada por un Juez Comercial de la Nación”, continuó.

En función de ello, el diputado del Pro presentó un escrito a los presidentes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda solicitando que se cite al Sr. Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Comercial Nro. 8, Javier Cosentino quien tiene a su cargo los autos caratulados “Ciccone Calcográfica SA s/ concurso preventivo” a la reunión conjunta de las Comisiones de este martes.

Dicho pedido se encuentra fundado en el hecho de que a fin de expropiar una empresa concursada, que hasta hace poco se encontraba quebrada, los legisladores intervinientes deben conocer con precisión el estado de situación legal y patrimonial de la sociedad cuyas acciones se pretenden transferir al Estado Nacional.

“Con la expropiación de la ex-Ciccone, el Gobierno Nacional pretende apropiarse del expediente en el fuero comercial, que es la fuente de pruebas para la acción penal. Quieren robarse la dirección de la empresa para poder esconder las pruebas penales que implican al vicepresidente Amado Boudou”, concluyó el diputado nacional del Pro.