Según el informe que realizó el Observatorio de Femicidios, de la Organización No Gubernamental Adriana Marisel Zambrano, en nuestro país muere una mujer por día víctima de la violencia de género, siendo su propio hogar el lugar más peligroso y sus propias parejas o ex parejas los principales agresores.

Si después de tanto hablar sobre el tema, de tanto tratar de difundir las pautas de la cultura ancestral machista para tratar de detectarla y modificarla, de tanto legislar a nivel nacional y provincial la realidad sigue siendo que una de nosotras en pleno S XXI es sacrificada a diario en post del modelo dominante, es más que obvio que algo estamos haciendo mal o directamente no lo estamos haciendo.

El tema vuelve a la primera plana de los medios cada vez que un caso nos echa a la cara la crueldad del asunto sea por la brutalidad del método empleado o por la novedosa forma de su exposición pública. Esta vez fue la provincia de Buenos Aires con un caso que deja claro el nivel de impunidad del que gozaban los violentos protagonistas: un hombre golpea a la madre de su hija delante de la pequeña a quien supuestamente iba a buscar para festejar el día del niño casi sin mediar palabra, a plena luz del día y a la vista de otros miembros de la familia y vecinos. Y como para que no queden dudas del valor que se le da a los actos de violencia de género, la única medida que tomó la Justicia fue prohibirle que se acerque a doscientos metros por 90 días.

La brutalidad cambia, sus métodos cambian, las provincias cambian, los protagonistas cambian, pero lo que no cambia y en general antecede a la muerte es una serie de denuncias, avisos y llamados de atención desoídos. Y en esto la Justicia tiene mucho que ver.

Los jueces de familia tienen en sus manos las leyes para hacerlas cumplir y los protocolos de actuación en este tipo de casos. Son ellos quienes deben ordenar la exclusión del hogar del golpeador. Son ellos quienes deben restringir el acercamiento de los victimarios. Son ellos quienes deben ordenar al Estado que garantice un lugar para la madre y los niños si es que lograron huir. Son ellos quienes deben ordenar tratamientos terapéuticos. Son ellos quienes deben ordenar consignas policiales en las viviendas. Son ellos los que deben hacer cumplir la ley.

Y después están los otros, los jueces penales, quienes deben ser advertidos por los anteriores, la Policía o la propia víctima si hubo comisión de delito alguno. Y si así fuera deben reprimirlo con las penas que el Código Penal demande porque para eso integran el Poder Judicial y para eso perciben un salario, sin caer en el denominador común de hablar de montos, intangibilidades y ganancias.

En el caso de los dos magistrados que hicieron lugar al último avenimiento de nuestra Justicia, debieron renunciar luego que el perdonado diera muerte a cuchillazos a su señora esposa delante del hijo de ambos. Quizás sea hora de empezar a unir casos irresueltos de violencia familiar, victimas insatisfechas o atemorizadas frente a la inexistencia de respuestas para empezar a pensar en conjunto cómo garantizar celeridad y eficiencia de parte de todos los poderes de la República, incluido el Judicial.

Alicia Comelli es diputada de la Nación, abogada, especialista en género