La seguridad jurídica y la estabilidad en las reglas de juego son indispensables para alentar inversiones. No parece ser ese el pensamiento del gobierno nacional, que –en su voracidad por fondos frescos- ahora la emprende contra una de las producciones nacionales con más potencial de desarrollo: los biocombustibles.

Enorme incertidumbre y preocupación ha generado a lo largo de toda esta cadena de valor la intervención dispuesta por el Gobierno Nacional a través de una serie de resoluciones de dudoso sustento jurídico dictadas la semana pasada, con altísimo impacto sobre nuestras economías regionales y, en particular, contra un gran número de pequeñas y medianas empresas que están comenzando a desarrollar esta novedosa y altamente requerida producción en el mundo.

En efecto, el nuevo esquema de intervención quedó definido a partir del dictado del Decreto 1339/2012, de la Resolución Conjunta del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de Industria y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Nº 438/269/1001, y de la Resolución de la Secretaría de Energía Nº 1436, de fecha 7 de agosto de 2012, que autoriza un aumento del 20 al 32 por ciento para las retenciones a la exportación de biodiesel (en uso de una facultad legislativa delegada caduca desde el 24 de agosto de 2010), llevando a cero los reintegros, y establece un nuevo “precio de referencia” de uso obligatorio en el mercado interno para la venta de dicho biocombustible, determinado sin ningún criterio conocido por una “Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo” creada en virtud de la referida Resolución Conjunta.

Este drástico cambio en las reglas de juego sin lugar a dudas altera de manera decisiva esta importante actividad agroindustrial. En el caso de muchas pequeñas y medianas implica la inmediata ruptura del equilibrio económico, y deja fuera de competencia, con todas las consecuencias que esto conlleva, no solo a nivel de empleo de las propias empresas sino también de las fuentes de trabajo indirectas que las mismas generan, principalmente en las economías regionales donde se encuentran instaladas. Tal es el caso de una planta pyme localizada en Daireaux, Provincia de Buenos Aires, que tras el dictado de las nuevas medidas debió interrumpir la producción, dejando sin trabajo a 50 personas.

De acuerdo a la Cámara de Empresas Pymes de Biocombustibles (CEPEB) el cuadro de situación resulta “crítico”, precisando que “a los valores actuales del aceite de soja -que sigue la cotización internacional-, con el precio interno fijado en $ 4.405,3, las plantas pymes pasan a afrontar un margen promedio de $332,60 por tonelada, sin incluir amortización, intereses ni gastos financieros”. Este margen negativo aumenta lógicamente para aquellas empresas que están más distantes de las aceiteras, por el mayor costo logístico.

Es importante tener presente que prácticamente el total de la capacidad de producción de estas empresas se orienta exclusivamente a atender el mercado local, sin otra alternativa de mercados disponible, como en cambio sí tienen las grandes elaboradoras -dueñas de la materia prima- quienes pueden acceder al mercado de exportación, absolutamente prohibitivo para las pymes, principalmente por razones financieras y logísticas (distancia y ausencia de puertos).

Es probable que ya no sean tan optimistas las predicciones de crecimiento del biodiesel, del orden del 20% para este año, calculadas por la Cámara Argentina de Biocombustibles. Tampoco resulta probable que, a partir de estas medidas, la capacidad de las plantas argentinas lleguen a los 4 millones de toneladas a comienzos del 2013 por inversiones en desarrollo, como se había anunciado.

Más allá de dar cuenta sobre lo que, en principio, cae de maduro que traerá aparejado este cambio de reglas, como es la destrucción de empleo, he presentado en el Congreso, con el acompañamiento de mis colegas diputados Graciela Camaño, Enrique Thomas y Gustavo Ferrari, un pedido de informe dirigido al Poder Ejecutivo para solicitar precisiones respecto del sustento jurídico de la norma dictada; sobre el cálculo realizado por la referida “Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo” para la determinación del precio de referencia incorporado a la Resolución de la Secretaría de Energía Nº 1436; y puntualmente qué evaluación han realizado las autoridades respecto del impacto de estas medidas sobre las condiciones de competencia en la cadena de valor de los biocombustibles, en particular sobre el entramado de pequeñas y medianas empresas productoras; entre otras cuestiones.

Resulta fundamental evitar que medidas oportunistas puedan poner en riesgo el desarrollo de esta estratégica e incipiente actividad agroindustrial, de enorme potencial. Es responsabilidad de todos, dirigentes y empresarios, cuidar lo que con tanto sacrificio hemos podido lograr.

Brown es diputado nacional de la provincia de Buenos Aires.