La Coalición Cívica respaldó a trabajadores y organismos de derechos humanos querellantes en una causa en la que se investiga la participación del secretario general de la Uocra durante la última dictadura.
Los diputados nacionales de Coalición Cívica-ARI Carlos Comi y Fernanda Gil Lozano (mandato cumplido) encabezaron una conferencia de prensa en el Congreso donde dirigentes sindicales y organismos de derechos humanos ampliaron una denuncia penal contra el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, a quien acusan de haber actuado como agente del Batallón de Inteligencia del Ejército 601 durante la última dictadura cívico-militar.
Luis Yedro, extrabajador de la construcción denunció haber sido reprimido y despedido de Atucha II por oponerse a la gestión de Martínez. Además, los sindicalistas reclamaron por el avance de la denuncia que desde hace un año se encuentra a cargo del juez Ariel Lijo.
La situación ameritó un pedido de informes impulsado por el diputado Horacio Piemonte (CC-ARI), con el apoyo de Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur), Victoria Donda (Libres del Sur), Graciela Ocaña (Udeso) y Víctor De Gennaro (Unidad Popular), entre otros.
En este marco, Gil Lozano se mostró preocupada por la “inacción” del Gobierno nacional frente al estancamiento de la causa, y Oscar Castro del Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAC) rechazó que “Martínez se presenta con la presidenta y le garantiza a los grandes empresarios de la construcción la mano de obra más barata”.
Además, Castro aseguró que el Gobierno nacional “mintió” al afirmar que Martínez permaneció en el Batallón de Inteligencia desde 1981: “El Gobierno no quiere investigar estas cosas porque sino va a saltar la olla”.
La denuncia en cuestión fue realizada en julio de 2011 ante el Juzgado Federal Nº 4, con el propósito de investigar la posible pertenencia de Martínez, como personal civil del Batallón 601 de 1976 a 1983. La Coalición Cívica informó que “esa dependencia castrense fue definida judicialmente como asociación ilícita en el marco del conjunto del plan criminal genocida implementado por el Estado argentino durante ese tiempo”, y que “dentro de su plan sistemático, fueron detenidos y desaparecidos 105 obreros de la construcción, lista elaborada por la Conadep”.
El texto presentado a la Justicia señala: “El batallón 601 no se limitaba a realizar tareas de inteligencia. Por debajo de su estructura, existía la llamada Central de Reunión, que tenía a cargo ‘Grupos de Tareas’ periféricos. La información que recolectaban se transmitía a la Central y posteriormente al Batallón, desde donde se organizaban y se implementaban los operativos, comandados por la dependencia de cada zona y se sometía a las personas secuestradas a torturas durante los ‘interrogatorios’”.
Y agrega: “No puede sorprender, pues, que sean 105 los desaparecidos de la construcción registrados. De manera harto evidente, la pertenencia del imputado Martínez como agente de inteligencia en un aparato dedicado a la infiltración, seguimientos, secuestros, torturas y desaparición final de militantes populares, en forma simultánea con su actividad gremial en la UOCRA, que data según la documentación anexa de la misma época, ha resultado determinante en el destino de los compañeros obreros de la construcción que permanecen detenidos desaparecidos. Dicha simultaneidad no resulta casual ni exclusiva del aquí denunciado. La vinculación y colaboración recíproca entre el aparato represivo estatal, oficial u oficioso, y la burocracia sindical representada por Gerardo Martínez”.
En la misma documentación se denuncian actos de violencia realizados por “matones” de la UOCRA contra trabajadores de otros gremios de la construcción, en la provincia de Santa Cruz, San Luis y Buenos Aires. Esta denuncia será elevada a la Organiazción Internacional del Trabajo por los organismos de derechos humanos y asociaciones de trabajadores comprometidos en la investigación.
