El diputado nacional Ricardo Alfonsín dijo que “la invocación que hace el oficialismo a la llamada soberanía monetaria, es una exageración con la que se pretende ocultar las irregularidades investigadas en la Justicia o despegar al gobierno de los costos políticos de las mismas”.

“No es una cuestión de soberanía la que motiva este proyecto. El oficialismo está bastardeando la noción de soberanía”, sostuvo Alfonsín, para quien “el propósito de este proyecto no es otro que impedir que se conozca la verdad o dilatar el mayor tiempo posible su conocimiento”.

Alfonsín dijo que “algunos deben pensar que, con la intervención y la expropiación, se complica la tarea de la Justicia, la recolección de pruebas o de información sensible, desaparezca de los medios y no se hable más de los personajes involucrados y de las empresas fantasmas”.

“Seguramente piensan que facilitar el conocimiento de la verdad es peor. Porque ya conocen la verdad. Y este es un gran daño que le hacen, no a su partido, sino a la política. Y dañar a la política es reaccionario. Porque puede volver a instalarse en la sociedad la idea de que lo mejor es que cada vez haya menos política, menos Estado, como en los noventa, cuando muchos de los que están en el Frente para la Victoria adherían a esas ideas”.

“El progresismo que no combate la corrupción, o el progresismo ineficiente es tanto o más dañino que las concepciones neoliberales o anti políticas en la gestión”, sostuvo.

El diputado nacional Miguel Giubergia justificó el pedido de la presencia ante la Cámara baja del vicepresidente de la Nación y tras rechazar que ello hubiera tenido la pretensión de “voltear al vicepresidente”, remarcó que “lo que queríamos era transparencia, que los negocios del Estado sean total y absolutamente transparentes y honestos y no que sirvan para negociados de no sabemos quién”.

“Queríamos que hubiese venido el principal sospechoso a esclarecer y a decir ante los diputados ‘acá estamos y no tenemos responsabilidad en absoluto en todos los negociados de esta empresa’”, dijo. Giubergia agregó que “lo que pedimos es que vinieran al Congreso los funcionaros para que explicaran qué habían encontrado en la ex Ciccone” cuando se dispuso su intervención. “Queríamos corroborar si es que el pasivo de la ex Ciccone es de 420 millones de pesos, si a la AFIP le adeudan 245 millones de pesos, si a ARBA le adeudan 35 millones de pesos”, remarcó.

Al insistir en la necesidad de que hubiesen concurrido los funcionaros a dar informes ante la Cámara baja, remarcó: “Nosotros tenemos la obligación de cuidar fundamentalmente los recursos del Estado porque éstos no son de la presidenta ni de Boudou. Los recursos del Estado son de todos y cada uno de los argentinos y la obligación de los legisladores es mínimamente cuidar de los mismos y se utilicen con transparencia”.

“No puede ser que a Boudou lo defienda solamente el titular de la AFIP, o el titular de la UIF. El peronismo en el Gobierno no se puede encolumnar corporativamente para defender de esta manera a un miembro de la UCeDé si solamente Boudou fuera el dueño de Ciccone”, expresó por su parte el cordobés Oscar Aguad.

Aguad se refirió centralmente al tema del derecho de propiedad. “Es cierto a medias lo que estamos discutiendo es declaración de utilidad pública de una empresa privada -dijo-. Es cierto a medias porque la empresa ya fue confiscada. Pasó lo mismo con YPF y pasó lo mismo con Aerolíneas. El Estado, ilegítimamente, por un decreto, se apropia de la empresa privada y después manda un proyecto al Congreso para declararla de utilidad pública. Esto está prohibido por la ley, y atenta contra la inviolabilidad de la propiedad privada, artículo 17 de la Constitución Nacional”.

Agregó que “lo que está en juego es el derecho a la propiedad. Se ha cambiado el ángulo de la expropiación. Lo que estamos tratando es el consentimiento a que el Poder Ejecutivo confisque una empresa privada. Se está poniendo en tela de juicio la inviolabilidad de la propiedad privada. Este es otro tema que deberemos discutir cuando el oficialismo quiera poner en juego la reforma de la Constitución Nacional. Lo mismo pasó con la ONCCA. Cuando comenzaron las sospechas, la disolvieron”. Luego dijo que “con esta ley no se quiere declarar de utilidad pública la impresión de moneda. Lo que intentan es declarar de utilidad pública los medios para imprimir moneda. Todo este escándalo se solucionaría con la compra de una o dos máquinas. Pero acá hay algo más que eso. Para resolver el tema se viola el artículo 17 de la Constitución y confiscamos. La única manera que tiene el Estado de apropiarse de una empresa privada es declarar primero de utilidad pública, pagando luego el precio y haciendo la expropiación finalmente. Esto es lo que el gobierno evita y saltea, los pasos que la Constitución manda a hacer”.

En su discurso, el porteño Manuel Garrido estimó que “con esta ley, el Estado nacional se va a hacer cargo de afrontar los costos que mantener esta empresa está generando para aquellos que mediante maniobras de lavado se han apoderado de la empresa”. Y agregó que “se busca tapar el escándalo que todos los días vuelve y no deja de aparecer. Se buscó el fundamento de la expropiación en las normas constitucionales que habilitan al Estado a hacer sellar la moneda. Pero hay una distancia enorme entre la facultad constitucional y el hecho concreto de expropiar esta empresa en particular. Porque esta empresa no es un monopolio que esté en manos privada. La moneda está siendo impresa por la casa de moneda. Esta empresa nunca fue pública y además no está en condiciones técnicas adecuadas para llevar a cabo la impresión. Esta expropiación no va a modificar nada este panorama”.

“El Congreso está sancionando a ciegas este proyecto. La propia ley de expropiación exige informes técnicos para decidir la declaración de utilidad pública. Acá no hay nada de esto, hay un párrafo en los fundamentos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo”, puntualizó Garrido, para agregar luego que “se alega una supuesta soberanía monetaria. Pero este propósito no ha sido constante. Hasta 2004 la Casa de Moneda podía imprimir. En 2005 se advirtió la necesidad de llevar a cabo un plan de inversiones y esto dio lugar a una iniciativa que se dejó sin efecto en 2009”.

Mencionó luego que “un informe de la propia Casa de Moneda puso de manifiesto el deplorable estado en el que está esta empresa que supuestamente va a garantizar nuestra soberanía monetaria. Un informe del ingeniero Pederetti, gerente de producción de la Casa de Moneda dice, entre otras cosas, que la distribución de las máquinas no es buena, que se parece más a una producción de productos gráficos generales que a una fábrica de billetes. Y dice que la línea de producción de billetes que se podrían configurar tiene puntos muy débiles, con máquinas viejas, en mal estado, con controles de numeración que no funcionan y sin repuestos, entre otras cuestiones”.

Por su parte, la santacruceña Elsa Alvarez dijo que “nuevamente el Gobierno Nacional pretende confundir con un relato mentiroso y alejado de toda realidad. Primero porque es totalmente falso que el país recupera las facultades sobre la emisión de dinero como nos quieren hacer creer. Una confusión similar a la utilizada para estatizar una parte de YPF cuando se expresaba que recuperábamos el petróleo cuando nunca nos había dejado de pertenecer. Quieren hacer de una falsedad una verdad auto convenciéndose de que habíamos perdido la facultad de imprimir billetes cuando siempre estuvo y está en manos de la Casa de la Moneda y de decisiones de las autoridades monetarias. Si así no hubiese sido cualquiera podría haber impreso dinero”.

“Segundo porque es increíble escuchar a miembros del oficialismo decir que en una expropiación no es necesario saber quiénes son los dueños. Esto es risueño y deja al descubierto que lo que se quiere, bajo el ropaje de su recuperación, el estado ha sido apropiado por el poder de un gobierno que no comprende su misión transitoria y pretende eternizar su poder a costa de la sociedad toda. Dos de los protagonistas se refugian en un ruidoso silencio: ni los dueños de la compañía ni la presidenta Cristina Kirchner hablaron sobre el tema. Hablan legisladores y ministros, llegaron a admitir que la Casa Rosada no tenía interés en dar a conocer quiénes son los accionistas de la imprenta, aunque la Justicia los esté investigando por lavado de dinero, entre otros delitos y que Amado Boudou no tiene que dar explicaciones sobre el caso Ciccone llegaron a expresar que “No quiere, y nosotros tampoco”, puntualizó la diputada radical.

Juan Pedro Tunessi señaló a su turno que “el artículo 113 de la ley de sociedades comerciales establece claramente el principio de que las personas jurídicas, las sociedades comerciales u otras personas jurídicas necesitan de una medida cautelar para la intervención. Siempre un proceso de intervención es una medida cautelar. El Gobierno debe intervenir con autorización de la Justicia. Es falso que tiene facultades para intervenir”.

“Si el Ejecutivo por una disposición normativa, por un decreto propio o por una resolución o aún por un DNU puede intervenir una compañía y una empresa sin orden judicial, mañana podría intervenir cualquier compañía, lesionando gravemente a la seguridad jurídica y al derecho de propiedad garantizado por la Constitución. Es un pésimo precedente establecer que el Ejecutivo tiene facultades administrativas sin autorización judicial para intervenir una empresa”, estimó el diputado radical, para preguntarse luego: “¿Cuándo les agarró el ataque de nacionalismo y de soberanía monetaria? ¿Qué pasó? ¿Les agarró después de la quiebra, después de que les dieron varios contratos, después de que les dieron moratorias? Durante todo este tiempo no había ningún problema y ahora súbitamente nos envolvemos en la bandera del nacionalismo y la soberanía monetaria solamente para tapar un grave hecho de corrupción en la Argentina.”

El mendocino Jorge Albarracín expresó su rechazo señalando que “se puede intervenir a través de la ley de sociedades, y otra, que usa el oficialismo, aunque no está referida en el DNU en tratamiento, es a través de la ley de expropiación”. Y se preguntó: “¿Cómo y quién ocupa temporalmente? La autoridad administrativa. Así lo dice la ley de expropiación. De ninguna manera es nuestra función. ¿En consecuencia, para qué hacen esto? Porque es mucho más sencillo, es directo. Si hubieran acudido al sistema judicial hubieran tenido que dar todos los fundamentos de por qué es grave y peligrosa la situación de la Compañía Sudamericana de Valores (ex Ciccone). Pero evitaron entrar en fundamentos”.

A su juicio, “mediante un DNU trampearon los verdaderos motivos de la intervención”.

El diputado nacional Ricardo Buryaile expresó que desde la UCR “no encontramos una sola razón técnica-económica que justifique tamaña decisión”, y remarcó que “Ciccone no es una empresa del mercado, el mercado no existe en esta actividad de lo que se pretende llamar soberanía monetaria porque no existe competencia en lo que tiene que ver con la acuñación de moneda. El monopolio lo tiene el Estado porque tiene la facultad constitucional y es el único que puede emitir moneda. Puede contratar y obviamente que lo hace dentro de sus facultades constitucionales y así lo hizo cuando no teníamos moneda y contratamos con Brasil. No perdimos la soberanía entonces, seguimos siendo un país soberano”, dijo.

Añadió que “no ha habido un solo funcionario que haya ido al Senado a explicar de qué estábamos hablando”, a la vez que advirtió: “No sabemos cuál es el costo de expropiar Ciccone”. Agregó: “Se han planteado muchas dudas. Una es quiénes son los dueños de la Compañía de Valores Sudamericana”

Más tarde, Patricia De Ferrari manifestó que “nos quieren hacer partícipes de una historia manchada por irregularidades y sujeta a cambios de dirección por parte de funcionarios, en la que una empresa dedicada a la impresión de papel moneda comenzó con una quiebra dudosa, siguió con una moratoria excepcional que le permitió trabar un contrato millonario con la Casa de la Moneda (para imprimir los billetes de $100) y ahora termina con el proyecto de expropiación”.

“Ciccone Calcográfica quebró el 15 de julio del 2010, por pedido de la AFIP, el mismo organismo que después levantó la medida a través de una moratoria excepcional que avaló el entonces ministro de Economía, Amado Boudou. La maniobra permitió la entrada de Ciccone a la firma The Old Fund, cuyo director es Alejandro Vandenbroele y sus dueños aún no se conocen y ni siquiera han aparecido frente a esta expropiación casi consumada”, agregó la diputada.

A su vez, Ulises Forte dijo que “estamos discutiendo (al menos formalmente, porque el kirchnerismo no está dispuesto a mover una coma de su proyecto) una iniciativa que viene a tapar un foco de corrupción y la falta de control del estado en manos del kirchnerismo, en el momento en el que se cumplen 6 meses de la tragedia de Once, en el que ambas cosas generaron 51 muertes y 700 heridos. Es triste, pero hoy el kirchnerismo está decretando el día de la corrupción y la impunidad. En lugar de buscar claridad y esclarecimiento, siguen eligiendo ocultar y tapar”.