Los diputados Patricia Bullrich, Eduardo Amadeo, Federico Pinedo, Pablo Tonelli, Gabriela Michetti y Juan Pablo Arenaza, del Grupo de Acción Política por la Unidad, cuestionaron la presencia de la agrupación K en los centros de detención y acusaron al titular del Servicio Penitenciario de autorizar salidas “por fuera de la ley”. Anunciaron que pedirán informes en el Congreso y que propondrán cambios en la actual ley de ejecución de la pena.
A partir de la polémica generada por la aparente salida de presos para asistir a actos kircheristas, los diputados Patricia Bullrich (Unión por Todos), Eduardo Amadeo (Frente Peronista), Federico Pinedo, Pablo Tonelli y Gabriela Michetti, del Pro, junto al legislador porteño Juan Pablo Arenaza, denunciaron ciertas “irregularidades” detectadas en el funcionamiento de las cárceles y el comportamiento “ilegal” de jueces y tribunales.
Tras haber visitado el Complejo Penitenciario de Ezeiza y haberse reunido con el ministro de Justicia, Julio Alak, ONGs, familiares de víctimas y agentes del Servicio Penitenciario, los integrantes del Grupo de Acción Política por la Unidad (GAPU) presentaron un informe en el que rechazaron la intromisión de Vatayón Militante en los centros de detención y pidieron informes sobre algunas salidas puntuales.
De esta manera, informaron que la agrupación “utiliza vehículos oficiales del Servicio Penitenciario para el traslado de internos” y que, más aún, “no se trata de voluntarios, sino que además cobran por el fondo rotatorio del Servicio Penitenciario, que es para reparaciones de cárceles”.
Los legisladores anunciaron que le pedirán a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, que exija la renuncia al jefe del Servicio penitenciario, Víctor Hortel, de quien esperan explicaciones en el Congreso. También solicitaron el retiro de Vatayón Militante de las cárceles y los nombres de todos los presos que salieron.
Además, los opositores impulsarán una serie de cambios a la ley 24.660, sobre ejecución de la pena privativa de la libertad, tales como acortar el tiempo de prueba en delitos de penas extensas; prohibir estas salidas para reincidentes y otorgarlas sólo a partir de un año antes del vencimiento de la condena; y la creación de un gabinete externo de asesoramiento psicológico para los internos.
Pinedo indicó que Hortel “ha decidido desarrollar actividades partidarias en las cárceles y ha habilitado la presencia de Vatayón Militante violando la ley”. Además, denunció que la agrupación kirchnerista “tiene posibilidades que otras organizaciones no tienen”, y que incluso existe “discriminación entre presos” para “decidir quién sale y quién no”.
Por su parte, Tonelli advirtió que “muchos jueces y tribunales –que son quienes deben autorizar las salidas- no se ajustan a la ley”, ya que “las salidas hoy son automáticas”. “De nada sirve que los legisladores nos esforcemos en redactar la ley si el Servicio Penitenciario y los jueces la desnaturalizan y tergiversan”, criticó.
Bullrich, en tanto, se refirió al caso particular de Eduardo Vázquez y alertó sobre la existencia de “privilegios”. “Hortel nos dijo que Vázquez podía salir porque tenía presunción de inocencia, y esto no se lo permitía a otros”, comentó la diputada, quien manifestó que “para el Servicio Penitenciario la única diferencia entre alguien que viola la ley y alguien que no la viola es la libertad ambulatoria, y esto no es así”.
Amadeo insistió en que “Hortel es el responsable de haber politizado las cárceles” y se preguntó si “es tan fuerte la decisión de hacer política a toda costa”. “Exigimos que se termine con este mecanismo escandaloso de privilegios”, sentenció.
Por último, Michetti informó que el GAPU abordará próximamente el tema del proselitismo en las escuelas, que derivó en la decisión del Gobierno porteño de habilitar una línea telefónica para denunciar la intromisión de agrupaciones políticas en los colegios.
