La política exterior de nuestro país no está desligada de su proyecto nacional, de sus estrategias de inclusión e igualdad social, de la consolidación de un modelo productivo que apunta a industrializar, agregar valor y conocimiento a sus exportaciones e incrementar los niveles de empleo y consumo de la población como también la defensa de los derechos humanos y las instituciones de la democracia. Esa coherencia y compatibilidad entre la política exterior y la interior es la que permite hoy a la Argentina ser un actor con creciente incidencia en la agenda internacional, frente a actores corporativos privados, otros Estados y entidades regionales y multilaterales.

Los diputados del Frente para la Victoria que conformamos la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de la Nación nos hemos propuestos la misión de acompañar, reforzar y complementar las iniciativas y acciones que en materia de política internacional impulsa el gobierno nacional, en la figura de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Entre los ejes que dan identidad a nuestras relaciones exteriores se destacan la solidaridad y el liderazgo que ejerce nuestro país en materia de integración regional. Hay que señalar que este proceso de construcción de bloques regionales, que tiene consecuencias concretas en la vida de los latinoamericanos, tiene particularidades que la distinguen estructuralmente de otras experiencias similares. Apuntalada en criterios de equidad y distribución de la riqueza, pero también de la defensa del orden democrático, avanza en otras materias como la protección de recursos naturales estratégicos sean estos hidrocarburos, minerales, los alimentos y los recursos hídricos entre los mas importantes.

Un ejemplo concreto de las ventajas que ofrece este nuevo bloque de poder mundial que crece y se consolida paulatinamente, fue la reciente aprobación e dictamen, en la Comisión de Relaciones Exteriores de nuestra Cámara, del Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní en el que los países firmante se comprometen a utilizar el recurso hídrico de este Sistema en forma sustentable, racional y equitativa, preservando la soberanía que cada estado en su territorio.

Llamativamente, mientras que en Argentina se emitía una dictamen favorable al Acuerdo suscripto en agosto del 2010, trascendió periodísticamente que la Comisión de Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de la República del Paraguay habría rechazado el proyecto de Ley “Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní” suscripto por ese país con Argentina, Brasil y Uruguay con el argumento de que, aprobando dicho Protocolo, Paraguay estaría renunciando a sus soberanía. Sin dudas que el gobierno ilegal e ilegitimo que tomo el poder en el vecino país, y que fuera suspendido del Mercosur, no solo no comparte la vocación democrática del resto de los países de la región sino que tampoco entiende las ventajas que, para cada estado parte, ofrece un abordaje coordinado de la gestión de este recurso hídrico estratégico para los pueblos sudamericanos. Esta desaprobación, por pretendidas razones de soberanía, que habrían expresado parlamentarios guaraníes, voluntariamente ignora que la verdadera soberanía es la que tiene su origen en la voluntad popular, la que es pública y notoria, no ha sido respetada por el régimen que gobierna hoy la República del Paraguay. También hay que señalar que, paradójicamente, un rechazo al Acuerdo significaría un retroceso en la protección de uno de los acuíferos más importantes del planeta y en consecuencia una perdida irreparable para el pueblo paraguayo. En este mismo sentido se podría agregar las declaraciones de la Ministra de Defensa quien señaló que “No se puede descartar una nueva guerra en el Mercosur” o los avances de la negociaciones que tendría el gobierno de Federico Franco con la empresa Rio Tinto Alcan para la instalación de una planta para fundir aluminio, industria electrointensiva que afectaría los compromisos de provisión energética que Paraguay tiene suscripto con los países vecinos.

La historia latinoamericana exhibe numerosos ejemplos de presuntuosos nacionalismos y exacerbadas apelaciones a la soberanía nacional que han sido en realidad verdaderos actos de entreguismo del patrimonio de nuestros pueblos a manos del imperialismo y el capitalismo trasnacional.

Sin dudas que ninguna de estas incitativas del gobierno paraguayo son compatibles con los principios de libertad, soberanía popular, integración económica y fortalecimiento de la paz en la región. La diplomacia parlamentaria tiene una obligación en esta materia. La condena unánime del Congreso Argentino a la ruptura del orden democrático en el país guaraní, ha sido una repuesta institucional contundente a este tipo de acciones que amenazan la estabilidad política de la región.

Guillermo Carmona es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. H. Cámara de Diputados de la Nación