El presidente del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica-ARI, Walter Martello, se presentó en los tribunales de La Plata para denunciar al gobernador Daniel Scioli y al titular del Instituto de Loterías y Casinos de la Provincia, Jorge Norberto Rodríguez.

Martello requirió que se investigue la probable comisión de los delitos de fraude por violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad; como así también por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

La presentación judicial comenzó a ser tramitada en la Unidad Fiscal de Investigaciones Nº 3 de la capital bonaerense. La misma apunta al dictado del Decreto 569/12 y de la Resolución Nº 1.078/12 del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, respectivamente, que permitieron renovar automáticamente, por períodos que llegan hasta 15 años, las licencias de 14 salas de juego en la provincia de Buenos Aires, comprometiendo así a las tres próximas gestiones gubernamentales que sucederán a Scioli cuando deje su cargo en 2015.

“Nuestra obligación como representantes del pueblo de la Provincia, electos democráticamente por la ciudadanía, es controlar al Poder Ejecutivo y denunciar las irregularidades y los abusos de poder como los que se cometen en este oscuro negocio, que se concreta mediante resoluciones y decretos que son firmados por el gobernador y sus funcionarios a espaldas de la sociedad, pactando infamemente con los operadores del juego entre gallos y medianoche”, resaltó.

Además, Martello expresó que “la vía judicial es el único camino a seguir porque, además, el sciolismo demostró que no quiere debatir en la Legislatura bonaerense, y por eso mantiene cajoneado innumerables proyectos que venimos presentando desde el año 2006 para regular y estatizar el juego en la Provincia”.

El diputado sostiene en su presentación judicial que la sucesivas renovaciones de las licencias, que se vienen realizando mediante decretos desde el año 2006, se fueron “manipulando y transformando unilateralmente en función de las necesidades políticas y económicas del Ejecutivo provincial, sin darle participación de ningún tipo al poder legislativo, que jamás convalidó ninguno de los decretos ni resoluciones en cuestión; lo que constituye una clara violación a la división de poderes, cuando el artículo 37 de la Constitución bonaerense habla de los juegos de azar ´debidamente creados y reglamentados por ley´, no admitiéndose ´la privatización o concesión de la banca estatal a través de ninguna otra forma jurídica´”.

Cabe destacar, que no debe perderse de vista que las autorizaciones que se están renovando vencen recién a partir del mes de octubre del año 2013. “Considerando que falta más de un año para que opere el primero de esos vencimientos, cabe preguntarse ¿Qué impide efectuar una convocatoria pública para otorgar licencias a quienes explotan las salas de bingos?”, se remarca en la demanda.

Asimismo, agrega que “dado que el plazo para organizar algún procedimiento de revisión de las autorizaciones conferidas parece más que suficiente y que, no obstante ello, se pretende prorrogar las autorizaciones vigentes desde hace 15 años, parece evidente la carencia de voluntad política de ´abrir el juego´, vulnerando principios establecidos tanto en la Constitución Nacional como en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, tales como los de igualdad (art. 16 y 11, respectivamente) y el principio de inalterabilidad de normas supralegales (art. 28 y 57, respectivamente)”.