Barrido y limpieza

La Legislatura se apresta a evaluar un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para erradicar la venta ilegal de autopartes usadas.

El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, envió a la Legislatura un proyecto de ley de adhesión a la normativa nacional que regula el desarme de automóviles y la venta de autopartes usadas.

La iniciativa adhiere a la Ley nacional Nº25.761, aprobada por el Congreso en 2003 y que establece que todos los locales dedicados a la venta o comercialización de autopartes usadas deben estar habilitados y que cada una de las autopartes cuente con un sticker identificatorio. Es decir, se prohíbe la venta de autopartes usadas salvo en locales debidamente registrados y respecto de repuestos cuyo origen legítimo se encuentre suficientemente acreditado.

A partir de la sanción de la normativa, quedará prohibida la venta de cualquier autoparte que no cuente con el respectivo sticker identificatorio provisto por la autoridad nacional.

El proyecto fue fundamentado por el Gobierno con críticas al Poder Judicial, al sostener que “algunos jueces y fiscales provinciales han entendido que la ley nacional resulta parcialmente aplicable al territorio bonaerense, en especial en aquellos aspectos vinculados a lo que podría entenderse como derecho penal de fondo”.

Además se agrega que “resultaría de suma utilidad dar apoyo a estas interpretaciones jurisprudenciales mediante la sanción legislativa para, de ese modo, lograr una aplicación uniforme y extendida de la norma nacional con prescindencia de los eventuales criterios de interpretación que puedan tener los distintos órganos jurisdiccionales”.

El proyecto sostiene que “en lo que atañe al robo de vehículos automotores, diversos estudios criminológicos y las propias bases de datos que tiene la provincia de Buenos Aires permite advertir que resulta relevante para la actividad, la posterior venta y comercialización de sus autopartes”.

El Gobierno recordó que en agosto de 2010 se creó “un cuerpo especial de operadores en la central 911, abocados exclusivamente a receptar denuncias anónimas sobre desarmaderos, que son remitidas en forma inmediata a los fiscales competentes para la correspondiente investigación”.

Según el Gobierno, la adhesión a la normativa nacional “permitirá potenciar las distintas acciones en curso destinadas al desbaratamiento de los desarmaderos ilegales y la disminución del robo de vehículos destinados a esa cadena de comercialización”.

Asimismo, en el proyecto de ley se incluye una reforma tendiente a permitir la compactación de todas las autopartes que fueran secuestradas y se encontraren en infracción, por medio de la cual “se busca solucionar, no solo problemas prácticos vinculados al resguardo de los elementos incautados que muchas veces ascienden a decenas de miles, sino también impedir la posible continuidad de la actividad delictiva”.

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