La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió amplió este miércoles la denuncia penal que había radicado hace un mes contra la presidenta Cristina Fernández y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por las últimas restricciones en el mercado cambiario.

La presentación ante la jueza federal María Servini de Cubría solicitó que se investigue, además de un supuesto “abuso de poder” que ya había sido mencionado en la primera denuncia, los presuntos delitos de “exacciones ilegales”, “administración fraudulenta” y “violación de deberes de funcionario público”.

“La Constitución consagra en sus artículos 4º, 52º, 75º inciso 2 y 99º inciso 3 el principio de Legalidad Tributaria, es decir que todos los impuestos deben ser establecidos por el Congreso de la Nación y que toda norma de naturaleza tributaria es de su exclusiva competencia”, reiteró Carrió.

También argumentó que “el artículo 14 de nuestra Constitución garantiza a todos los habitantes de la Nación el derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino” por lo que, concluyó, “mediante las disposiciones cuestionadas esta siendo limitado de manera arbitraria”.

Carrió ha acusado a la jefa de Estado de ser “la causante de estar quebrando la paz social controlando la vida personal de cada uno de los argentinos”.

“Los argentinos estamos presos y los carceleros son los ladrones que ahora quieren usar a los niños para seguir robando -dijo Carrió-. La AFIP pretende convertirse en una parodia de triple A persiguiendo a los ciudadanos.” La denuncia penal apunta a las resoluciones Generales de la AFIP 3378/2012 Y 3379/2012, por entender que violan la Constitución Nacional.

“La Constitución consagra en sus artículos 4º, 52º, 75º Inc. 2 y Art. 99º Inc.3 el principio de Legalidad Tributaria, es decir, que todos los impuestos deben ser establecidos por el Congreso de la Nación y que toda norma de naturaleza tributaria es de su exclusiva competencia”, explicó Carrió.

En ese marco, entendió la referente de la Coalición Cívica, que la conducta de Cristina Kirchner y Echegaray podría configurar los ilícitos previsto en el artículo 266, “que reprime por exacciones ilegales, a aquel funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden”.

Además, dijo la legisladora, también se estaría incurriendo en el delito de administración fraudulenta, que castiga con “pena de prisión de hasta seis años, a quien por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos”.

“La resoluciones de la AFIP no pueden obligar el adelanto de posibles impuestos, ni establecer retención de dinero en concepto de pago de impuestos cuando no hay hecho imponible alguno que gravar”, sostuvo la legisladora.

Carrió sostuvo que esa circunstancia “perjudica principalmente a los empleados en relación de dependencia y monotributistas que no tributan Impuesto a las Ganancias”, y señaló que “cualquiera de estas medidas, corresponden al Congreso de la Nación”. Además, se añadió, “las medidas referidas podrían configurar la creación de un nuevo impuesto por obra de la exclusiva voluntad del titular de la AFIP y de la Presidente la Nación”.

En este expediente el fiscal federal Carlos Stornelli requirió que se impulse la investigación, además de contra la Presidenta y Echegaray, hacia la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont y el secretario de Comercio, Guillermo Moreno.