En una audiencia pública, diputados opositores re-presentaron un proyecto de ley para “garantizar el derecho de la participación popular en la vida pública”. Participaron referentes de organismos de Derechos Humanos, gremiales, políticos, estudiantiles y sociales. Hubo fuertes críticas a la Ley Antiterrorista. Un informe estadístico habla de más de dos mil criminalizados desde principios de 2011.
Diputados nacionales del interbloque FAP, Proyecto Sur y la Coalición Cívica-ARI volvieron a impulsar un proyecto de ley contra la criminalización de la protesta social, a fin de “garantizar el derecho a la participación popular en la vida pública”. Lo hicieron en el marco de una audiencia pública que contó con amplia participación de organizaciones sindicales, de Derechos Humanos y pueblos originarios.
“No hay democracia sin la posibilidad de protestar”, sostuvo Virginia Linares (Gen) al abrir el encuentro, al tiempo que consideró que “la protesta tiene que ver con la visibilización de los problemas”.
Asimismo, Jorge Cardelli (Proyecto Sur) advirtió que “estamos asistiendo a un proceso de masificación de la judicialización” y recordó que “en los `90, si hubo una victoria, fue que la calle era nuestra”. También informó que “en los últimos tiempos, son los trabajadores los que están sintiendo con más fuerza la judicialización”.
El presidente del bloque, Fernando “Pino” Solanas, apuntó que “lo más importante es la cantidad de fuerzas unidas por una causa tan noble, que desnuda la clase de gobierno que tenemos desde hace muchos años”. “Lo que hay detrás de la Ley Antiterrorista es la disputa social”, explicó, y pidió además que “no haya divisiones partidarias por encima de estas causas”.
Por su parte, Horacio Piemonte (CC-ARI) exigió, antes de fin de año, la realización de “una sesión especial con fuerte participación de organizaciones y de la sociedad civil” para discutir este tema. “O lo aprueban, o pagan el costo político y le dan la espalda a las luchas sociales”, sentenció.
Durante la audiencia, el referente de la comunidad Quom en Formosa, Félix Díaz, relató casos de “persecución” sobre su colectividad, y sostuvo que “los conflictos se tienen que resolver a través del diálogo, no de las armas”.
Carlos Chile (CTA-Capital) pidió la “inmediata amnistía para todos los procesados del país”. El doctor Roberto Gargarella (UBA) alertó que “cuando el Gobierno habla de democracia, tiene una concepción muy restringida de ésta”, e indicó que “uno no confronta contra el marco jurídico por una vocación de generar desorden, sino por disputar derechos”.
Según consta en el proyecto, otras ocho propuestas habían sido presentadas antes con el mismo objetivo. Un informe estadístico elaborado por los diputados revela además sobre la existencia de más de dos mil criminalizados desde principios de 2011.
Participaron y adhirieron al encuentro la CGT, delegados ferroviarios, de la Línea 60 y las empresas Kraft y Bosch; procesados del Parque Indoamericano, Barrios de Pie, PTS, MST, PCR, PSA, MTR CUBA, FUBA, FUA, CCC; representantes del CELS, la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, Liberpueblo, CeProDH y CADUH, entre otros. También apoyaron la iniciativa los exdiputados Fernanda Gil Lozano, Fernanda Reyes, Horacio Alcuaz y Vilma Ripoll.
