La organización ambientalista organizó una nueva puesta en escena frente al Parlamento, para reclamar el tratamiento del proyecto sobre residuos electrónicos.
Activistas de Greenpeace instalaron un teléfono rojo inflable de más de 3 metros de altura frente al Congreso de la Nación, para exigir a los Diputados que desactiven la bomba de tiempo que representa la basura electrónica, aprobando la Ley de Residuos Electrónicos.
Además, los ambientalistas harán circular una “pila bomba” por la Ciudad, a la espera de que los legisladores la desactiven con la aprobación de la Ley. Si el proyecto no es tratado en 90 días perderá estado parlamentario y volverá a foja cero todo el proceso.
“La basura electrónica es la porción más tóxica de los residuos y la que más rápido está creciendo. Existe un proyecto de ley para dar tratamiento adecuado a este tipo de basura y los diputados no la debaten, a pesar de la urgencia.” señaló Consuelo Bilbao, Coordinadora de la Unidad Política de Greenpeace.
La organización ambientalista convocó a comunicarse al (011) 4000-5580, el Teléfono Rojo de Greenpeace. Las llamadas son derivadas directamente a los despachos de los Diputados que deben dar tratamiento al proyecto.
En promedio, cada argentino genera 3 kilogramos de basura electrónica por año, lo que representa unas 120 mil toneladas anuales. El nivel de consumo y el ritmo de descarte de estos aparatos son alarmantes a nivel mundial y a nivel local.
“La basura electrónica está generando una bomba de tiempo que debe ser desactivada, es sumamente peligrosa para el ambiente y la salud de las personas. Es indispensable una ley que separe a los residuos electrónicos del flujo de la basura común, que permita el reciclado y la recuperación y disponga que los productores se hagan cargo de la gestión de estos aparatos una vez finalizada su vida útil. Esa responsabilidad recae hoy sobre el Estado.” explicó Bilbao.
El proyecto de ley de basura electrónica, que cuenta con media sanción del Senado, establece la responsabilidad legal y financiera de los productores de artefactos eléctricos y electrónicos sobre la gestión de los residuos que generan sus propios productos, y la prohibición de sustancias tóxicas en la fabricación de nuevos aparatos.
