Muchas son las posturas que se han escuchado desde que representantes del Frente para la Victoria pusieron en el tapete la discusión acerca del próximo tratamiento en el Congreso de la Nación de la habilitación del derecho a voto optativo de aquéllas personas que tengan entre 16 y 18 años.
Poco cosas se dijeron con certeza respecto del proyecto de alusión, que al día de la fecha no ha comenzado a ser tratado por los legisladores. Lo único que se sabe casi a ciencia cierta es que lo que se pretende es la disminución de la edad para acceder al derecho a voto a los 16 años y, que para las personas menores de 18 años el voto sea optativo y no obligatorio, como lo es para los mayores de esa edad.
Llama la atención el repentino interés del partido oficialista nacional para tratar el proyecto en cuestión. Lo cierto es que, una vez más, queda demostrado que cuando se interesan por la aprobación de un proyecto, hacen uso y abuso de la mayoría parlamentaria para lograr el cometido.
Así, hoy, el tema de interés de toda la población es la disminución de la edad para acceder al derecho al voto. Atrás han quedado las discusiones por los casos de presuntos actos de corrupción como el de la calcográfica Ciccone, o la tragedia de Once, entre otros tantos, y se ha instalado en la población la discusión de un tema del que semanas atrás no se hacía una mínima referencia.
No es que no sea un tema que no requiera un debate y una elocuente solución, sino que, con el tratamiento de este proyecto, se continúan eludiendo temas como la creciente inseguridad, la inflación, la disminución de las tasas de crecimiento económico, el desempleo, la corrupción, la traba a la compra de divisas extranjeras y sobre todo la avasallante limitación a la libertad de los argentinos.
No obstante ello, hoy en día corresponde analizar el proyecto de ley que se comenzará a tratar en el Congreso Nacional en los próximos días.
Como toda medida que se toma, y que tiene a modificar una situación existente, debe ser certeramente analizada y sobre todo razonable con las instituciones que se encuentren relacionadas a ese cambio que se intenta convertir en ley.
Las prohibiciones y permisiones en torno a la edad de las personas han ido modificándose a lo largo del tiempo. Así, la reforma del régimen de mayoría de edad aprobado en el año 2011 ha modificado gran cantidad de institutos del derecho argentino. Algunos de ellos son la capacidad de hecho de las personas, el régimen de emancipación y el de la patria potestad.
Sin embargo hoy se intenta una nueva modificación al régimen de los derechos de los adolecentes. Se intenta disminuir la edad de habilitación para votar a los 16 años. Esta idea tomada en forma aislada implica, lisa y llanamente, una desnaturalización de los demás derechos y obligaciones de los individuos de la sociedad.
Resulta contradictorio pensar que una persona de 16 años se encuentra en condiciones de madurez y razonabilidad para votar el futuro de una provincia o, más aún, del país y no se encuentra apto para ingresar a un boliche bailable, ingerir moderadamente bebidas alcohólicas o celebrar contratos de disposición de bienes, entre otros tantos actos. Incluso resulta seriamente discordante pensar que una personas pueda elegir el futuro de un lugar pero ese mismo individuo se encuentre bajo “cuidado” (por ejercicio de la patria potestad) de otra persona mayor. De aprobarse este proyecto de ley, como está siendo planteado, se llegaría al extremo de que una persona pueda votar a un representante que defienda sus intereses pero no pueda contraer matrimonio (por su sola voluntad) con otra persona.
Por ello resulta llamativo que siendo concomitantes el tratamiento del propio proyecto de reforma y unificación del Código Civil y de Comercio presentado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación y el de la disminución de la edad para votar (también a iniciativa del partido oficialista) no se fije un mismo criterio respecto de la edad de la persona para ejercer sus derechos. El propio proyecto de reforma aludido establece que las personas adquieren capacidad plena cuando cumplen la mayoría de edad. También expresa que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años, mientras que “la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales” . Para el caso de la institución matrimonial se exige a los menores de 18 años contar con una dispensa judicial para contraer matrimonio válido. Asimismo prohíbe a los menores de 18 años emancipados a) aprobar las cuentas de sus tutores y darles finiquito; b) hacer donación de bienes que hubiese recibido a título gratuito; y c) afianzar obligaciones.
Por lo cual habilitar el voto a los menores de 18 años no hace más que representar una contradicción en relación a la capacidad jurídica de las personas en nuestro sistema legal. Así la obra de los importantes juristas caerá, antes de su entrada en vigencia, en evidentes contradicciones producto de las decisiones políticas improvisadas en las que el Gobierno Nacional ha basado su gestión.
Por otra parte es importante referirse a la comparación efectuada entre el derecho a voto y la capacidad de las personas para ser penalmente responsables. Se ha tratado de asemejar dos institutos que por su naturaleza resultan incomparables. Así mientras uno se refiere a la capacidad para realizar un acto positivo, el otro solo hace referencia a la capacidad que debe tener una persona para no obrar en forma delictiva.
Y en cuanto a ello no puede desconocerse que ha sido pacíficamente reconocido que las personas disciernen primero los actos ilícitos y que recién a mayor edad se encuentran en condiciones de discernir los actos lícitos. Es por esta sencilla razón que equiparar la edad de habilitación de voto con la edad para una persona sea considerada penalmente responsable de un acto ilícito resulta irrazonable.
Estas contradicciones son las que llevan a concluir que el proyecto de reforma propuesto por representantes del Kirchnerismo no es más que otra propuesta improvisada que no tiene otro fin que el netamente político, aprovechándose de esta situación para desviar el foco de atención de otros problemas que realmente aquejan con demasía a la población argentina.

Cristian Larsen es integrante de Jóvenes Pro

Art. 26 del Proyecto de Reforma y Unificación del Código Civil y Comercial.