Diputados y senadores nacionales del radicalismo mendocino exigieron que, a dos años de su sanción, el Gobierno nacional aplique los aspectos fundamentales de la Ley sobre régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglaciar.

Los diputados nacionales Mariana Juri y Enrique Vaquié, y el senador nacional Ernesto Sanz, pidieron citar al Congreso al secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, y presentaron un pedido de informes sobre el estado de avance del inventario de glaciares. También solicitaron una exposición pública del director de Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA), Ricardo Villalba, para que detalle las cuencas relevadas hasta el momento.

Los legisladores manifestaron su preocupación por el “lento proceso que arrastra el inventario de glaciares y por la falta de cumplimiento de las obligaciones que establece la ley, en especial de sus cláusulas transitorias”. “La historia de la ley de glaciares viene contaminada desde su inicio con el veto que realizó la Presidenta. Por eso, pedimos que los organismos involucrados le brinden a los ciudadanos toda la información imprescindible que requiere un debate serio, como el de la preservación de un recurso vital como el agua”, explicó Mariana Juri.

La inquietud de los legisladores se apoya en que, mientras no se concrete la creación del registro de las áreas glaciares y periglaciares y sus zonas de influencia, “persiste una gran deuda en la discusión que enfrenta a distintos sectores de nuestra sociedad”. “El desarrollo de actividades económicas en áreas tan sensibles ambientalmente requieren un debate maduro, serio y reflexivo, pero cómo podremos tener una discusión de este tipo, si ni siquiera sabemos dónde y en qué condiciones están los glaciares”, afirmó el senador Ernesto Sanz.

“Hay que tener en cuenta que la ley 26.639 fue aprobada en setiembre de 2010 y establecía que el IANIGLA, era la entidad responsable de informar sobre la existencia de glaciares, para lo cual debía empezar el trabajo a los 90 días de aprobada la norma. Sin embargo, y largamente vencido ese plazo, aún no se ha hecho público ningún informe sobre los cuerpos de hielo ubicados en alguna de las once provincias que limitan con la Cordillera de los Andes”, indicaron los legisladores.

Paralelamente, los radicales solicitaron conocer la situación de los trabajadores que llevan adelante el relevamiento. “Nos preocupa en especial la situación del personal asignado, toda vez que en reiteradas oportunidades, hasta el propio jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, sostuvo que en gran parte la demora del inventario se debió a la dificultad en el reclutamiento y capacitación del recurso humano, que entendemos que no tiene garantizada su continuidad”, agregó el diputado Enrique Vaquié.

Según indicó, “la ley prohíbe con absoluta claridad la realización de actividades que afecten la zona glaciar o periglaciar y establece la realización de auditorías ambientales en aquellos emprendimientos en vigencia que se encuentren en las áreas citadas, con la potestad de clausurarlos en caso de que afecten dichas zonas”.

Por último, los legisladores radicales, en virtud de que la provincia de Mendoza aportó fondos públicos para iniciar este inventario en suelo mendocino, solicitaron a los bloques legislativos provinciales de su partido que iniciaran las acciones tendientes para que el IANIGLA exponga públicamente los avances del inventario en las cuencas provinciales.