La oposición cuestiona la resolución del Gobierno porteño sobre el aborto

Advierten que se trata de “un grave retroceso”, que obstaculiza el derecho de las mujeres, según expresaron en la Legislatura de la Ciudad, entre otras cosas.

La decisión del Gobierno porteño de reglamentar el proceso de interrupción del embarazo, justo cuando en la Legislatura porteña se había recomenzado el tratamiento del tema, generó reacciones en la oposición, donde insistieron en que este miércoles a las 11 seguirá el debate en comisión.

Una de las voces que se alzó fue la de la diputada María Elena Naddeo, presidenta de la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña, quien criticó la resolución 1252 del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad, por considerarla un grave retroceso y un instrumento para obstaculizar la realización de abortos no punibles.

“Es sumamente negativa la decisión que tomó el gobierno de la ciudad en firmar esta resolución cuando ya tenemos dos despachos tramitando en las comisiones legislativas. Es una maniobra del Ejecutivo, cuando vio que el despacho de la oposición logró unificar distintas posturas de la oposición”, dijo Naddeo.

La resolución limita las intervenciones en caso de violación al límite gestacional de 12 semanas, con lo cual restringe muchísimo la posibilidad de la practica del aborto, sostuvo la diputada. “Hay jovencitas más cuando tienen algún problema mental que lo detectan en estado más avanzado y no en las primeras semanas de gestación”, dijo Naddeo.

A juicio de la diputada del Frente Progresista y Popular, esta resolución retrocede frente al fallo de la Corte Suprema de Justicia. En primer lugar porque agrega instancias de intervención que pueden alargar la decisión de realizar el aborto, dijo, y puso como ejemplo que incorpora la figura de un equipo interdisciplinario más allá del equipo médico, como así también el hecho de que cada hospital va a tener que solicitar autorización al ministerio para realizar un aborto no punible. “Esto demora, burocratiza”, remarcó la diputada.

De todas formas, dijo la diputada, este miércoles a las 11, en la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña se debatirá el tema a partir de los dos despachos que se fueron trabajando en la Comisión de Salud y firmados el martes pasado en la Comisión de Salud, sobre siete proyectos presentados por los diputados y diputadas Victoria Morales Gorleri, José Luis Acevedo, Daniel Lipovetzky, Carmen Polledo, Lía Rueda y Helio Rebot, del oficialismo; y Alejandro Bodart, María Rachid, Gabriela Alegre, Juan Cabandié, María Elena Naddeo, María José Lubertino, Aníbal Ibarra y Laura García Tuñón, entre otros, de la oposición.

Se trata de un despacho de mayoría, firmado por el PRO, que pide que los expedientes vuelvan a Comisión. Y un despacho de minoría que reproduce en lo sustancial despachos suscriptos en las comisiones de Salud y Mujer en 2009 y 2010 y establece la atención integral de abortos para los casos contemplados por los incisos 1 y 2 del articulo 86 del Código Penal, cuya interpretación constitucional fue establecida por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa F.A.L. s/medida autosatisfactiva. Este despacho fue firmado por la oposición.

Para la diputada María Rachid, la resolución “viola varios e importantes principios y acciones que estableció la CSJN en el fallo F.A.L. s/ Medida Autosatisfactiva”. La Resolución citada establece que, en caso de que el embarazo implique un peligro para la vida o la salud de la mujer el director del hospital debe confirmar el diagnóstico y la procedencia de la práctica. Sostiene Rachid que ello viola lo dispuesto en el artículo 86 del Código Penal, ya que requerir la autorización de más de un profesional de la salud es una exigencia adicional a la que establece la ley, es una carga desproporcionada que, tal como expresa la CSJN, constituye “un impedimento de acceso incompatible con los derechos en juego”.

En ese sentido, la Resolución también establece que se debe constituir un equipo interdisciplinario para cada caso concreto. Al respecto, la Corte expresa que estas cargas en los casos de mujeres violadas se traducen en procesos burocráticos dilatorios de la interrupción legal del embarazo y que constituye un acto de violencia institucional en los términos de la ley nacional de violencia de género N° 26.485.

También establece que las personas menores de 18 años de edad deberán contar con el consentimiento de su representante legal. El proyecto consensuado por la oposición lo requiere con relación a las personas menores de 14 años, respetando la capacidad progresiva de los niños y adolescentes y debido a que las estadísticas establecen que constituyen la franja estaría más vulnerable a la violencia sexual.

En caso de violación, la Resolución limita la práctica a las 12 semanas de gestación. Límite que no establece el Código Penal ni el fallo de la Corte y que no responde a conceptos médicos en cada caso particular, sino a una concepción ideológica del Gobierno de la Ciudad, que así obstaculiza el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo en los casos del art. 86. También obliga a dar asistencia psicológica a la mujer durante todo el proceso. Debería ser una facultad de la persona incursa en las situaciones que prevé el art. 86 del Código Penal, quien decida si necesita o no tal asistencia, lo contario implica una actitud paternalista del Estado, que es, a su vez, patologizante.

“Desde el inicio del debate en la Legislatura, el oficialismo ha obstaculizado permanentemente la posibilidad de sancionar una ley conforme a los lineamientos del fallo de la Corte Suprema de Justicia”, afirmó María Rachid. Agregó que “habiendo la oposición consensuado un único texto progresista y conforme al fallo citado y avanzado el proyecto en su tratamiento en comisiones, no queda duda que la oportunidad en que se emitió esta resolución y su contenido responde a la finalidad de obstaculizar que los habitantes de esta Ciudad accedan a un derecho previsto en nuestro Código Penal desde 1921”.

Por su parte, el diputado Alejandro Bodart (MST-Proyecto Sur) optó por cargar contra el cardenal Bergoglio por sus críticas. “Más lamentable aún que el limitativo protocolo macrista es la retrógrada intromisión clerical en las decisiones personales. Es urgente establecer la total separación de la Iglesia del Estado”, dijo.

Bodart, autor de un proyecto de ley de despenalización del aborto, agregó: “Es inaceptable que a esta altura de la historia la cúpula de la Iglesia Católica siga pretendiendo imponer sus dogmas por sobre los derechos de las mujeres”.

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