Un mix convulsivo y de revoluciones extranjeras (la industrial en Gran Bretaña y la política en Estados Unidos en 1776, y la civil en Francia en 1789) fueron parte de las causas exógenas que dieron lugar a la independencia argentina. Los motivos endógenos, que los criollos se atrevieron a poner en duda lo establecido, a romper con lo posible pensable. Y es justamente eso lo que se propone hoy respecto a nuestra economía.

Durante mucho tiempo y hasta hace algunos pocos años, nos proponían a los argentinos ceder la soberanía monetaria y acoplarnos a los supuestos beneficios de la moneda del país con mayor porcentaje de participación en el PBI del planeta: Estados Unidos. Esto nos hubiese colocado en franca dependencia del comportamiento de los ciclos económicos de ese país, recordando las nefastas épocas del pacto Roca-Runciman de 1933 y la subordinación con Gran Bretaña. La idea era propuesta desde sectores de alta influencia en el Estado y se apoyaba en las sucesivas crisis financieras de nuestra historia, y en la conciencia ciudadana sobre la cobertura protectora del dólar, sin lugar dudas muy superior a cualquier país de la región, pero nada más. Y es que en los hechos, los últimos ejemplos de dolarizaciones en Ecuador y Panamá no fueron desde ningún aspecto experiencias favorables para sus economías.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo con razón que la pesificación “es una batalla cultural”. El gran desafío que tenemos es seguir consolidando nuestra moneda para que no solo sea una unidad de cuenta o un medio de pago sino que pueda transformarse en un instrumento de reserva de valor, de ahorro.

Porque en 2001, como casi 200 años antes, la crisis desnudó las inconveniencias del modelo que se llevaba a cabo y se volvió a poner en tela de juicio lo posible pensable. Derribamos muchos mitos instalados en nuestro país y en nuestra cultura. Así pudimos nacionalizar los fondos de las jubilaciones; recuperar YPF y Aerolíneas Argentinas; promover la industria nacional y generar trabajo, lo que permitió recuperar la solvencia fiscal, tener superávit y vivir sin endeudarnos hasta la médula. Pudimos bajar la deuda pública bruta (no sólo la privada) del 166% del PBI en 2002 al 41,8% en 2012; y la deuda externa del sector público, que en 2002 equivalía al 95,2% del PBI, pasó a ser hoy del 14,2%. Logramos que la deuda extranjera, que hace diez años representaba casi 12 veces el nivel de las reservas, y hoy tan sólo la duplique; y que de ese monto, menos de la mitad sea en dólares y sólo el 10% en euros.

Lo que sucedió desde entonces que es Argentina entró en una nueva etapa en la que muchas de esas construcciones culturales fueron cayendo y se comenzaron a instalar nuevas ideas, nuevos posibles; más justos, más soberanos, más acordes a los intereses de todos los argentinos.

Probablemente algunos sectores tradicionales no valoren nunca el esfuerzo por recuperar nuestra moneda y por avanzar en la formalización de la economía, en el claro aspecto tributario. Y también es cierto, como dijo el estadounidense Upton Sinclair, que “es difícil conseguir que un hombre comprenda algo, cuando su salario depende de que no lo comprenda”. Pero todo buen administrador sabe que la economía está basada en decisiones que generan impacto y reacomodamientos, que muchas veces no son palpables en lo inmediato. Para los que sostienen que se podría haber avanzado a largo plazo, y que no era necesario afrontar una decisión política de estas características, nada mejor que la respuesta del propio padre del Estado de bienestar, John Keynes, quien sostenía con claridad meridiana: “el largo plazo es una guía errónea para comprender el presente”. Quienes se oponen a esta idea, seguramente tampoco verán que tras la decisión de pesificar la economía, hay sectores como el inmobiliario, el automotriz y el turístico, que ya han readecuado su actividad a los nuevos desafíos.

El nobel de economía en 2008 Paul Krugman sostiene: “hay consecuencias distributivas en todas las políticas; el tema central es si algunas políticas han simultáneamente incrementado la inequidad, beneficiando a los de ingresos más altos, y hecho daño a la economía”. En Argentina vemos claramente que eso no sucede ya: los cambios estructurales que se plantean desde el 2003 son políticas inclusivas, desarrollistas y con equidad social. Es necesario seguir creando y afianzando las condiciones políticas e institucionales que fortalezcan la estabilidad macroeconómica del país.

Es con ese objetivo que se decidió la restricción de prestar en dólares por parte del sistema financiero, excepto para quienes reciben ingresos en moneda extranjera; y la pesificación voluntaria de los saldos de deuda externa del sector público. También lo es la reducción del la participación de la moneda estadounidense en nuestra economía. Hasta la convertibilidad, según datos del BCRA, el 56% de los depósitos eran en dólares y en el periodo 2005-2011 los mismos se redujeron a sólo el 13%. En el caso de los préstamos, eran el 65% en dólares en los noventa y en el periodo 2005-2011, bajaron al 14%. Y si tenemos en cuenta la relación con el PBI de los mismos dólares, antes representaban el 15% y ahora sólo el 2,5%. Por otra parte, es importante destacar que el grado de monetización de la economía se mantiene en los últimos años en el orden del 16% promedio, muy por encima de las últimas dos décadas (1981-2001) en las que no se llegó al dígito. Este dato implica un auspicioso retorno paulatino de los argentinos hacia su moneda.

Llevará tiempo pesificar la economía y hacer del peso no sólo una moneda de uso sino también una de reserva, como sucede con el real en nuestro admirado hermano país de Brasil. Pero estamos convencidos de que es una batalla cultural que hay que dar ahora pensando en el futuro. Como dijo Néstor Kirchner en la asamblea legislativa el 25 de mayo de 2003: “nadie piense que las cosas cambiarán de un día para el otro y sólo porque se declamen. Un cambio que pueda consolidarse necesitará de la sumatoria de hechos cotidianos que en su persistencia derroten cualquier inmovilismo, y de un compromiso activo de la sociedad en ese cambio”.

Seguramente no fueron los inconvenientes presentes en los que pensó el General San Martín cuando decidió cruzar los Andes 1817, ni Yrigoyen cuando promulgó la Ley Sáenz Peña en 1912; tampoco Perón mientras encaró las transformaciones sociales y económicas en las décadas del 1940 y 1950, y mucho menos las madres y abuelas de Plaza de Mayo, con sus marchas diarias y búsqueda de justicia durante más de 30 años. No estaban pensando en el presente sino en el futuro. No estaban pensando sólo en sus intereses sino en el bienestar general; en la construcción de un país fuerte, libre y soberano para el beneficio de todos los argentinos.

El autor es contador y magíster en administración y finanzas; ha sido ministro de economía de Salta, y en la actualidad, diputado nacional (FPV).