El diputado nacional radical Juan Pedro Tunessi instó al directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) para que, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 15 de la Ley 26.741, “convoque a la Auditoría General de la Nación (AGN) a fin de que audite las cuentas de dicha empresa, dotando así de transparencia y profesionalismo al sistema de control y contralor de la inversión de los fondos públicos en la actividad hidrocarburífera que desarrolla esa firma”.
Explicó que, “recuperada la mayoría accionaria a favor del Estado nacional de la empresa YPF, resulta trascendente establecer una política de Estado de alto arraigo nacional para favorecer su actividad y tender a la plena productividad de los pozos petrolíferos y las áreas gasíferas. Pero más allá de los loables fines estratégicos para asegurar a nuestros ciudadanos el acceso a los hidrocarburos, no debe perderse de vista que esta empresa debe ser ejemplar en cuanto a su gestión”.

La Ley 26741 declaró en su artículo 1 “de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones”.

“Esta definición, que contó con la abrumadora adhesión de la mayoría del arco político parlamentario, no fue acompañada por otras normas que mostraran que la real intención del gobierno kirchnerista era repatriar la empresa y ponerla efectivamente al servicio de los intereses nacionales”, dijo Tunessi y agrego que, “el artículo 15 mereció fundadas críticas y propuestas de modificación, las que fueran sistemáticamente desoídas por los legisladores oficialistas”.

Según el mentado artículo, no resultarán “aplicables legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación”.

Destacó que “con esta fórmula y en manifiesta violación con los artículos 16 y 85 de la Constitución Nacional, se excluyó a esta empresa y, en especial, a la participación estatal en ella, de los controles constitucional y legalmente establecidos, en lo que a la aplicación, gestión y administración de fondos públicos se refiere”.

Tunessi señaló que, “oportunamente desde nuestro bloque se formularon sobradas criticas no sólo a la redacción sino, fundamentalmente, al concepto de gestión ‘sin control’ que proponía el proyecto que, finalmente, fue aprobado por la automática mayoría kirchnerista”. Agregó que “en nuestro dictamen minoritario, se proponía incorporar a la Auditoría General de la Nación (AGN), a la SIGEN y al propio Parlamento, como organismos de control de la estatización, intención de por sí ambiciosa y con un marcado acento institucional, algo que no es muy caro para las filas oficialistas”.

“Pero superada la instancia de debate parlamentario, ya se advierte que la gestión de la empresa no cumplimenta standards mínimos de actividad y que convoca sin concursos ni licitación, a empresas extranjeras para veladamente volver a privatizar áreas estratégicas”, remarcó.

“Es dable entonces reclamar que, para asegurar la transparencia de la gestión estatal en YPF S.A., su directorio -compuesto por representantes del gobierno nacional- convoque a la Auditoría General de la Nación -órgano natural de contralor, con arraigo en el Congreso de la Nación- para que audite las cuentas y muestre así, al conjunto de los argentinos, la real actividad de la mas importante empresa de nuestro país”, concluyó Tunessi.