El cuerpo que lidera el legislador kirchnerista Marcelo Guinle analizará entre este martes, miércoles y jueves las designaciones de 22 jueces, siete defensores públicos y seis fiscales. Las reuniones comenzarán, desde las 10, en el Salón Eva Perón del Congreso. Desde la oposición se prestará especial atención a los postulantes de las cuatro vacantes de primera instancia del fuero federal penal porteño, donde se investigan las principales causas de corrupción.
La Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, cuyo titular es el senador del Frente para la Victoria (FpV) Marcelo Guinle, realizará desde este martes, miércoles y jueves tres audiencias públicas para analizar 35 pliegos que envió el Poder Ejecutivo.
En detalle, las designaciones enviadas corresponden a 22 jueces, siete defensores públicos y seis fiscales.
De los 22 candidatos a jueces, hay cuatro en los que la oposición prestará más atención, que son los postulantes a cubrir los lugares de primera instancia del fuero federal penal porteño.
Los pliegos en cuestión son los de Marcelo Martínez de Giorgi, Luis Rodríguez, Sebastián Ramos y Sebastián Casanello, que cubrirán un tercio de los juzgados de Comodoro Py, donde se investigan las principales causas de corrupción.
El concurso para cubrir las cuatro vacantes de juez de primera instancia del fuero federal penal porteño fue el más sensible para el poder político que se tramitó en el Consejo en los últimos tiempos.
Todo el proceso comenzó en 2005, con la destitución de Juan José Galeano. Más tarde se sumarían las vacantes de Jorge Urso y Guillermo Montenegro –renunciaron-, y la de Jorge Ballestero, que logró ser ascendido a camarista.
El kirchnerismo, pese a contar con la opinión de una comisión de expertos, anuló el concurso en 2008 y permitió que nuevos postulantes se inscribieran.
Ya en 2009, y con las evaluaciones correspondientes realizadas, el diario La Nación informó sobre presuntas irregularidades en torno a dos candidatos. En el caso de Rodríguez, supuestamente días antes del examen, desde su juzgado pidieron copias de un fallo real que resultó ser muy parecido al de la prueba, que él no podía conocer. No eran idénticos, pero ambos estaban relacionados con robo de monedas en el Banco Nación.
