La senadora radical hizo hincapié en el apoyo de la población a la hora de emprender este tipo de proyectos. Asimismo, reconoció la existencia de una “fuerte tensión entre los sistemas productivos” debido al impacto negativo sobre el ambiente con los residuos emitidos por las mineras y pidió “una legislación acorde” para resolver este tipo de conflictos.
En el marco de la jornada de debate sobre minería y medio ambiente organizado por Semanario Parlamentario, la senadora radical Laura Montero fue una de las integrantes del panel expositor destacó el aval de la población en donde se ejecutan iniciativas de extracción a cielo abierto: “Los procedimientos deben tener consensos sociales”.
La vicepresidenta de la Comisión de Minería, Energía y Combustible de la Cámara alta reconoció la existencia de procesos “que si son bien llevados y muy bien controlados por el Estado” tendrían un balance positivo. Sin embargo, admitió que en nuestro país “aún no están dadas las condiciones”.
Por otra parte, Montero identificó una serie de conflictos que contrae la actividad minera. En primer lugar, señaló sobre el problema de la contaminación sobre el ambiente por los desechos de las compañías: “Hay una fuerte tensión entre los sistemas productivos”. Asimismo, manifestó: “El problema fundamental es que tampoco hay una legislación acorde que permita un control y una adecuada aprobación cuando se llevan adelante declaraciones de impacto ambiental”.
La utilización de los recursos hídricos merece un párrafo aparte. Recordando la sanción de la Ley de Glaciares, y sus posteriores amparos por las provincias mineras, la legisladora pidió “preservar estos recursos escasos” para luego evaluar una posible “compatibilización con la explotación de otros recursos”.
“Debemos repensar cómo reestructuramos el sistema impositivo”, recomendó. Cabe señalar que en cuestión de regalías, el Estado saca una tajada muy baja respecto de otras actividades. Para Montero, nos encontramos “actualmente dentro de un marco regulatorio donde el Estado tiene poco poder de redistribución de los recursos”. Es por eso que presentó un proyecto de ley para devolverle a las provincias la potestad de poder gravar la actividad sobre sus propios recursos.
