La reforma de la Ley de ART para terminar con la “doble vía” es una de las grandes discusiones laborales que se vienen. Mientras la presidenta anunció el envío del proyecto de ley del PEN, los diputados alineados con la CGT y la CTA impulsan por separado iniciativas integrales sobre prevención de los riesgos de trabajo. Los legisladores están dispuestos a comenzar a dar el “debate político”.
Por Carolina Ramos
Un tema polémico que tiene larga data en materia de proyectos en el Congreso salió a luz de boca de la misma presidenta: la reforma de la Ley de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, con el fin de evitar que un trabajador que percibe una indemnización de una ART pueda recurrir también a la Justicia.
En nuestro país, el sistema por el cual se gestiona la prevención y la salud en el trabajo es uno de los tantos que fueron puestos en manos privadas durante el menemismo, a partir de la sanción de la Ley 24.557. Fue en la cena por el Día de la Industria con representantes del sector donde la primera mandataria habló de “actualizar los montos indemnizatorios”, aparentemente en un 20%, a través de acuerdos directos entre empresarios y sindicatos, que se podrían negociar dos veces al año en el marco del Consejo del Salario. En verdad, el objetivo del oficialismo tiene su razón de ser en un fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional el artículo 39 de la Ley de Riesgos de Trabajo. Así es como los trabajadores, que antes debían “conformarse” con los montos abonados por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, hoy tienen la posibilidad de ir por una demanda judicial y cobrar un monto mayor: la “doble vía” que el kirchnerismo quiere evitar.
Dos semanas después, la presidenta confirmó el envío del proyecto de ley. La iniciativa, según indicó la jefa de Estado, fue acordada entre el Ministerio de Trabajo, los empresarios y los trabajadores sindicalmente organizados, ya que la ley actual “no beneficia ni a los empresarios ni mucho menos a los trabajadores”.
La presidenta aclaró que “no se le impide a nadie ir a juicio; cualquier trabajador que no está de acuerdo con los montos que se establecen en la ley puede ir a la Justicia civil, pero se recepta también la noción de responsabilidad resarcitoria del nuevo Código”. Informó además que se propone un plazo de 15 días de producido el accidente para poder cobrar esa indemnización, pero quien opte por el pago de ese resarcimiento no va a juicio, y viceversa. Además, habrá un método de actualización semestral para ajustar los topes.
Cristina precisó, por ejemplo, que la indemnización por muerte del trabajador pasará a ser de 383 mil pesos más el 20 por ciento adicional. Explicó también que “la ley beneficia a los trabajadores de sueldo más bajos” y que fija pautas para el valor del seguro.
Si bien en el Congreso ya hay dos proyectos integrales para una nueva ley de Prevención de Riesgos de Trabajo -uno impulsado por la CGT y otro, por la CTA-, no caben dudas de que la propuesta oficialista es la que tendrá prioridad. Mientras que la CTA -encabezada por el diputado Víctor De Gennaro- pretende derogar el sistema actual de ART, el cegetista Héctor Recalde se mostró de acuerdo con la finalidad de evitar la “doble vía”.
Por la CTA, Víctor De Gennaro (Unidad Popular), alineado con Pablo Micheli, impulsó su propia propuesta con movilización incluida y apoyo del socialismo, el Gen y Proyecto Sur. Sin rodeos, este texto pretende derogar el sistema de aseguradoras privadas y reemplazarlo por una ley de prevención de los riesgos laborales y reparación de daños bajo gestión de los propios trabajadores.
El tema ya se deslizó en el marco de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja, donde los diputados coincidieron en instalar primero el “debate político” y recién luego delegarlo en los asesores. Si bien hay diferencias entre ambas iniciativas, una idea común recorre las expresiones de sus impulsores: con el sistema actual no ganan los empleadores, pero tampoco los trabajadores.
Hoy el sistema cubre a más de 8,5 millones de personas en 877 mil empresas. Según la UART, el índice de fallecidos por cada millón de trabajadores cubiertos bajo desde el inicio del sistema en 1996 de 233 a 109. Esto quiere decir que se evitaron más 5.330 muertes por aplicación de políticas de prevención, seguridad e higiene y el trabajo conjunto de empresas, trabajadores, el Estado y las ART. A partir de 2007, además, la curva de accidentes se despega de la de crecimiento de PBI y mientras el PBI sube los accidentes bajan. Hoy se logró focalizar que un 0.7% de las empresas concentra el 37% de los accidentes y se opera más fuertemente en prevención sobre ese núcleo. La actividad de asesoramiento en prevención de las ART a las empresas clientes crece año a año en términos de visitas, recomendaciones de mejoras y denuncias ante la SRT por incumplimientos de las mismas.
A pesar de esta performance, la UART advierte que a partir de 2004 y de los fallos de la corte que declararon la inconstitucionalidad de varios puntos de la ley, aumentó la judicialidad sobre el sistema.
El proyecto de la CGT
La propuesta de ley encabezada por Recalde fue presentada reiteradas veces desde 2006. “En efecto, la Ley de Riesgos del Trabajo creó un sistema que perjudicó tanto a trabajadores como a empleadores”, admite el texto en sus fundamentos, al explicar que “actualmente, un trabajador debe trajinar un prolongado proceso administrativo, y en numerosas ocasiones judicial, a fin de poder recibir las prestaciones médicas necesarias para paliar sus padecimientos” y que “asimismo, en la enorme mayoría de los casos, es privado de la reparación integral”. En el caso de los empleadores, “contratan una ART en procura de lograr una total y absoluta cobertura frente a los accidentes o enfermedades profesionales que su dependiente pueda sufrir, y sin embargo, son objeto de demandas judiciales por parte de los obreros accidentados o enfermos en ocasión del trabajo”.
A grandes rasgos, el proyecto cegetista busca fomentar la participación de las asociaciones sindicales y las cámaras empresarias para “reducir la siniestralidad laboral”. El sistema actual de ART se mantiene, aunque de manera “parcial”, ya que se incorporan nuevos institutos que otorgan “seguridad jurídica, tanto a los empleadores como a los trabajadores”. Por ejemplo, se quiere crear una entidad autárquica dependiente del Ministerio de Trabajo, denominada Administración Nacional de Salud Laboral (ANaSaL), y un Comité Consultivo Permanente, ambas con representación del Gobierno nacional, la CGT y los empleadores.
Otro punto a destacar es que “todo empleador deberá consultar a las organizaciones sindicales la adopción de las decisiones” sobre la planificación y la organización del trabajo en la empresa en general. Además, a falta de normas en el convenio colectivo, las organizaciones sindicales podrían designar también delegados de prevención -previa consulta con los trabajadores involucrados- para los riesgos laborales. Esta nueva figura, que la ley propone como opcional, se asume obligatoria en el proyecto de la CTA.
En este marco, Recalde consideró que “hay que buscar formas alternativas para desalentar los litigios”, y ratificó su respaldo a la iniciativa planteada por Cristina Fernández, más allá de su propio proyecto. “La cantidad de pleitos se debe a que se trata de una ley inconstitucional, que no hace prevención: hace falta modificar la ley para desalentar el litigio y evitar los juicios”, sostuvo, y añadió que “por eso, lo trascendental es aumentar la prevención y que haya remuneraciones altas para evitar que el trabajador vaya a juicio”.
El proyecto de la CTA
En diálogo con Semanario Parlamentario, De Gennaro fue contundente: “Ante el negocio de las ART, que fue de (Carlos) Menem y el sector financiero, que traen muerte y enfermedad, nosotros presentamos un proyecto que trae solidaridad y vida”, sostuvo. Según explicó, las ART recaudaron doce mil setecientos millones de pesos el año pasado, y durante el primer semestre de este año llevan nueve mil pesos de facturación.
“Queremos que el Estado recupere la capacidad de la seguridad social, pero no que sea una caja más; que resuelva el tema de las enfermedades y la prevención; que haya una secretaría que elabore proyectos e investigue sobre estas enfermedades”, manifestó el legislador del interbloque FAP, quien sentenció: “Basta de verso, de ver cómo es la tarifa de un brazo o una pierna; lo que hay que evitar son las muertes y terminar los negocios de los sectores financieros”.
El proyecto elaborado en conjunto con la CTA, según explicó a Semanario Parlamentario Jorge Cardelli, propone, por un lado, la creación de un banco que financiaría todos los seguros -“una entidad financiera pública no estatal, con participación de los trabajadores y los empresarios para evitar que se meta la mano como en la Anses”, aclaró De Gennaro-. Por otro lado, y en concordancia con la idea de la CGT, promueve la figura del “delegado del riesgo de trabajo”, como instancia de control para evitar estos riesgos, ya que “hoy, lo que menos funciona es la prevención”.
La función del delegado de prevención sería ni más ni menos que “la tutela de la salud de los trabajadores en el ambiente laboral”. Este cargo sería elegido por los propios trabajadores, por voto directo y secreto. Pero no sólo esto: los delegados también estarían facultados para participar de las negociaciones paritarias para la discusión de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Asimismo, el texto propone la creación de Comisiones Médicas dependientes de otras instancias estatales, distintas a las que brindan las prestaciones, para garantizar “la autonomía de sus dictámenes”.
Con la esperanza de que prospere este proyecto, Cardelli ve “casi imposible” la aplicación de las intenciones del Poder Ejecutivo, “bajo el afán de que pudiese haber un acuerdo para evitar el juicio”. Para De Gennaro, “la presidenta lo único que hizo fue decir que iban a ver cómo aumentaban la plata para pagarle la tarifa, “Es lamentable que en vez de discutir las siete mil quinientas muertes nos planteen ver cómo es la tarifa. Ella lo que quiere evitar es la doble vía judicial, que es darles a los trabajadores un poco más para que no tengan el derecho de ir al derecho civil. Nosotros creemos que es al revés: hay que evitar la muerte y para eso hay que terminar con el negocio financiero. Las ART no lo niegan: son una entidad que hace lucro”, afirmó el diputado.
En el mismo sentido, Vilma Ripoll habló a este medio del “fracaso terrible de la ley que está vigente”. La dirigente del MST arguyó que “el gran negocio” de las ART implica “un riesgo altísimo para los trabajadores, porque ni previenen los accidentes fatales ni las enfermedades”. Ripoll también es escéptica con respecto a los propósitos del Gobierno: “Con la excusa de evitar la doble vía no cambian de ley, sino que ponen parches”, consideró la exdiputada, quien opinó que “hay que ir por el tema de fondo”. “Es el momento de avanzar en una nueva ley, con un régimen solidario, alternativo, que desarrolle el tema de la prevención y la responsabilidad del Estado”, apuntó, y no se privó de comparar a las ART con las AFJP, “uno de los grandes negocios de los ‘90”.
