A manera de introducción

En el 2012 el oficialismo en argentina propuso reducir el sufragio de 18 a 16 años, para esta franja etaria, se propone que el voto sea optativo. Esto abrió un debate en torno a su necesidad, conveniencia y pertinencia futura.
En la historia de la participación ciudadana, toda ampliación de ciudadanía y cambios importantes en el sistema representativo, han generado voces disonantes, y desde diversos lugares, se explcitaron temores en la ampliación electoral. Desde la teoría política, la limitación del voto ha sido una constante. Muchos han sido los teóricos que pusieron reparos ante la “tiranía de las mayorías”; los no propietarios, los analfabetos, los solteros, las mujeres, etc. han sido limitados del voto por diversos motivos. Su apertura no se inscribe a corriente ideológica alguna, ya que existen defensores y detractores tanto en la izquierda como en la derecha, esto dependió del momento y lugar.
Introducirnos en estos temas, es discutir nada menos que nuestra democracia representativa y los límites de ella. Tema que cobró un largo debate en el siglo XIX y XX, tanto en la teoría (Bentham, James Mill, Stuart Mill, Shumpeter, y otros) como en la propia praxis y en la lucha por la ampliación del sufragio.
La propia concepción de democracia supone dinamismo, estar en transformación es su condición natural, y esto, sin dudas, genera conflictos. La búsqueda de la ampliación del voto nos lleva necesariamente a discutir los límites de la democracia, quienes tienen derecho electoral y son sujetos del demos.
Más allá de las discusiones de coyuntura este trabajo busca realizar aportes y algunas reflexiones a los avances y retrocesos que suponen estas medidas, tratando de hallar respuestas a las siguientes preguntas ¿quiénes deben votar? ¿Por qué? ¿Qué modificaciones sustanciales generarían una ampliación de la ciudadanía? ¿Quiénes se ven beneficiados con dicho cambio? Estas reflexiones buscan abrir un espacio de debate en torno a la democracia representativa en Argentina, y abre un escenario para la discusión en América Latina.

Sobre la ampliación de ciudadanía

En Argentina, en el año 1821 se reconoció el voto directo universal para todo varón mayor de 20 años, aunque ya en el Estatuto de Santa Fe de 1819, cuando éste era un “pueblo libre” federado a la “Liga de los pueblos Libres” de José Gervasio Artigas, decía que “El primer derecho y deber del pueblo es elegir un Caudillo”. La participación electoral no estaba vedada para ningún ciudadano “libre”, pero en la práctica, sólo votaban apenas 3.000 personas, la apatía y el control efectivo del votante eran elementos determinantes en el sistema político. La resolución de la batalla de Caseros de 1852 y el Acuerdo de San Nicolás sentaron las bases de la reorganización política del país, en donde nuevos grupos se enfrentaron en una suerte de competencia, en la busqueda del poder político central. Como consecuencia directa, al año siguiente, se efectivizó una Constitución Nacional, allí se definió que la Argentina adoptaría el sistema “Representativo, Republicano y Federal”, y dentro de éste sistema representativo contemplaba la elección indirecta del Presidente y Vicepresidente de la Nación, a través de un Colegio Electoral (elegido por las provincias), un mandato fijo de 6 años, su imposibilidad de reelección inmediata y el sistema bicameral.
A lo largo de casi todo el siglo XIX la República Argentina no tenía aún, un sistema de partidos políticos competitivos, esto no desconoce la existencia de elecciones entre diferentes grupos, pero se acercaban a simpatías personales, a presiones laboraes más que a identidades partidarias. El llamado orden conservador conformó un sistema estable y predecible de distribución y asignación de poder entre las oligarquías nacionales, provinciales y locales. La reducción a la unidad del país se logró a partir de un estratégico juego de alianzas entre las elites, con un gobierno nacional capaz de conformar un poder central, reconociendo las demandas de los dirigentes locales y reivindicando con éxito la pretensión legítima de obediencia en la totalidad del país.
La participación política se reducía, entonces, a un pequeño grupo de personas de las oligarquías provinciales. El acceso al gobierno y a la participación electoral era un camino vedado para la mayoría de la población, a pesar que (salvo en el caso de las mujeres) no existía restricción normativa alguna. La exclusión (por diferentes caminos) de la oposición o la cooptación, era la forma organizada de reproducir y consolidar el poder, de manera tal que, vía coacción o vía consenso, los sectores dominantes conformaban un hermético escenario político-electoral, con vasos comunicantes en un circuíto cerrado.
Todos los habitantes gozaban del ejercicio de las libertades civiles, esta “república abierta” era para todos, sean nacionales o extranjeros, en cambio, sólo una minoría estaba calificada para ejercer las libertades políticas. Explícitamente Juan Bautista Alberdi sostenía que “usar la libertad política es tomar parte en el gobierno; gobernar, aunque no sea más que por el sufragio requiere educación, cuando no ciencia, en el manejo de la cosa pública. Gobernar es manejar la suerte de todos” . Entonces, convivía la libertad civil para todos “república abierta”, pero libertad política para pocos “república restrictiva”, sin por esto desconocer que se comenzaba a vislumbrar una incipiente participación política de nuevos grupos, que permitió a la autora Hilda Sábato sostener que existía a fines del siglo XIX una “cultura de la movilización” .
El Partido Autonomista Nacional (PAN), conformado el 15 de marzo de 1874, dominaba la escena política. Este no era estrictamente un partido político en términos modernos, no tenía una estructura orgánica interna, ni estatutos, no poseía una organización formal, ni líneas doctrinarias concretas. El personalismo, la estratégica política de alianzas, la violencia, la prebendas y una maquinaria electoral fraudulenta, le permitieron al PAN dominar el sistema político a lo largo de cuatro décadas.
La década del 90´, marcó el inicio del sistema de partidos políticos modernos en el país, tras el suicidio de Leandro Alem, nació el Partido Socialista liderado por Juan B. Justo, y más tarde se conformó el Partido Demócrata Progresista (antes Liga del Sur), de Lisandro de la Torre y el Partido Comunista de José Penelón, Rodolfo Ghioldi y Victorio Codovilla, aunque “durante toda la década de 1890 el sistema giró hacia una especie de sistema de partido predominante, en el cual el PAN controlaba los principales espacios de poder pero debía competir” , debió conceder algunas elecciones relativamente libres en función de la nueva competencia electoral. Estos partidos políticos, surgidos a fines del siglo XIX, van a trascender a sus mentores y se conformaron en partidos políticos estables, con la excepción de la Unión Cívica Nacional, que dejó de existir en 1902, cuando Bartolomé Mitre anunció su alejamiento de la vida política.
Nació en nuestro país un nuevo tipo de organización política, con una estructura permanente, con locales que responden a un partido nacional, convenciones en donde se discutían plataformas, se seleccionaban a los candidatos y se discutían los pasos a seguir, cartas orgánicas y dirigentes con arraigo popular. La Unión Cívica Radical rompió con el esquema de partido de notables y ante la imposibilidad de presentarse a elecciones limpias, se lanzó nuevamente a las revoluciones en 1893 y 1905, convencidos que los cambios políticos los iban a tener como protagonistas de la democratización del sistema electoral argentino. La Unión Cívica Radical, aunque con contradicciones, va a ser moderna en términos políticos, por su compromiso e intransigencia con las prácticas electorales limpias y transparentes, aunque no discute el modelo económico basado en la economía agroexportadora.
Tras la batalla de Caseros, la elite había apelado al fraude electoral como una medida transitoria, en el marco de una sociedad con características agrarias, pero la inmigración masiva, el traslado de un número importante de personas del campo a la ciudad y una modernización clara, trajo respuestas al régimen, en particular, de parte de los grupos anarquistas, socialistas y radicales, que en poco tiempo lograron una imponente adhesión. Por tanto, a principios del siglo XX, el fraude electoral era cuestionado por un vasto sector de la población, inclusive por nuevos actores de la propia oligarquía.
Roque Sáenz Peña, tras un fraude escandaloso, resultó ungido presidente el 12 de octubre de 1910, realizó un último intento para cooptar al radicalismo y seguir sosteniendo el poder por medio de la democracia restrictivale ofreció ministerios y ciertos privilegios en su gobierno. La UCR, ante la negativa de Hipólito Yrigoyen, el peligro que significaba un nuevo levantamiento y la seguridad de la elite que de todas maneras ganarían las elecciones, en febrero de 1912 se concretó la promulgación de la ley 8.871 conocida como la “ley Sáenz Peña”.
La democracia entendida como ampliación del sufragio universal, parecía un punto de llegada inexorable de los debates sobre la ciudadanía planteados a partir de la Revolución Francesa. Los Estados Unidos de Norteamérica como pioneros de la ecuación un hombre – un voto, sirvieron para que países europeos imitaran la fórmula y lo incorporen como sistema de representación formal en la última mitad de siglo XIX. Al comenzar el siglo XX, fueron varias las naciones latinoamericanas que comenzaron a discutir sus modos de selección de candidatos y las nuevas generaciones en el interior de los grupos dominantes, también sintieron esa influencia.
La reforma política llevada a cabo por Roque Sáenz Peña y exigida por el radicalismo y otros partidos, contemplaba el voto libre, secreto (la presencia de un cuarto oscuro garantizaría esto), obligatorio (para todos los mayores de 18 hasta 70 años) y universal (aunque las mujeres no votaban). Se confeccionó un padrón único nacional (sobre la base del padrón militar) que incluyó el documento de identidad, se estableció el sistema de lista incompleta (para que las minorías que obtengan al menos el 25% de los votos tengan representación) y una Justicia Electoral Federal debía organizar y garantizar la limpieza de los comicios. Esto resultó un cambio sustancial en la historia política del país, no sólo por el cambio de color político de los gobernantes , sino porque se dejaba atrás, prácticas políticas fraudulenta arraigadas y legitimadas en nuestro país.
La predecesora a esta ley electoral había sido aprobada en 1903, contemplaba un formato mayoritario uninominal y continuaba con el sufragio público. La ley Sáenz Peña buscó perfeccionar a la anterior, con el objetivo de la elite de conservar el poder agregando mayor legitimidad a su gestión, y la lista incompleta , era el raseguro del Partido Conservador para que el radicalismo se alejara de la abstención y se transforme en una “leal” oposición.
Los planes de la elite dirigencial no contenían ninguna posibilidad que las elecciones las gane la Unión Cívica Radical y tampoco que el elenco gobernante se modifique, ya que confiaban el triunfo en la presión de los estancieros. Por otra parte “al establecer el sufragio secreto y obligatorio, la ley Sáenz Peña contribuyó a constituir una ciudadanía, no por mera agregación o ampliación hacia abajo, sino por una reformulación implícita de la condición de ciudadano (…) la característica principal del sistema político tal como funcionara en décadas anteriores a la reforma no había sido (…) el de la exclusión por abajo. Las bases del funcionamiento radicaban precisamente en el sufragio universal que indujo a una organización política que combinaba la participación electoral de las capas más bajas de los sectores populares y el control de ese proceso por parte de sectores minoritarios que concentraban el poder político. La reforma minó las bases de ese sistema al cambiar el sentido del sufragio universal: ya no se trataba de que cualquiera pudiera votar, sino de que todos debían hacerlo”.
Como efecto no deseado, con la participación masiva a las elecciones, el elenco que había gobernado por décadas el país perdería el monopolio de la representación política, así nuevos actores sociales, conviviendo con grupos tradicionales reclamarían participación en los órganos de poder.
Podemos afirmar que con el triunfo del radicalismo, en 1916, se conformó un verdadero sistema de partidos, pasando de un formato de partido de notables a uno de “masas” . Lo determinante no fue el voto universal, ya que puede existir un sistema de partidos con un sistema electoral censitario o restringido como funcionó en Europa en todo el siglo XIX y principios del XX. Lo que limitaba a la conformación de nuevos partidos competitivos era la imposibilidad práctica de tener algún éxito electoral en un escenario político adonde el fraude organizado, la arbitraria confección de los padrones y el voto público aseguraba el triunfo electoral de la elite gobernante.
Las del 2 de abril de 1916, fueron las primeras elecciones limpias del país, y debido a su obligatoriedad aumentó considerablemente la participación política, y en tanto ciudadanos, se modificaron las redes de sociabilidad, valores, identidades, formas de transmitir las ideas de los candidatos Se potencia la capacidad de los partidos políticos y se crearon nuevas imágenes en torno a la sociedad y la política. En las once elecciones previas a 1912, el promedio de votantes fue del 1,7% de la población, luego de la promulgación de la ley, en el año 1916 el porcentaje de electores que fue a sufragar se incrementó un 200%. Al principio sin entender demasiado, debieron incorporarse a una nueva cultura cívica. La obligatoriedad del sufragio, exigía que el nuevo votante deba informarse, aunque sea sobre la técnica del voto.
El voto democratico de 1916 no sólo permitió el acceso de una nueva fuerza política en el país, como la Unión Cívica Radical, sino que este partido en el poder democratizó el acceso a las Universidades públicas del país, en la Reforma Universitaria de 1918. Allí nuevas clases sociales pudieron acceder por primera vez a las Universidades del país y formar parte del gobierno universitario.
La crisis del 30, la nacionalización del petróleo, el ascenso de regímenes autoritarios y totalitarios en Europa, las críticas estructurales al sistema democrático y el rol de la prensa opositora, fueron las excusas para anular el proceso democrático un día antes que se desarrollaran las próximas elecciones para renovar las cámaras y abrieron un nuevo escenario en la política argentina. De manera gráfica, el José Luis Torres bautizó como “década infame” a un período que, entre otras cosas, interrumpió un proceso electoral cotidiano. Luego de catorce años de elecciones limpias, los golpes de Estado , los gobiernos semidemocráticos y los desequilibrios institucionales serán recurrentes.
Los conservadores del 30´ responsabilizaron al sufragio libre, secreto, obligatorio y universal como el germen de todos los males, no ocultaban discursivamente que debían aplicar el “fraude patriótico” hasta que la gente “aprenda a votar”, consideraban “ya por entonces el Congreso estaba lleno de chusmas y guarangos inauditos. Se había cambiado el lenguaje parlamentario usual, por el habla soez de los suburbios y los comités radicales” , por eso, apoyados por el Partido Socialista Independiente, el Partido Demócrata Nacional, los radicales antipersonalistas y algunos partidos provinciales , consumaron el golpe de Estado de 1930, que fue legitimado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por una parte importante de la ciudadanía politizada.
En 1945 con la irrupción del peronismo y la inclusión social y económica de una vasta capa de la población, se amplía el ciclo de la democracia representativa al incorporar a la mujer en el sufragio obligatorio a nivel nacional. La ley Sáenz Peña no impedía el voto femenino, pero la excluía de hecho. Al legalizarse la participación de las mujeres, que por primera vez votaron el 11 de noviembre de 1951, se permitió también el acceso de las mismas a cargos públicos, 24 bancas de diputados fueron ocupadas por mujeres, y 9 de senadoras. A pesar de las voces disonantes que argumentaban la manipulación del voto femenino o la inclusión del suyo en el voto del hombre, la mujer se incorporó formalmente en el derecho electoral.
El peronismo en el poder, no sólo democratizó el acceso de la mujer en la vida política, sino que incorporó a una importante capa de la sociedad a la vida económica y la redistribución de la riqueza acompañó este proceso.
Así, más allá de la incorporación de una parte del electorado, la edad de 18 años, no fue discutida desde la ley Sáenz Peña. Resulta sano que 100 años más tarde se rediscutan algunos preceptos de la democracia representativa en Argentina, el propio dinamismo que tiene la democracia obliga a repensarse de manera permanente.

Algunos antecedentes en el mundo

Austria, en el año 2007, por iniciativa del canciller social demócrata Alfred Gusenbauer fue el primer país europeo que amplió el universo de sus votantes a los jóvenes a partir de los 16 años, y su caso se convirtió en un referente para el Consejo de Europa, que sugirió recientemente a sus 47 países miembros que “rebajen la edad de voto” para contribuir a que “los jóvenes se sientan más incluidos”. Eslovenia y Chipre también implementaron esta modalidad, mientras en la República de Indonesia votan desde los 17 años.
A partir de allí, también se ha pronunciado al respecto la Comisión de Asuntos Políticos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) que, en una resolución de junio del 2011 dirigida a sus 47 Estados miembros, sugirió que “estudien la posibilidad de rebajar la edad de voto a los 16 años”.
Ese mismo año, la Landsgemeinde Glaris fue el primer cantón suizo en introducir el voto desde los 16 años a nivel cantonal . Quien siguió ese camino es el Estado Federado de Bremen al norte de Alemania, quien renovó su parlamento en el 2011.
Otros países que también la adoptaron son: Bosnia, Corea del Norte, Jersey, Indonesia, Isla de Man, Sudán y Timor del Este.
En América, Brasil implementó el voto de los 16 años desde el año 1988. En Nicaragua desde el año 2000, los jóvenes de 16 años están obligados a votar, en Ecuador en el año 2008 aprobó el sufragio no obligatorio para los jóvenes de 16 años. En las elecciones del 2010 los jóvenes colombianos de 16 años pudieron votar por primera vez de manera voluntaria.
Muchos son los países en el mundo que van en la misma dirección, parece ser una tendencia que se repite en la región, también en Europa. En cambio, ninguno propone medidas en contrario, es decir, aumentar la edad del primer voto.

Sobre la ampliación de la ciudadanía. Algunos aportes al debate

Salvo alguna excepción, todos los gobiernos del mundo que buscan modificar el sistema electoral, o ampliar la base electoral, lo hacen sobre la presunción de considerar que tal modificación trae beneficios selectivos a quienes la aprueban. El gobierno nacional argentino, esta convencido que la franja etária más joven tiene una fuerte afinidad al oficialismo, por ello ha puesto en discusión, mediante un proyecto de ley, la posibilidad de que los ciudadanos a partir de 16 años puedan votar.
En el marco del terreno normativo y de ampliación de derechos, la discusión no debe plantearse en términos coyunturales, y si estos son los planos, debe saberse que en temas electorales lo que hoy beneficia, mañana puede perjudicar, porque el humor político de una Nación es cambiante, y si las reglas se mantienen intactas, los actores sociales (representados y/o representantes) pueden modificar las conductas.
No quedan dudas que el gobierno argentino ve a esta medida como beneficiosa en el corto plazo, por eso tiene una estrategia de intromisión de sus agrupaciones en el ámbito escolar, pero el sólo reconocimiento de nuestra finitud, que todo tiene plazo perecedero y que el ánimo electoral puede modificarse, debe inscribirse a esta discusión en un plano superior.
Toda incorporación a la vida política de nuevos ciudadanos/as es una buena noticia, que se relaciona con las luchas por los derecho electorales, y los argumentos deben sostenerse prescindiendo de quien la esgrime, la apoya o quien proponga la iniciativa, hacerlo sería correr en el sentido de una democracia embrionaria.
Estas medidas trascienden nuestra propia existencia y por ello nos obliga a tener miradas superadoras al presente. La especulación electoral es un dato de la realidad, esto ocurrió con el sufragio obligatorio o el voto de la mujer. No hay dudas que en ambo casos hubo especulación. En el caso de la ley Sáenz Peña, los conservadores buscaban ampliar la legitimidad electoral, convencidos que la presión de sus estancieros sería suficiente para sostenerse en el poder. En el voto femenino, la ampliación electoral traería beneficios al partido de gobierno que la aprobara. No obstante, en el largo plazo, todos nos vimos beneficiados con la incorporación electoral de una masa de la ciudadanía, que hasta el momento no podía participar en el terreno electoral. Nadie en Argentina, desde ninguna postura ideológica, propuso quitar esos derechos y obligaciones por considerarlos un retroceso a nuestro sistema democrático.
Desde diversos lugares siempre se ha buscado matizar el sufragio universal, en alguna etapa, el voto de los propietarios, de los casados y de los mayores se justificaba desde un mismo plano; los no propietarios, los solteros y los menores no tienen responsabilidad, ni nada para perder, también se consideraba que desconocen los mínimos datos de la economía, por lo tanto se lo excluía del voto. La exclusión de los analfabetos tenía una connotación cultural elitista, de allí el voto que el voto censitario sería un freno lógico al “avance demagógico”. Paradojicamente la exclusión de la mujer se producía por inclusión, el argumento aquí era que el voto del hombre de la casa incluía al de su mujer, entonces no tenía sentido alguno que ella se molestara a la mesa electoral . En España incluso se pensaba que la mujer era más influenciada por la iglesia, por ello, hasta algunos partidos de izquierda se oponían a su incorporación.
Las voces que se alzan en contra del voto de los 16 años, aducen que éstos podrían ser producto de la manipulación. En rigor de verdad, en nuestro país no existe una diferencia etaria en el comportamiento electoral, esto es, nada indica que el sufragio de un joven de 17 años se diferencie de alguien de 42 o de 55 años. Los estudios electorales muestran que en Argentina, la base socioeconómica del electorado tiene un impacto central en el proceso de toma de decisiones, mientras que no se observan grandes variaciones en franjas de edades. Tampoco se sostiene el argumento que los jóvenes son manipulados de manera más sencilla que los adultos, no existen datos empíricos, ni estudios serios que asi lo indiquen.
Otros argumentos sostienen que la penetración del partido de gobierno en las escuelas tiene un impacto directo en el resultado electoral próximo. Estas posiciones, una vez más coloca al joven en un lugar de sujeto manipulable, acrítico o irracional. Las diversas expresiones juveniles en música, pintura, ONG, partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales, etc.; indican justamente los contrario.
Un tercer argumento en contra, es la etapa madurativa de los jóvenes. La obligatoriedad a los 18 años se aprobó en el año 1912, los jóvenes de antaño no tienen las mismas característcas que los actuales y la información a la que acceden tampoco son comparables. Por otro lado, la subestimación del joven no es novedosa, ya Hipócrates, en el siglo V antes de Cristo decía que “Los jóvenes de hoy no parecen tener respeto alguno por el pasado ni esperanza ninguna para lo porvenir”.
El artículo 12 del Código Nacional Electoral, vigente desde 1972, establece ciertas exenciones de los sufragantes. Aunque todo elector tiene el deber de votar, quedan exentos ciertos funcionarios públicos y empleados en cumplimiento de un deber público, los enfermos, quienes estén a más de 500 km. del lugar donde votan y los mayores de setenta años. La obligatoriedad del voto tiene rango constitucional desde la reforma de 1994, cuando ya existía la exención de mayores de 70, pero no la de menores de 18. Por otro lado, el espíritu de la exención de los mayores de 70 es distinto al esgrimido en el caso jóvenes de entre 16 y 18, por esto (y por el mismo debate de 1912, sobre la ampliación de la ciudadanía) recomendamos la obligatoriedad del mismo.
Existen países que han adoptado esta medida y no han encontrado nada perjudicial en ella, Austria, Eslovenia y Chipre ya lo implementaron, en algunos Estado alemanes también, como en cantones suizos y comunas noruegas, Inglaterra y España la están discutiendo. En América Latina; Nicaragua, Ecuador, Cuba y Brasil los ciudadanos votan desde los 16, en Chile y Uruguay se está debatiendo este tema y en Irán se vota desde los 15. Ninguno de los países citados está evaluando la rectificación de la medida.
No resulta menos cierto, que la ampliación de la ciudadanía, abre debates a nuevos derechos y obligaciones de los jóvenes. No debemos, en este sentido cerrar las puertas a estas posibilidades. Nuevos derechos sociales, económicos, y culturales requieren ser atendidos en una sociedad pluralista, que busca ser más democrática. Las democracias modernas no pueden funcionar bajo niveles de desigualdad tan profundas y eso debe ser revisado de manera urgente.
Por tanto, resulta necesario un debate franco de ideas en torno a la ampliación del derecho electoral, no desde la coyuntura, que no es buena consejera en estos casos y resulta inconducente. Toda ampliación de la ciudadanía reviste un carácter de democratización del sistema e inclusión de los jóvenes, quienes en muchas oportunidades son víctimas del mundo adulto, pero en pocas oportunidades se les pide opinión.
Incorporarlos al mundo político es incluirlos, es confiar en ellos como sujetos críticos y participativos. En una democracia que busca consolidar sus bases de sustentación, que necesita rediscutirse de manera permanente, el derecho electoral debe acompañar a un proceso más amplio y complejo, en donde la democracia no se conforme con un mero acto eleccionario, sino que sea una democracia participativa con compromiso social.

Algunas conclusiones

Las actuales democracias en América Latina obligan a constantes replanteos, luego de la recuperación democrática de los ochenta, la agenda política a virado de una consolidación democrática, cuyo objetivo era sostenerse en el tiempo, a una mejora en la calidad de sus instituciones y nuevas formas de participación.
Un Estado que contemple a los adolescentes en nuevas formas de participación política, que no se limiten al mero acto electoral, resulta necesario en las nuevas formas de representación. Incorporarlos como sujetos activos del sistema electoral, resulta un avance en la vida política de un pueblo, y esto requiere un esfuerzo conciente del mundo adulto.
La base de la ampliación política es un prerequisito de la mejora del sistema democrático, este, debe ir acompañado con formas reales y más efectivas de participación e incidencia en la vida política.
Resulta saludable que varios países del mundo discutan el modo de implementar el sufragio y la incorporación de nuevos sujetos sociales, pero es necesario que no sea sujeto a especulaciones coyunturales, porque esto, sería contrario a la calidad democrática.

“Es la fiebre de la juventud
la que mantiene el mundo
y la temperatura normal.
Georges Bernanos

Sábato, Hilda (1998). La política en las calles. Buenos Aires. Entre el voto y la movilización. 1862-1880. Buenos Aires. Ed. Sudamérica.
.
Sábato, Hilda (1990). La revolución del 90´¿Prólogo o epílogo? En Punto de Vista, n| 39.