El diputado nacional Pablo Orsolini presentó un proyecto por el cual solicita al Gobierno nacional que, en el marco de una modificación de la actual Ley de Semillas que está en estudio, tenga explícitamente en cuenta no avasallar un aspecto fundamental como es el Derecho al Uso Propio por parte de los pequeños y medianos productores agrícolas.

“Pese a su discurso supuestamente a favor de los pequeños productores, el Gobierno prepara una nueva ley de semillas –del que ya se conoce un anteproyecto- que podría dejar a muchos de ellos afuera de un beneficio que tienen desde hace 40 años: el ‘uso propio’, una figura que permite al agricultor que cosechó soja guardarse una parte para usarla como semilla en la campaña siguiente sin tener que pagar regalías a las empresas semilleras o comprar una nueva bolsa para sembrar”, explicó Orsolini al fundamentar el proyecto.

Y explicó que la Ley 20.247 -en vigor desde 1973- no restringe el uso propio. Y al hacer soja o trigo, dos cultivos cuyas semillas por sus características pueden reutilizarse sin necesariamente tener que comprar todos los años una bolsa, como sí ocurre con maíz y girasol, el productor no está obligado a pagar regalías a las compañías semilleras. Bajo ese paraguas del uso propio, hubo productores que, en los últimos años, de algún modo, terminaron haciendo un abuso del uso propio por más que sembraran miles de hectáreas. Pero todo esto está a punto de cambiar y la principal novedad es que, en su afán de corregir algo, el Gobierno impulsa una norma, tal vez la más importante del kirchnerismo en su relación con el campo desde que está en el poder, donde casi nadie se salvará de pagar regalías, ni los productores más pequeños.

“En el anteproyecto -continuó Orsolini-, que podría llegar pronto al Congreso, se limita al máximo posible el uso propio. Según su artículo 32, no estará obligado a pagar regalías el agricultor exceptuado definido en otro artículo, el 2° inciso K, y que esté inscripto en un registro de usuarios creado en el Instituto Nacional de Semillas (Inase), un organismo bajo la órbita del Ministerio de Agricultura. Se señala que el Inase anotará de oficio como exceptuados a los inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura. Familiar (Renaf) a la fecha de la promulgación de la ley. El Renaf tiene detectados a productores de escala muy baja y está en el área del nuevo subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita”.

El legislador pampeano remarcó que “si bien la cartera de Agricultura viene haciendo reuniones con representantes de la industria semillera y de la producción para avanzar en una propuesta consensuada, el límite al uso propio dispara la polémica pues es uno de los puntos más sensibles en una intención de cambio”.

“El uso propio queda eliminado de hecho en este anteproyecto y los únicos que lo mantienen son quienes estén inscriptos [en el Renaf] y el Inase determine, una muy arbitraria decisión que deja desprotegidos a la mayor parte de los pequeños y medianos productores de nuestro país. Entidades agropecuarias como la Federación Agraria Argentina y Carbap ya alertaron sobre este proyecto”, agregó.

Por último, Orsolini afirmó que “otro punto del anteproyecto que genera polémica es el artículo 47, que faculta al organismo público a ingresar en los campos con poder de policía para fiscalizar. El texto dice que habilita a los funcionarios a “inspeccionar predios donde se encuentren semillas depositadas o sembradas” en cualquier momento y lugar. Este artículo avasalla una serie de derechos esenciales del productor al otorgárseles un poder de policía arbitrario y desmesurado a los funcionarios.