El abogado constitucionalista Daniel Sabsay rechazó este miércoles, durante una audiencia pública que se realizó en el Senado, el proyecto del oficialismo que avala el voto optativo de los jóvenes entre los 16 y 18 años.

Sabsay manifestó, entre varios argumentos que dio a conocer, que “tal como se inserta en el régimen general de capacidad de la Argentina, va a llevar a una enorme asimetría entre las posibilidades de llevar a cabo los actos de vida civil como contraer matrimonio, celebrar un contrato, ausentarse en el país, con aquellos actos constitutivos de la ciudadanía de una persona”.

El abogado además apuntó fuertemente al régimen internacional que surge de la convención sobre los derechos del niño. En ese sentido, explicó: “En dicha se determina que es niño todo ser humano que no hubiere llegado a la edad de 18 años, salvo cuando la legislación determine que la mayoría se llega a una edad más temprana; en ese caso, para ese país se cumple con la convención con una edad más temprana- Esto significa que para estar en línea con una convención que tiene jerarquía constitucional quedaría tambaleando”.

Además, el constitucionalista detalló que una de las claves de dicha convención “es la protección del interés superior niño”, y se preguntó “si la reducción de la edad, que implica la pérdida de una cantidad de elementos de contención y de apoyo, lleva a cumplir con ese interés superior, o por el contrario, lo debilita”.

Sabsay también dijo que “otro tema es que se declara facultativo el voto de 16 a 18 años, esto incurriría en una clara inconstitucionalidad”, y destacó: “Acá se cita, como una suerte de salvaguarda, la existencia de una disposición vigente de la Ley Sáenz Peña, que es precisamente el carácter facultativo para los mayores de 70 años. Esa disposición fue, en realidad, producto de una gran desprolijidad. Hay motivos razonables para que personas de dicha edad puedan decidir no cumplir con el voto, pero de todos modos, de manera objetiva, eso es inconstitucional. Entonces dar una inconstitucionalidad para implantar una nueva me parece, como argumento, muy pobre”.

Finalmente, el constitucionalista sostuvo que “sería interesante tratar en niveles locales, municipales y provinciales, la posibilidad de primero hacer un ensayo y que se elijan las autoridades, no implantar de una vez y para siempre la totalidad de la capacidad de esa franja”, y concluyó: “Me parece importante tener en cuenta que de hacerse esta modificación, hay que adecuar varias normativas. En primer lugar, las provinciales y locales. La parte dogmática de la Constitución es una suerte de piso. El artículo 15 dice que las provincias, por lo menos, tienen que respetar ese piso”.

Sabsay y las prioridades previas al proyecto de voto joven

Al inicio de su exposición, el abogado aseveró: “Antes, creo que es fundamental tener en cuenta que todo lo que tiene que ver con lo electoral tiene que ver con un sistema, es decir, con una cantidad de elementos entre los cuales hay que dar cierta prioridad a algunos sobre otros. Me refiero al modo como se vota, a través de las boletas múltiples, el único país de América latina donde se hace de esa manera, a pesar de los proyectos que ha habido sobre la boleta única que existe en tantos países y con experiencias sumamente satisfactorias, incluyendo a las experiencias de provincias como Santa Fe y Córdoba.

Sabsay también consideró fundamental “el control de las elecciones”. En ese sentido, detalló: “Nosotros somos uno de los raros países, en Latinoamérica, el único, en que gran parte de lo electoral cae bajo control de un organismo político. La Dirección Nacional Electoral integra el ministerio político por excelencia, que es el ministerio del Interior. Eso ubica a este ministerio en un juez y parte, y en un factor fundamental del control de todos los actos electorales, inclusive en un momento en que existen serios problemas sobre la falta de medios para poder controlar los asientos que sirven como base para la confección de los padrones”.

Por último, el constitucionalista expresó que le sorprende “que cada vez que en la Argentina estamos en las vísperas de un proceso electoral, aparece una suerte de gran voluntad de modificación del sistema electoral”, y resaltó: “Es, por lo menos, sorprendente, y lleva a algo que vengo aconsejando hace años y que está inserto en algunas constituciones, como por ejemplo, la de Bolivia, que es una disposición que establezca que toda reforma sólo pueda regir a partir del mandato siguiente al de las autoridades durante cuyo mandato se llevó a cabo esa reforma. Es una cláusula corta pero sumamente sabia porque desaparece la posibilidad de pensar que una reforma se lleva a cabo con la voluntad de beneficiar a alguien, sea el oficialismo de turno o a alguien de la oposición”.