Una decena de legisladores nacionales de la oposición, presentaron una denuncia penal contra los integrantes del Consejo de la Magistratura Manuel Urriza, Stella Marís Córdoba, Marcelo Fuentes, Ada Iturrez de Capellini, Carlos Moreno y Hernán Ordiales; y contra de la postulante del concurso Nro. 258 del Consejo de la Magistratura, María Lorena Gagliardi, candidata del Gobierno Nacional para ocupar la vacante del Juzgado Federal Civil y Comercial Nro. 1, de la Capital Federal, ya que a su juicio no reúne la totalidad de los requisitos para tomar el cargo de juez, y continuar con la tramitación del juicio iniciado por Grupo Clarín.

Quienes impulsan la denuncia aseguran que los imputados habrían ejercido abuso de autoridad, y violado los deberes de funcionario público.

“La maniobra ilegítima llevada a cabo por los consejeros denunciados consiste en, por un lado, otorgar mayor puntaje al que legalmente le corresponde, a la candidata María Lorena Gagliardi y por el otro, forzar la exclusión de consejeros no oficialistas para así lograr imponer la misma mediante la aprobación del concurso”, afirmó el diputado radical Ricardo Buryaile. La evaluación de antecedentes estuvo a cargo del consejero Oscar Aguad, quien la calificó en el puesto N°15, “para finalizar dentro de la propuesta de ternas en el lugar Nº 6, produciéndose posicionamiento acomodado en el concurso”, denunció el legislador.

Además, los denunciantes consideran que la mejora sustancial de la posición, no se debió a ningún mérito de la postulante, sino que fue posible gracias a que la doctora Gagliardi recibió un puntaje mayor por sus antecedentes académicos, al que le hubiere correspondido.

Por otro lado, destacan que los consejeros denunciados pretenderían forzar la exclusión de consejeros no oficialistas para así lograr imponer su opción mediante la aprobación del concurso Nro. 258.

“La maniobra consistiría en apartar con falsas denuncias y falsas mayorías a los consejeros Ricardo Recondo y Oscar Aguad para que de esa manera el bloque oficialista pueda obtener la mayoría de los dos tercios de los presentes para la aprobación del concurso”, revela Buryaile. Debe tenerse presente que el Reglamento del Consejo no permite que los propios consejeros decidan el apartamiento de un par sin la previa realización de un procedimiento con las garantías de defensa.

Es por ello que la eventual suspensión de los Consejeros Aguad y Recondo, debería guardar las formas requeridas por la Ley que rige el funcionamiento del Consejo, y en caso de continuar con el proceso de selección de magistrados sin un reemplazo resultaría ilegítimo y violaría el artículo 114 de la Constitución Nacional que impone el equilibro en la representación. “De impedirse a Recondo que vote en el plenario, se afectará la representación del Poder Judicial en el Consejo de la Magistratura de la Nación, y de impedirse el voto de Aguad, se afectará la representación del bloque de Diputados”, reclamó Ricardo Buryaile.