Pasaron poco más de tres meses desde el día en el que con voz emocionada, la Presidenta recordó uno a uno, por nombre y apellido, a los gendarmes fallecidos en un accidente en la ruta cuando viajaban desde Chubut a Mendoza tras haber sido convocados por la protesta de un inclasificable grupo sindical en el yacimiento de Cerro Dragón. En esa oportunidad, la propia mandataria detalló uno por uno los sueldos de las víctimas y reconoció que eran bajos. Los comparó con los de los petroleros que protestaban. Ese tramo del discurso fue repetido una y otra vez estos días en los que justamente gendarmes y prefectos protagonizan una inédita protesta de índole salarial.

Como suele suceder, esa vez las palabras de Cristina Fernández tenían múltiples destinatarios. Le habló al sindicalismo belicoso en vísperas del desafío que encabezaría ese mismo día de fines de junio Hugo Moyano en Plaza de Mayo. Le habló a los jueces que eludían la responsabilidad de tomar decisiones, y también a los gobernadores, que a partir de ahora tendrían que arreglárselas para solucionar sus conflictos internos en materia de seguridad por las suyas: ya no enviaría más gendarmes para apagar incendios, dijo. Con ese mismo razonamiento, ordenó que la Policía Federal no custodiase la protesta de Moyano de esa jornada.

Ese 26 de junio, en Bolivia, Evo Morales llevaba seis días lidiando con el amotinamiento de los agentes de policía. Los uniformados reclamaban un salario de 531 dólares, la anulación de un régimen disciplinario de la policía, jubilación con el 100% del último salario, creación de una defensoría policial y garantías para que los amotinados no sufrieran represalias. El gobierno de Evo calificó el motín como el preludio de un intento de golpe de Estado. La protesta concluyó al séptimo día, con un aumento de 14 dólares para los policías, un bono adicional de 26 dólares, otro semestral de alimentación y la promesa de conformar comisiones técnicas para modificar la ley de régimen disciplinario y para la futura jubilación de los policías.

Varias fuentes consultadas por este medio coincidieron en asegurar que el secretario de Seguridad, Sergio Berni, había alertado hace más de un mes sobre el clima deliberativo que en materia salarial existía en las fuerzas de seguridad que hoy protestan. El funcionario lleva adelante las negociaciones ante los uniformados y las mismas fuentes dijeron desconocer el margen de acción que el ascendente secretario podría llegar a tener a la hora de hacer concesiones. “No debe ser amplio”, aventuró el hombre de consulta de un importante funcionario.

La protesta encendió las luces de alarma en todos los niveles de la administración kirchnerista, donde más allá de la tendencia de algunos a vincular el planteo con hipótesis insurreccionales, hay coincidencia en general en descartar semejante trasfondo, aunque la mayoría admite que “no faltan los trasnochados que se acoplan a estas movidas para fogonearlas con claras intenciones desestabilizadoras”. Advierten, eso sí, que este amotinamiento representa un peligroso llamado de atención, hacia adentro y hacia fuera.

Quienes sospechan que el margen de negociación de Berni es estrecho, se basan en la decisión inicial de extender hasta el martes el plazo para una respuesta al petitorio. No tiene sentido plantear ese plazo como estrategia de desgaste en un conflicto que para entonces habrá cumplido una semana. Una historia iniciada en Prefectura por un decreto que representó nafta para una situación que ya se presentaba como incandescente. Y que tras extenderse a Gendarmería, dio origen a un petitorio con demandas difíciles de conceder.

El gobierno no tiene márgenes presupuestarios para acceder al aumento reclamado por las fuerzas de seguridad. Gendarmes y prefectos exigen un mínimo de 7.000 pesos que es justamente lo que perciben los efectivos de la Policía Metropolitana; de acceder a esa demanda, no pasaría un día sin tener planteos desde las otras fuerzas, se llegue o no a nuevos acuartelamientos. El efecto dominó podría extenderse también a las fuerzas provinciales, temen los gobernadores.

Tampoco son de sencilla resolución otras demandas incluidas en el petitorio. “El cambio a una obra social digna que tenga cobertura en todo el país”, supone reemplazar la del Ejército, IOSE. Ello implicaría, advirtieron desde el gobierno, nada menos que la quiebra de esa obra social. Piden también que no haya sanciones para los rebeldes, y esa sería otra concesión que el gobierno no considera que esté en condiciones de aceptar.

A la hora de las facturas, en el gobierno miran hacia Nilda Garré, y cargan tintas sobre su hermano Raúl, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad.

Para colmo de males, esta semana habrá una protesta de la CTA y el moyanismo, que por exigencia de las Madres de Plaza de Mayo se adelantó del jueves al miércoles. Si bien descuentan que no habrá efectivos de seguridad que se plieguen a la marcha, en el gobierno no quieren llegar a ese día con dos polos de protesta en la ciudad.

Al clima enrarecido se sumó el extraño secuestro de Enrique Alfonso Severo, que tuvo en vilo a todo el mundo el día jueves, hasta que sobre el cierre de los diarios el testigo del juicio por el crimen de Mariano Ferreyra apareció. La resolución positiva causó gran alivio, pero abrió múltiples interrogantes, aun en el propio seno del gobierno.

El discurso del verborrágico Severo posterior a su aparición contribuyó a sembrar ciertas dudas, y del temor a que se tratara un nuevo Jorge Julio López, se pasó a la comparación con el caso Luis Gerez, un testigo en el juicio contra Luis Patti, que estuvo dos días con paradero desconocido y apareció dos horas después de una cadena nacional del presidente Néstor Kirchner.

Deberá consignarse como un hecho saliente de esta semana política signada por la protesta de uniformados el perfil bajo de la Presidenta de la Nación. Arrancó hablando el lunes, en su reaparición tras la incursión estadounidense; luego estuvo en una cumbre en Perú, y después sólo participó de un acto protocolar el miércoles, con el presidente de El Líbano. Ya con el conflicto con fuerzas de seguridad abierto, no habló de temas nacionales.

Sí lo había hecho, como dijimos, el lunes en el que tocó varios temas, pero se ocupó largamente de las trabas a la comercialización de moneda extranjera, enfatizando su rechazo al término “cepo” para referirse a la cuestión. Si bien justificó y ratificó la vigencia del “cerrojo” -término puesto en boga a partir del pedido presidencial-, trascendió que se estaría pensando en aliviar un poco esas trabas. Podría haber una flexibilización para permitir el giro de utilidades de empresas al exterior.

Puede que en este tema se haya tenido en cuenta la experiencia del CEO de YPF, Miguel Galuccio, que en sus giras por el extranjero en busca de inversores encuentra mucho interés, pero siempre la misma pregunta de los empresarios petroleros: de qué manera podrán retirar el dinero que obtengan.