“El Poder Ejecutivo Nacional, el bloque del Frente para la Victoria y las autoridades de la Cámara de Diputados gestionan la sanción de las leyes de presupuesto puede finalizar con la aprobación del proyecto sin ningún tipo de modificaciones y con una cerrada negativa oficial a discutir siquiera una coma de su texto, no podemos votar el Presupuesto a libro cerrado”, explicó el diputado Enrique Vaquié.

El economista afirmó: “A pesar de lo que diga Frente para la Victoria, no citamos a los funcionarios del Poder Ejecutivo para nuestra diversión sino para consultarlos respecto al destino de las partidas presupuestarias. Por ejemplo, a pesar del contexto inflacionario actual, el proyecto del Ejecutivo no contempla aumentos adicionales en los salarios públicos, en las asignaciones familiares, en la Asignación Universal por Hijo y en las transferencias a las universidades nacionales. Cuestiones que de ninguna manera la UCR puede pasar por alto, sobre todo, cuando adicionalmente a esto, el esquema de ingresos de la AFIP, que se nutre del 1,9% de la recaudación tributaria nacional. Esto implica que hoy este organismo recibe más recursos tributarios que 21 de las 24 jurisdicciones subnacionales. Es decir, es la tercera ‘provincia’ en términos de transferencias de impuestos nacionales”.

Vaquié recordó que “el Presupuesto deberá ser una de las herramientas que armonice las diferencias que surgen de las deficiencias del sistema federal que, en las actuales circunstancias, es víctima de una institucionalidad que fortalece los desequilibrios, fundamentalmente en la asignación geográfica del gasto”.

Entre otras cuestiones, ex ministro de Hacienda de Mendoza destacó que “el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo pretende subsanar los efectos de la absurda, continua e intensa delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo: en los artículos 53° y 54° se pretende dar un golpe al principio de irretroactividad de las leyes, procurando ‘legalizar’ una situación que ha sido cuestionada por su constitucionalidad y cuyo cuestionamiento aún está en debate en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dados los cargos tributarios creados por decreto en relación al cuadro tarifario aplicable a los usuarios de gas natural, y esta situación a la par de su baja calidad institucional dejaría indefensos a los usuarios en el futuro”.