Todos sabemos que la recuperación de nuestra democracia en el año 83 fue producto de la locura de Malvinas y no de una disputa popular capaz de acorralar a los militares. Así, la democracia nació más por retroceso de los militares que por avances de la ciudadanía organizada. Esto permitió que los factores de poder existentes antes del 83 quedaran prácticamente intactos después de la asunción de las autoridades elegidas.

Empezó entonces nuestro sistema a ponerse en movimiento con dificultades, con falencias y con una pesada herencia de muertes, injusticias, crisis sociales y económicas y la imperiosa necesidad de reconstruir al Estado en todos sus planos y niveles. Llegamos a los tumbos (levantamiento militares de por medio) a la década de los 90 donde se rifó literalmente al Estado. Un combo de democracia débil y Estado ausente, con el aditamento de una enorme brecha social entre los muchos que nada tienen y los pocos que tienen todo; de esa manera se fue edificando un escenario muy propicio para el afincamiento de sectores criminales que ven en un Estado débil su oportunidad.

Paralelamente los E.E.U.U. decidió llevar adelante la llamada “Guerra a las Drogas” en Colombia; y esta equivocada decisión, que lejos de resolver el problema lo profundizó, produjo el efecto de desplazar territorialmente a algunas de las actividades del crimen organizado. Entonces se definen nuevas rutas de la cocaína, nuevos lugares donde producir, otras modalidades y destinos donde lavar el dinero producido por el delito y además otros mercados donde vender las sustancias ilegales.

En este contexto es que las organizaciones criminales encuentran en nuestro país un lugar “Apto” para seguir desarrollando sus lucrativos negocios, operando sobre una economía con un importante porcentaje de informalidad (lo que hace mucho mas sencillo el lavado), empiezan a corromper estructuras de las fuerzas de seguridad, a controlar territorios donde vender o producir sustancias, a garantizar rutas nuevas y también a elegir a nuestro país como lugar de residencia personal y familiar, a hacer uso de la disponibilidad de precursores químicos en nuestro país; y todo les resulta relativamente fácil.

Es inevitable y necesario decir que la dirigencia política no vio o no quiso ver el avance del narcotráfico y de todas las circunstancias que hacían vulnerable a nuestra república. La marginalidad social, la debilidad del Estado, la precariedad de los sistemas educativos y sanitarios, sumados a otras razones de orden geográficas o económicas como por ejemplo la salida al océano atlántico, la cercanía a países productores, la enorme extensión fronteriza, la disponibilidad de precursores y la informalidad de la economía ya mencionada, presentaba a la Argentina como un país propicio para esta actividad delictiva.

También y como ventaja comparativa favorable nuestro país ofrece mano de obra calificada, por ejemplo en manejo de precursores; y cuerpos de profesionales (jurídicos y contables) imprescindibles para una etapa importantísima como es la del lavado del dinero sucio obtenido por los delitos.

En este marco crece en Argentina y en Santa Fe el consumo, el trafico y la producción de sustancias ilícitas y esto significa el surgir y el consolidarse de bandas y organizaciones que se disputan el “negocio”, en ocasiones a los tiros y empezamos a familiarizarnos con los mal llamados ajustes de cuentas, que constituyen asesinatos casi siempre impunes.

El narcotráfico es sinónimo de corrupción y esa contaminación a los distintos niveles del estado es letal para nuestra democracia. Cada funcionario estatal sea de las fuerzas de seguridad, sea del poder político o judicial corrompido es un avance del crimen organizado sobre el sistema democrático y así tenemos cada vez menos y peor democracia.

El desarrollo de organizaciones criminales que además de involucrarse con el narcotráfico suelen estar relacionadas o complementadas con la trata de personas o el tráfico de armas o de autos, sustentado sobre el avance corrompedor sobre las fuerzas estatales genera impunidad y complicidades que invariablemente se traducen en mayores y crecientes niveles de delincuencia común y por ende inseguridad.

Es imposible entender los niveles de inseguridad sin relacionarlos con el desarrollo del crimen organizado y más puntualmente del narcotráfico, sin esta presencia que socava las instituciones de la democracia no tendríamos a la inseguridad al tope de cualquier encuesta que se quiera hacer.

Es por eso que una política seria que pretenda reducir los niveles de inseguridad debe contemplar cómo reducir a las organizaciones criminales que operan en nuestra región. Es innegable que hay muchas otras razones que evaluar a la hora de pensar políticas que nos conviertan en una sociedad más segura como la socioeconómica o la sociológica o cultural, pero sin disminuir el narcotráfico será muy difícil.

La inseguridad se apoya en la impunidad, la complicidad de sectores de las fuerzas de seguridad estatales, en ocasiones en la ineficacia judicial y la inoperancia de algunos dirigentes políticos y esto se puede traducir en FALTA DE PRESENCIA Y EFICACIA ESTATAL. A mayor narcotráfico menos Estado y a menos Estado más inseguridad. Ese es el desafío y esa es la principal tarea de todos los que tenemos responsabilidades institucionales.

Fabián Peralta es diputado de la Nación del Gen-Santa Fe