El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, salió a recordar que el radicalismo, cuando designó a Leandro Despouy al frente de la Auditoría General de la Nación en 2002, “invocó la misma ley” que establece una duración de ocho años de mandato, con lo cual el cargo estaría vencido.

“Ante la falta de acreditación correspondiente, hay que subsanar y regularizar la situación”, pidió Domínguez al titular de la UCR, Mario Barletta, quien debe ratificar por escrito a Despouy o proponer a otro auditor a elección del partido.

El presidente de la Cámara baja sostuvo que “no hay intención de avasallamiento”: “Nos estamos ajustando a la ley”, aseguró, y añadió: “Esperemos que se formalice esto por el bien de la propia Auditoría; de lo contrario, es llenar de palabras que no nos van a conducir a ningún lado”.

Al concluir, pidió al radicalismo “que no afecte los institutos de la democracia y la Constitución”, que consagra este derecho a la primera minoría en su artículo 85.

En tanto, desde Diputados ya se le exigió a Barletta, mediante una carta, que remita a las presidencias de ambas cámaras la designación del titular de la AGN, que luego debe ser aprobada mediante una resolución conjunta.

Despouy fue propuesto por la UCR a través de una carta de su presidente, Ángel Rozas, el 19 de febrero de 2002, y los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados aprobaron la designación el 19 de marzo de ese año.

Sin embargo, según dispone el artículo 121 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, los auditores generales permanecen en sus cargos durante ocho años; por ende, el mandato de Despouy venció formalmente el 19 de marzo de 2010 –hace más de dos años-, pero nunca se propuso formalmente a un nuevo presidente ni se ratificó al doctor en el cargo.

Mientras tanto, quedaría para la Justicia evaluar la validez de los dictámenes emitidos por la AGN durante los dos años “irregulares” en los que Despouy fue presidente “de hecho”.