Durante la última semana salieron a la superficie viejos problemas que por no ser resueltos oportunamente son causas de nuevas situaciones conflictivas. Si acertamos en el diagnóstico tal vez podamos aprovechar los dolores de cabeza generados, como la oportunidad para interpretar adecuadamente el origen de las dificultades y hallar las soluciones efectivas, las que recaen fundamentalmente en la responsabilidad de los Gobiernos de la Nación y de la Provincia, pero que también como sociedad que las padece, sus integrantes nos vemos convocados a reflexionar.

El reclamo de Prefectos y Gendarmes emerge después de muchos años de percibir remuneraciones escasas y con componentes no remunerativos (en negro) que alcanzan aproximadamente el 50% del salario, lo que supone que al retirarse o acogerse al beneficio jubilatorio, pierden la mitad de sus haberes quedando condenados a situación de pobreza, por un Estado que en los últimos años se ha ufanado de los superávits presupuestarios logrados. La misma injusticia sufren los miembros de las Fuerzas Armadas y otras de Seguridad. Ello entonces no ha sido por falta de recursos ni por omisión. El abandono ha formado parte de los prejuicios ideológicos del Oficialismo que pretende continuar castigando a los uniformados por los delitos que cometieron algunos miembros de las Fuerzas Armadas hace más de tres décadas y revela, en consecuencia, la necesidad de completar una auténtica inserción de las mismas en la Democracia republicana y federal, revalorizando su rol estratégico, fortaleciendo su profesionalización y dotándolas de los medios necesarios para ello.

Ahora bien, mucho se ha dicho en estos días sobre la modalidad de la protesta llevada adelante por los Prefectos y Gendarmes. Calificada como desestabilizadora por algunos voceros del Kirchnerismo, no sostuvieron ellos que debían hacer los titulares de los reclamos, quienes además de las insuficiencias salariales antes mencionadas debieron soportar los descuentos derivados de la aplicación de un decreto disparatado. ¿Debían resignarse ante este nuevo hecho, ante una ya consolidada injusticia?

Corresponde en este estado reflexionar respecto de qué derecho le otorga la República a quienes deben hacer oír sus demandas laborales al Estado que les ha otorgado las armas para defender a la Nación y a sus ciudadanos. Desde nuestro punto de vista consideramos que es necesario institucionalizar el ámbito y el procedimiento para canalizar dichos reclamos y resolver los conflictos que pudieran plantearse y es por ello que la agremiación surge como el canal natural para que los hombres y mujeres uniformados puedan bregar por sus legítimos derechos ante el Estado, en tanto empleador. Ello claro con las adaptaciones obvias de las modalidades de protesta ya que no puede aceptarse la huelga como en otras actividades, en virtud de que se trata del servicio esencial, público e impostergable de proteger a la ciudadanía. En tal sentido estamos trabajando desde el Frente Amplio Progresista, a partir de una iniciativa de los Diputados Margarita Stolbizer y Víctor De Gennaro, para proponer próximamente un proyecto de Ley que habilite la representación para la negociación laboral de los miembros de las Fuerzas de Seguridad.

Contemporáneamente a lo antes señalado, otro hecho también mostró problemas de fondo irresueltos y una actitud oportunista, paranoica y reduccionista del Oficialismo. El secuestro del testigo Alfonso Severo, clave según indican quienes han seguido las instancias de la investigación del homicidio de Mariano Ferreira, revela la vulnerabilidad del sistema de seguridad, que no brindó protección oportuna y tampoco pudo desbaratar el secuestro. Así como agredieron a Severo pudieron haberlo matado sin que la Policía lo evitara.

Es una evidencia, como tantas que ocurren lamentablemente a diario, que estamos ante un grave problema que el Estado no ha podido abordar satisfactoriamente. Todavía no contamos con una Política de Estado integral en materia de seguridad, con una amplia base de consenso político que permita sostenerla en el tiempo. Las debilidades de las Instituciones del Sistema Penal (Policías, Justicia, Servicio Penitenciario, Patronato de Liberados ) y la ausencia de políticas sociales que rescaten y ofrezcan oportunidades a grupos en situación de vulnerabilidad, se reflejan en el crecimiento del crimen organizado, especialmente derivado del narcotráfico, y en las abultadas estadísticas sobre homicidios, asaltos, robos, etc. Es necesario que el Oficialismo asuma el problema a nivel nacional y provincial y convoque a la oposición a trabajar seriamente para sentar las bases de una Política de Estado; pero la actitud del Gobierno Nacional dista mucho de ello, la insostenible Ministra de Seguridad Nilda Garré parece más entretenida en las disputas internas con su segundo Sergio Berni y en tratar de trasladar responsabilidades al Gobernador de la Pcia. de Buenos Aires para contribuir a su desgaste político, mientras éste aparece mostrándose compungido en el velorio de las víctimas como si fuera un ciudadano más, espectador de la realidad. En ese marco, el Ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, intentó ubicar el secuestro de Severo en el medio de la puja gubernamental con el Grupo Clarín por la aplicación de la Ley de Medios Audiovisuales, recibiendo al instante la desmentida de la misma víctima.

Ambas situaciones reclaman urgente responsabilidad y estatura de estadista a la Presidenta de la Nación y al Gobernador de la provincia de Buenos Aires, para que los problemas irresueltos no se constituyan en las causas de problemas más graves.

Diputado nacional Gen Buenos Aires