El diputado nacional Julio Martínez (UCR-La Rioja) denunció penalmente al Gobierno por presunta violación a la Ley Penal Tributaria ante el “reconocimiento oficial de pagar en negro los salarios de las fuerzas armadas y de seguridad”. La causa quedó radicada en el Juzgado Penal Tributario N° 1 a cargo del doctor Javier López Biscayart.

Ante las protestas llevadas adelante por efectivos de la Prefectura y la Gendarmería, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el titular de Economía, Hernán Lorenzino, reconocieron un procedimiento “irregular” para la liquidación de haberes, de dichas fuerzas de seguridad. “Por ellos queremos saber si los hechos que ambos describieron no se encuadran en los delitos de evasión simple y agravada, por el monto y cargo de los funcionarios, de impuestos”, dijo Martínez en su presentación.

“El sistema de liquidaciones vigentes para el personal de las Fuerzas Armadas tiene un importante componente denominado adicionales, todos de carácter no remunerativo y significan hasta el 60 por ciento del sueldo: en el caso de la Prefectura el 67, y el 80 por ciento en Gendarmería. El término adicional es un eufemismo, estamos en presencia de un pago en negro”, explicó.

Martínez indicó que “esta modalidad significa un importante perjuicio para el fisco, ya que sólo se retienen ganancias por la parte que queda en blanco, y el sistema previsional, al recibir menos aportes queda desfinanciado”.

“Esta política salarial llevó los haberes de los retirados a cobrar en algunos casos solo el 40 por ciento de lo que reciben los activos y generó una inusitada cantidad de juicios contra el Estado”, agregó.

Remarcó que “históricamente los suplementos y adicionales no llegaban a alcanzar el 20 por ciento del haber mensual” y que “fueron incrementados a partir de decretos que firmaron el expresidente Kirchner y la actual presidente Cristina Fernández”.

“El Gobierno reconoció esta situación en la conferencia de prensa ofrecida por Abal Medina y Lorenzino, pero ambos reconocieron explícitamente, el pago en negro, pero eludieron sus responsabilidades y la de quienes firmaron los decretos”, cuestionó Martínez, quien estuvo acompañado por la diputada nacional Inés Brizuela y Doria (UCR-La Rioja).

“Esta es una contradicción más del modelo que se dice progresista y precariza el salario de quienes tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de todos los argentinos”, declararon Martínez y Brizuela y Doria al salir del palacio de los Tribunales”.

También acompañan la denuncia los diputados radicales Oscar Aguad; Juan Pedro Tunessi; Bernardo Biella Calvet; Luis Sacca; Mario Barbieri; Miguel Bazze; Hugo Castañón; Patricia De Ferrari; Hipólito Faustinelli; Hugo Maldonado; Pedro Molas; Linda Yagüe, y María Luisa Storani.