La comisión recibió al Consejo Federal de Medio Ambiente y aprobó el proyecto que ahora fue girado a Industria y Presupuesto. Tratarán convertirlo en ley antes de noviembre para que no pierda estado parlamentario.
Tras dos años de idas y vueltas la Cámara de Diputados parece decidida en avanzar con el proyecto de ley para regimentar el tratamiento de los residuos electrónicos. El kirchnerismo, que hasta el momento se negaba prestar quórum, decidió concurrir a la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que finalmente despachó la iniciativa.
Los diputados escucharon al secretario del al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), Alfredo Montalvan, que según anticipó enviará observaciones para que sean contempladas durante el debate en el recinto.
Ahora el proyecto deberá ser aprobado por las comisiones de Industria y de Presupuesto que presiden los diputados Daniel Germano (Frente Peronista) y Roberto Feletti (FPV), respectivamente.
El proyecto impulsado por el senador Daniel Filmus (FPV) ya cuenta con la aprobación del Senado, pero perderá estado parlamentario si Diputados no lo convierte en ley antes del 30 de noviembre.
Precisamente este martes Greenpeace se manifestó en las escalinatas del Palacio Legislativo en reclamo de la Ley de Residuos Electrónicos. La coordinadora de Unidad Política de la ONG, Consuelo Bilbao, señaló que “es indispensable una ley que separe a los residuos electrónicos del flujo de la basura común, que permita el reciclado y la recuperación y disponga que los productores se hagan cargo de la gestión de estos aparatos una vez finalizada su vida útil. Esa responsabilidad recae hoy sobre el Estado”.
Detalló que “además de contener sustancias tóxicas, estos residuos tienen materiales valiosos que pueden ser recuperados y reciclados, que hoy se están tirando a la basura”, y señaló que “más del 95 por ciento de un celular puede ser recuperado”. “No sólo se contamina el ambiente sino que se dilapidan recursos valiosos que deberían ser reaprovechados por la industria”, sostuvo.
La ley obligaría a las empresas a hacerse responsables legal y financieramente de la gestión de reutilización y reciclado de los residuos de sus propios aparatos y dispone la prohibición de sustancias tóxicas en la fabricación.
En este sentido, Bilbao explicó que “en 2011 se descartaron 10 millones de teléfonos celulares, aparatos que hoy llegan escasamente a los dos años de vida útil, lo que demuestra claramente el ritmo de consumo y descarte de este tipo de aparatos y el problema al cual nos enfrentamos, una bomba de tiempo”.
