Recientemente integrada al interbloque FAP, la senadora María Eugenia Estenssoro realizó una autocrítica sobre la fallida experiencia del Grupa A y pidió dejar de lado los personalismos para conformar una fuerza política amplia capaz de competir contra el kirchnerismo en las próximas elecciones.
La oposición comienza a mover sus fichas para 2013 y, a modo de trampolín, con miras a las presidenciales del 2015. De esta manera, la senadora María Eugenia Estenssoro, única representante de la Coalición Cívica en la Cámara alta, decidió integrarse al Frente Amplio Progresista e incluso le hizo un guiño a la UCR: “Creo que tenemos que buscar y encontrar los consensos que no encontramos en su momento con el radicalismo”.
Restándole importancia a las críticas del diputado Claudio Lozano con respecto a la integración en el FAP, en diálogo con Parlamentario reflexionó que muchas veces “tomamos demasiado tiempo en ver y arreglar las cuestiones internas”, en lugar de ocuparse de las demandas sociales. Además, admitió que se “sobrevendió” la idea del Grupo A en el 2009 y que aún quedan “temas muy personalistas” por resolver.
– ¿Por qué decidió sumarse al interbloque FAP?
– En realidad es una decisión que discutimos en el seno de la Coalición Cívica durante el congreso de noviembre pasado, tras el resultado electoral. Allí se resolvió a través de una mayoría, recomponer los acuerdos programáticos y electorales con las fuerzas políticas con las que habíamos compartido alianzas. Recordemos que en el 2007 la Coalición Cívica surge con el acompañamiento del socialismo cuando Elisa Carrió se presenta en las presidenciales secundada por Rubén Giustiniani. Más tarde, en el 2009, se amplía el espacio y se funda el Acuerdo Cívico y Social que integró también el radicalismo. Entiendo, y creo que es el espíritu de mis compañeros en la CC, que ése es el camino a seguir. A veces nos tomamos demasiado tiempo en ver y arreglar las cuestiones internas, y nos olvidamos de los ciudadanos que están exigiendo que nos pongamos al frente de sus reclamos, la marcha convocada por las redes sociales fue un claro ejemplo. Nosotros debemos dar muestras claras que estamos dispuestos a generar los consensos y crear un espacio político que pueda presentarle una alternativa de Gobierno a la sociedad. En 2013 son las elecciones legislativas, pero el 2015 está acá nomás…
– Sin embargo el diputado Claudio Lozano aseguró que su llegada no fue consensuada internamente con los miembros del FAP.
– Yo recibí apoyos por parte de Humberto Tumini, Margarita Stolbizer, Jaime Linares, Victoria Donda, Rubén Giustiniani y del propio Hermes Binner. Incluso Víctor de Gennaro aseguró en los medios que el FAP no debía tener miedo de ensanchar sus filas. Muy posterior fue el comentario de Claudio Lozano, que me lo vienen preguntando como si eso fuera lo único importante. Él es integrante de una fuerza política mucho más amplia, así como yo. La visión de Lozano se puede conversar, pero no me parece lo más importante. Este es un acuerdo parlamentario, por el momento, y luego evaluaremos si las condiciones están dadas para que la Coalición Cívica se incorpore al FAP, que creo que es lo que el Frente Amplio necesita especialmente en la provincia de Buenos Aires.
– Pero incluso recordó como algo negativo que su padre estuvo vinculado al proceso de privatización de YPF.
– Mi padre fue titular de YPF y diseñó el modelo que después adoptó Petrobras de manera exitosa, porque no vendió la compañía a manos privadas como lo hicieron Carlos Menem y Néstor Kirchner. Nosotros hicimos todo lo contrario y hoy YPF es una pequeña empresa irrelevante en cuestión de financiamiento y que la están endeudando cada vez más. La presidenta admitió en la inauguración del nuevo período parlamentario frente a la Asamblea Legislativa que la mejor gestión de YPF había sido la de mi padre, cuando la compañía tuvo ganancias récords y mayores resultados en producción y ampliación de reservas.
– ¿El de los hidrocarburos es un tema para debatirlo en el seno del FAP?
– Si se quiere mirar un modelo para el desarrollo de los hidrocarburos hacia el futuro, se tiene que mirar el modelo brasileño que se caracteriza por una fuerte presencia y regulación del Estado, pero a su vez con una participación del sector privado en el desarrollo de esa industria petrolera. A mí me gustaría discutir esto frente al FAP. El modelo de Mosconi que ayudó a la expansión de YPF en los años ’30, fue perfecto para principios del Siglo XX, pero que no es viable en los primeros años del Siglo XXI en Argentina. Obviamente no tengo toda la verdad, pero debemos prestarle una real atención al sector energético que atraviesa serios problemas en el país.
– ¿Tuvo oportunidad de dialogar al respecto con algún miembro del oficialismo?
– El Gobierno no tiene voluntad de diálogo. Incluso le escribí una carta a Cristina Fernández en la cual le explicaba cómo sus ministros, como Julio De Vido, habían sido los responsables del desastre energético y petrolero en la última década, con resultados nefastos. El Gobierno no ha podido cambiar la política petrolera y ese es el problema que tiene el pobre señor Gallucio, que cuenta con todas las capacidades pero que en este contexto no va a poder recuperar a YPF ni a todo el sector energético. En los últimos seis meses la importación de combustibles ha crecido y lo va a seguir haciendo porque el país produce cada vez menos petróleo, a pesar de los anuncios y leyes rimbombantes. Hay una política petrolera que va en contra del desarrollo de la industria nacional.
– ¿Cómo debería ser el trabajo de aquí en adelante para presentarse como un contrapeso para el Frente para la Victoria?
– Eventualmente creo que tenemos que buscar y encontrar los consensos que no encontramos en su momento con el radicalismo, porque sería la única manera que al Frente para la Victoria se le pueda presentar una alternativa de una fuerza política amplia que pueda competir exitosamente en las próximas elecciones. Ninguna de estas fuerzas solas pueda hacer eso. El sistema bipartidista argentino hizo una implosión una década atrás y no se ha vuelto a recomponer, se han derivado muchas vertientes que deben ser conquistadas por un frente amplio. De lo contrario la política de la Argentina va a continuar dirimiéndose en una interna del Partido Justicialista. La sociedad no puede ir hacia una democracia de partido único como el PRI en México, porque esos sistemas son necesariamente autoritarios. Yo quise dar una señal: que la Coalición Cívica tiene que converger con el Frente Amplio Progresista en base a acuerdos programáticos y debemos discutir temas claves en donde no hay consensos. Incluso no hay acuerdos dentro de la misma CC y el FAP.
– ¿Una de las principales críticas del FpV es la experiencia fallida del Grupo A?
– Tal vez sobrevendimos la idea de que la oposición tenía mayoría en el Congreso, porque en el Senado nunca ocurrió eso: duró 24 horas. Carlos Menem era el voto 37 y un día estaba de este lado y al otro se pasó, votando siempre con el FpV. En Diputados parecía que había una mayoría opositora integrando las distintas fuerzas políticas, pero la realidad es que se fue desgranando. La verdad veo una situación de empate, que empantanó el Congreso durante dos años. No lo estoy justificando, sino que nunca hubo una correlación de fuerzas mayoritarias y así fuimos perdiendo, por problemas de cartel, posicionamiento frente a las elecciones presidenciales. Los dirigentes de la oposición no pudimos presentar una agenda superadora de problemas estratégicos a resolver. Mostrar que todavía hay una alternativa distinta de país es una deuda pendiente que es, personalmente, lo único que me interesa tratar.
7 de diciembre
– Según la Ley de Medios, ¿el Grupo Clarín será el único medio que deberá desinvertir?
– De los cinco canales de televisión abierta sólo uno es independiente, que no depende ni política ni económicamente del Gobierno nacional, y es Canal 13 del Grupo Clarín. El Canal 11 depende regulatoriamente de la administración central y económicamente, también porque Telefónica de España por la Ley de Medios no puede ser dueña de un canal de televisión abierta, porque es una empresa que presta servicios públicos y eso está prohibido por la ley. Telefónica de España debería haber sido la primera en aplicar el proceso de desinversión. Además de tener el 50% de la telefonía fija del país y un tercio de la móvil, es accionista de Telecom Argentina. Por lo tanto, esta compañía no podría participar de ninguna manera del sistema de medios audiovisuales.
– ¿Qué ocurre con el resto de los canales de aire?
– Canal 9 es de un extranjero, que por la Ley de Bienes Culturales no podría ser dueño de un canal de televisión abierta en Argentina. Sin embargo, además de serlo, se financia con la publicidad oficial, no hace producción local y la línea editorial está alineada con el kirchnerismo. Con respecto a América 2, el diputado Francisco De Narváez tampoco debería ser accionista del canal, ni la sociedad Vila-Manzano porque son licenciatarios de concesiones públicas, en este caso del petróleo. Además, quiero recordar que Telefé ha puesto al senador Aníbal Fernández todos los lunes como columnista, entonces tiene una protección política. Y sus noticieros nunca hablan de temas políticos que puedan incomodar al Gobierno. Entonces, tanto los operadores de medios como la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) transgreden la Ley de Medios, pero están obligados a vender, porque es incompatible ser concesionario del Estado y dueño de un medio.
– ¿Qué rol juega actualmente el Afsca?
– La ley prometía la democratización del sistema de medios audiovisuales por medio de un ente, el Afsca, que no fuera ni discrecional ni unipersonal como lo era el Comfer y tenía que ser colegiado. Hasta ahora, el Gobierno ha impedido que la oposición lo integre, así como la Comisión Bicameral que se designan las autoridades en los entes públicos. La oposición no quiso integrar esa Comisión hasta que se reglamentara la Ley de Medios. Eso se hizo a fines de 2011, desde entonces estamos reclamando por medio de cartas y reuniones, y el oficialismo se niega consecutivamente. Además, el Afsca ya tendría que haber venido cuatro veces al Congreso para informar sobre la implementación de dicha ley y jamás pudimos acceder a los resultados del censo sobre el mapa mediático nacional, la elaboración un registro público de licenciatarios y de autorizaciones, así como informar cuánto reciben por publicidad oficial. Estas eran las bases de un sistema transparente, no discrecional y plural con controles externos al Ejecutivo. Nada de esto se ha hecho. ¿Cómo vamos a creer que avanzamos hacia una desmonopolización sin información?
– Entonces, ¿con qué finalidad ha sido hecha la ley?
– Esto me hace acordar a la frase de un tirano latinoamericano: “A los amigos todo, a los enemigos la ley”. Se ha hecho una ley para desmembrar al Grupo Clarín y debilitar a un grupo que tiene la dimensión suficiente para enfrentar a un Gobierno que quiere tener una hegemonía comunicacional. El Gobierno no puede ser el violador de la ley, hay institutos que deben crearse para que se cumpla de una manera pareja y no están dadas las condiciones. No puede ser una norma selectiva o “en contra de”, el proceso de adecuación a partir del 7 de diciembre debe ser aplicado a todos por igual, ya que está en juego el derecho de los ciudadanos a ser informados. Lo más grave es que si tenemos un Estado que viola la ley, se trastoca el Estado de derecho y quedan indefensos los ciudadanos. Es claro que su objetivo no era democratizar el sistema de medios, sino una uniformización de la información.
