Se aprobó en el Senado de la Nación, el proyecto de reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo, impulsado por el Poder Ejecutivo, el cual pretende mediante éste, “disminuir la litigiosidad en materia de accidentes laborales y darle al sistema mayor prevención de accidentes”.

Pensada en este aspecto, uno de los cambios más relevantes de la reforma, esta dado por el “derecho de opción excluyente”, es decir, que quienes opten por cobrar la indemnización que prevé el sistema de reparación de la ley, no podrán accionar judicialmente, y quienes accionen judicialmente, no podrán más tarde acogerse a este sistema, a lo que a continuación el Art. 4 de la reforma en cuestión agrega que, “en caso de iniciar una acción judicial para la obtención de un resarcimiento basado en normas de derecho común, será competente la Justicia Nacional en lo Civil”.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que en el intento de eliminar la denominada “doble vía” a través de la “opción excluyente”, si bien no es una prohibición de acceso a la justicia, tal como lo han sostenido sus defensores, implica la imposición al trabajador de renunciar a la misma, con el agravante de que como anteriormente se mencionara, se establece la preeminencia de la jurisdicción civil sobre la laboral, la cual históricamente ha sido más lenta y restrictiva al momento de fijar el monto de las indemnizaciones, más allá del desconocimiento en la materia. Esto, sin dudas, se traduce en una privación que repercute de manera inminente en el derecho del trabajador de poder perseguir una reparación integral, tal y como lo establecen los lineamientos jurisprudenciales de la Corte Suprema, configurándose de esta manera una verdadera extorsión al trabajador.

Otro punto importante al respecto, es el caso de que el trabajador optase por la indemnización de la ART, en cuya situación el empleador se vería liberado de su obligación de reparar los daños causados por su responsabilidad, lo que se traduce en un abandono gratuito por parte del trabajador a su derecho a una reparación integral, sin ninguna contraprestación a cambio, ya que solo recibirá la indemnización tarifada de la ART.

En segundo lugar, con la iniciativa del proyecto se intenta buscar una mayor prevención en materia de accidentes de trabajo, pero en su cuerpo normativo no contiene un solo artículo que modifique la imprevención y la falta controles, solo se limita a implementar institutos mediante los que se ayudaría a disminuir la litigiosidad en la materia. Es claro en este sentido, que no hay miras de proteger al trabajador, ya que no se focaliza en la prevención como en tantos otros aspectos que hacen a la indemnidad del mismo.

A modo de conclusión, es notable que mediante este proyecto se intenta atacar la amplia “litigiosidad” de los siniestros, mostrando un gran desprecio por el Derecho y la Justicia, no ocupándose de lo que verdaderamente es lo preocupante en la actualidad, los altos niveles de “siniestralidad”. Asimismo, sostenemos que la disminución de accidentes y la prevención es posible, pero no de la forma propuesta.