El debate sobre el proyecto de Presupuesto 2013 puso sobre el tapete el rumbo de la economía argentina. Para saber hacia dónde vamos, hay que poner en perspectiva la situación. ¿Cómo estaba la Argentina en 2003? ¿Cuánto de lo que se dijo que había que hacer se cumplió? ¿Es un proyecto sustentable en el tiempo? No hay mejor manera para responder estas preguntas que someter a prueba las ideas-fuerza que pronunció el propio Néstor Kirchner en los comienzos de este proyecto político-económico que ya lleva casi diez años.

En la asamblea legislativa del 25 de mayo de 2003, cuando asumía la presidencia, Kirchner planteó cuáles serían las líneas fundamentales de su plan de gobierno. Eran tiempos en que la cuestión central era salir del infierno, y el nuevo jefe de Estado decía: “No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social (…) los acreedores tienen que entender que sólo podrán cobrar si a la Argentina le va bien”.

Para entonces, las reservas eran de tan sólo 11.100 millones de dólares y el peso de la deuda externa pública equivalía al 166 por ciento del PBI nacional. Argentina era un país endeudado y casi quebrado.

Tras una dura, pero fructífera gestión internacional del Gobierno, se logró renegociar y reestructurar la deuda, permitiendo regularizar los compromisos del Estado. Para fines de 2012, tras haber pagado el Boden del mismo año, la deuda pública es de tan sólo un 41 por ciento del PBI nacional (incluidos los acreedores privados, que representan apenas el 8,8), muy por debajo de países como Alemania, con 115 por ciento; Italia, 130; Portugal, 180; Grecia, 160, e Irlanda, 110. Hoy las reservas rondan los 45.000 millones de dólares, habiéndose utilizado en estos años 24.000 millones para pagar deuda externa. La clave fue que la acumulación de las reservas desde entonces se hizo en base a sucesivos superávits comerciales, y no por la toma de préstamos.

Continuaba Kirchner: “Tampoco podemos pagar a costa de que cada vez más argentinos vean postergado su acceso a la vivienda digna, a un trabajo seguro, a la educación de sus hijos o la salud. Creciendo nuestra economía, crecerá nuestra capacidad de pago”.

El proceso de desendeudamiento y acumulación de reservas fue acompañado por políticas públicas anticíclicas con gran incidencia en lo social, que permitieron recuperar la dignidad. Para 2003, la inversión en educación no alcanzaba al 2 por ciento del PBI y hoy es el equivalente al 6,7. Tras casi diez años de haber sido pronunciadas esas palabras, es para destacar que la ejecución del Presupuesto 2012 tiene 57,8 por ciento de las erogaciones con destino a salud, seguridad social, educación, cultura y acción social. Esto marca una política de Estado sostenida en el tiempo.

Si nos remitimos a los números, podemos ver que en el período 1991-2002 el crecimiento fue del 2 por ciento promedio, mientras que en 2003-2011, el mismo aumentó al 7,7; más un 3,5 por ciento para 2012 y estimaciones del 4,4 para 2013.

Pero además de lograr un crecimiento sostenido, Kirchner planteaba: “El resultado debe ser la duplicación de la riqueza cada quince años y una distribución tal que asegure una mejor distribución del ingreso y muy especialmente, que fortalezca nuestra media y que saque de la pobreza extrema a todos los compatriotas”; esto es crecimiento con inclusión social.

El coeficiente de Gini, muy difícil de modificar porque mide cuestiones estructurales de una economía, muestra que a partir del 2003 se quebró la línea ascendente de la desigualdad y sus valores bajaron del 0,429 al 0,32 actual. Esto se debe, en parte, a que la proporción entre lo que gana el 10 por ciento más rico de la población y lo que le toca al 10 por ciento más pobre se redujo 28,5 veces, pasando de 46,8 en 2003 al 18,5 en 2011. De esta manera, los niveles de pobreza bajaron del 54 por ciento al 8 actual, y el de indigencia, del 27,7 al 2,4.

Esto fue posible porque se resignificó el gasto público, que ya no era sinónimo de endeudamiento como en los ’90 sino de inclusión social. Los que menos tenían pasaron a recibir más, de manera que se redistribuyó lo que recaudaba el Estado, dando lugar a un gasto público progresivo. La resignificación del gasto público fue posible gracias a otra línea máxima de gobierno: basar el superávit fiscal en el desarrollo del mercado interno y externo y no en la toma de préstamos. Decía Kirchner al respecto: “El país no puede continuar cubriendo déficit por vía del endeudamiento permanente”.

En Argentina, desde 2003 el gasto público es sinónimo de ampliación de los beneficios sociales. La política volvió a tomar las riendas de la economía. Se recuperó la institucionalidad, la gobernabilidad y la dignidad de todos los argentinos, gracias a que, como dice Bernardo Kliksberg, se le dio un rostro humano a nuestra economía. Ya no nos gobiernan las decisiones de los mercados internacionales, sino que somos los argentinos los artífices de nuestro propio destino. Eso es lo que hace sustentable al modelo.

* Fernando Yarade es diputado nacional (FpV).