Los últimos acontecimientos vividos en el país, en referencia al conflicto salarial suscitado por un sector de los integrantes de las fuerzas de seguridad nacional, vuelven a poner en la agenda pública la discusión sobre la viabilidad política, de impulsar normativas respecto de la posibilidad o no, de “sindicalización” de las fuerzas de seguridad nacional y policías provinciales.

En principio, limitar únicamente la discusión a una posible sindicalización, es desde mi punto de vista un error, circunscribir la problemática a esta sola medida, es desconocer la complejidad del sistema de seguridad en el cual está inmerso entre otros actores, el personal que compone las fuerzas de seguridad. Existen experiencias intermedias a sindicalización que se podrían ejercitar a fin de ir acompañando una transformación paulatina en este sentido.

Por un lado las demandas reales del propio personal policial como las de la ciudadanía respecto de más y mejor seguridad nos obliga a la búsqueda de soluciones integrales, multiagenciales, de alto y bajo impacto dentro de un plan rector que implique y comprometa el trabajo de todos los actores. Y en esto no se puede dejar de lado la necesidad de repensar un modelo policial o mejor dicho empezar a pensar en qué modelo policial queremos para nuestra sociedad, asumiendo la responsabilidad de tomar las decisiones políticas, que paulatinamente permitan a la comunidad en su conjunto ser beneficiada con un mejor servicio de seguridad pública democrática a la vez de garantizar mayor bienestar a quienes integran nuestras fuerzas policiales.

En los patrones policiales nacionales y/o provinciales siguen predominando aspectos o características de estructuras “verticalistas” tradicionales, simultáneamente los distintos intentos de transformación no pudieron ser sostenidos en el tiempo, por lo cual no lograron una verdadera metamorfosis cultural en la organización.

En estos modelos, la transmisión de necesidades o problemáticas del personal se lleva a cabo únicamente por intermedio de una comunicación jerárquica, cuanto más jerarquías mayores son las dificultades en la comunicación, por ende el conocimiento de las vicisitudes del personal de base por parte del personal superior se hace muy complejo y en algunos casos poco objetivos.

Ante cuestiones relacionadas con los servicios, régimen disciplinario interno o situación salarial y al no sentirse “representados” por sus superiores, muchos ven la sindicalización un único modo posible de expresión. Por ello, es innegable la necesidad de abordar nuevos mecanismos de comunicación, que permitan al personal policial transmitir una situación ajustada a derecho en forma orgánica e institucionalizada, por fuera de lo que comúnmente se conoce como “vía jerárquica”, tal como lo hacen otros de países, por ejemplo en los “consejos de personal” con representatividad jerárquica, territorial y elegidos democráticamente entre la totalidad del recurso humano de la fuerza.

También por la complejidad de la función policial y ante situaciones disciplinarias o judiciales al personal policial se le deben brindar todas las garantías de defensa, mediante un régimen supletorio de investigación disciplinaria de las Instituciones del Sistema Policial Nacional y la Defensoría del Personal Policial, iniciativa legislativa que impulse hace más de dos años, en el proyecto de ley nacional que propone un Sistema de Seguridad Pública Democrática.

En el mismo sentido pero con una estructura diferente, estos días en la Provincia de Buenos Aires, se presentó un proyecto de ley que impulsa la creación de la Defensoría del personal policial, para garantizar la legalidad de las actuaciones iniciadas contra efectivos policiales, así como reclamar y velar por sus adecuadas condiciones laborales.

Por todos estos motivos y por la difícil situación que atravesamos como sociedad en materia de seguridad es que nos debemos un debate serio sobre cómo queremos que sean nuestras fuerzas policiales, qué modelo policial deseamos para nuestra sociedad, la cual sufrió profundos cambios en los últimos treinta años de democracia y que no fueron acompañados con una adecuada evolución, ni en las estructuras organizacionales, ni en la formación del personal que componen las distintas fuerzas de seguridad y policiales.