Edgardo Depetri encabezó este martes en el Congreso el reclamo de un grupo de legisladores y dirigentes del Movimiento Nacional Campesino Indígena para que avance el tratamiento de una iniciativa de su autoría para frenar los desalojos de las comunidades campesinas, producto del modelo de agronegocios que se extiende en varias provincias.

“Este año, la Cámara de Diputados deberá tratar y aprobar esta propuesta, que tiene estado parlamentario y que fue elaborada por varias organizaciones para frenar los desalojos, pero también con la idea de que los sujetos crezcan a partir de la producción de alimentos. Para ello, invitamos a todos los bloques, oficialistas y opositores, a fortalecer el trabajo colectivo en consonancia con los pequeños agricultores”, manifestó a Página 12 el diputado kirchnerista.

Depetri consideró que “hay que habilitar el debate sobre el uso de la tierra y la propiedad, para seguir fortaleciendo las instituciones de participación popular”. “La dificultad está en que los pequeños productores no están representados y a veces estas decisiones, con conflictos de por medio, las toman los gobiernos provinciales en representación con la Sociedad Rural, que terminan beneficiando a los sectores sojeros”, añadió.

El diputado Leonardo Grosso (Movimiento Evita) también participó del encuentro y sostuvo que “esta ley debe ser una herramienta que incorporen los municipios y los gobiernos provinciales, para dar respuestas concretas a los desalojos y así no lamentar una muerte más, de aquellos campesinos que defienden sus tierras ancestrales frente a los poderosos empresarios del agronegocio y a los funcionarios que los protegen”.

Por su parte, la senadora santiagueña Ana María Corradi manifestó su preocupación por la situación que viven los campesinos en su provincia y “considero imprescindible y urgente resolver el problema sobre tenencia precaria de tierra”, “En Santiago del Estero no hay decisión política para resolver este problema”, aseguró.

“Acompaño el reclamo de las familias de Santiago del Estero dejando plasmada en esta reunión una vez más mi fuerte compromiso con esta lucha; desde mi lugar voy a ejecutar todas las acciones que estén a mi alcance en apoyo a esta a iniciativa con el fuerte deseo de que este proyecto se apruebe lo antes posible”, sostuvo la legisladora.

En tanto, Mirta Salto, madre de Cristian Ferreyra –asesinado el 16 de noviembre pasado en Santiago del Estero por hombres que trabajaban a las órdenes de un empresario sojero–, expresó entre lágrimas que “no tiene que haber un muerto más por la tierra”.

“Le pido a la presidenta Cristina Fernández que apruebe con urgencia esta ley para que no haya más desalojos seguidos de muerte. Hay madres que hoy tienen a sus hijos y no saben si mañana podrán volver a verlos”, agregó.

Deolinda Carrizo, del Mocase-VC, responsabilizó al “gobierno de Santiago del Estero por las muertes que causa en su comunidad el agronegocio” y, además, exigió que “desarmen las patotas armadas que hoy hostigan a las familias santiagueñas para expulsarlas de su territorio y apoderarse de las tierras que ancestralmente les pertenecen”.