Legisladores kirchnersitas y dirigentes del Movimiento Nacional Campesino Indígena presentaron en conferencia de prensa los fundamentos de un proyecto que declara la “emergencia territorial” en posesiones de agricultores familiares.
Un grupo de diputados del Frente para la Victoria respaldaron en el Congreso el reclamo del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) para la aprobación de un proyecto de ley para frenar los desalojos de las comunidades campesinas, producto del modelo de agronegocios que se extiende en varias provincias.
El escrito –que fue elaborado por diversas organizaciones campesinas y presentado el año pasado por el diputado Edgardo Depetri– declara “la emergencia territorial por el término de cinco años en materia de posesión y propiedad sobre las tierras rurales que ocupan los pequeños productores agropecuarios, las familias campesinas o los agricultores familiares”.
También solicita “la suspensión de desalojos por cinco años (incluso la suspensión de ejecución de sentencias y actos administrativos que persigan ese fin) e insta en los tres primeros a realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras”.
En el anexo de la Cámara baja, los diputados Edgardo Depetri, Adela Segarra y Leonardo Grosso, María Pilatti Vergara, Araceli Ferreyra, Julia Perié y Remo Carlotto, entre otros, repudiaron el asesinato del campesino indígena Miguel Galván, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (Mocase-VC), ocurrido el miércoles pasado en el límite de las provincias de Salta y Santiago del Estero, cuando defendía la posesión de sus tierras ante empresarios agropecuarios en la zona. Del acto también participó el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico.
La iniciativa considera pequeños productores agropecuarios, comunidades campesinas y agricultores familiares “a todas aquellas personas que de manera individual, colectiva o comunitaria lleven adelante actividades productivas en el medio rural, desarrollando actividades agropecuarias de manera directa, siendo la mayor parte de la fuerza de trabajo aportada por los miembros de la familia”. En ese sentido, hace referencia a las familias campesinas que “son desalojadas y desapropiadas de sus pertenencias”, a quienes se impide “el efectivo acceso a la Justicia”.
Además, el proyecto prevé “la creación de un Registro Nacional de Relevamiento de Tierras Rurales que tendrá como finalidad determinar la situación real existente con relación a la ocupación y posesión de tierras, con la especificación de los datos catastrales y registrales vigentes y las condiciones socioambientales de los ocupantes, a los fines de establecer una política nacional de saneamiento de títulos”.
Este relevamiento contará con la colaboración de las comunidades campesinas y agricultores familiares, quienes recabarán información que hace a la problemática de la tierra y que refiere “a la superficie afectada, a la situación jurídica, a la cantidad de familias afectadas y a los bienes territoriales existentes: agua, bosques, suelo”. El año pasado, un estudio realizado por la cartera de Agricultura nacional arrojó que 63.843 familias se encuentran afectadas en la actualidad por la problemática de la tierra en Argentina.
