En cualquier país normal, parecería una verdad de Perogrullo estar recalcando a diario la importancia de la previsibilidad y las reglas de juego claras que debiera defender el Estado para lograr un desarrollo sostenido. Pero en la Argentina, hoy, es nuestra obligación alertar sobre las consecuencias que podrían acarrear las recientes decisiones que, tomadas a la marchanta por el gobierno central, están provocando un efecto dominó que seguramente terminemos pagando caro.

La decisión del gobierno del Chaco de cancelar parte de sus obligaciones en pesos “cumpliendo normativas del Banco Central”-cuando se habían pactado en dólares- y doblar la apuesta anunciando la pesificación total de su deuda, invitando también a las autoridades de otras provincias a imitarlo, está impactando en el mercado bursátil negativamente, de tal manera que sus títulos han caído en menos de 24 horas un 26%.

La sintonía fina que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner propuso al comienzo de su segundo período incluyó el mandato de avanzar hacia una “pesificación cultural” o, en otros términos, una desdolarización de la economía argentina a como dé lugar.

Para impedir la creciente salida de dólares del país provocada por las inconsistencias económicas y, en especial, como resguardo por la creciente inflación, el gobierno impuso un cepo cambiario -al principio, tímida y desordenadamente; en los últimos meses férreamente- que, además de fomentar un ilegal mercado paralelo de cambios, ahora afecta directamente el pago de las obligaciones provinciales.

Al decir de los economistas, la decisión del gobernador chaqueño Capitanich constituye en los hechos un “default selectivo” que, por su monto poco significativo, pone en duda la capacidad de pago en dólares de otras provincias en similar situación. Más aún, probablemente pueda dificultar y hasta inhabilitar nuevas colocaciones de deuda en momentos gravosos para la mayoría de las economías provinciales.

No vamos a explayarnos aquí sobre los efectos que este cepo tiene sobre los particulares, pero vale mencionar al menos otras consecuencias: la limitación a las provincias para endeudarse implica una forma más de ahogo financiero y un nuevo daño al ya vapuleado federalismo, por un lado; y, por el otro, la profundización del actual aislamiento de la Argentina en el mundo.

Estas marchas y contramarchas a las que quiere acostumbrarnos el gobierno kirchnerista se parecen mucho a los manotazos de ahogado que debe dar últimamente por su negación a rectificar una ineficiente gestión económica que compromete el balance comercial y, en definitiva, las finanzas con las que debe cumplir las obligaciones básicas del Estado.

Reglas de juego claras y previsibilidad, sostenidas por instituciones fuertes, son la base del buen funcionamiento de una nación que aspira a desarrollarse sostenidamente. El magistrado de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni -cuyo pensamiento no podría de ninguna manera ubicarse en las antípodas del gobierno actual- ha afirmado que “cuando nos bajamos del vehículo de las instituciones nos enterramos en el fango del retroceso, en tanto que lo poco o lo mucho que avanzamos lo hicimos montados sobre carriles institucionales”. También agrega que “es el momento de valorar las instituciones, no para adorarlas pues no son ídolos, sino para perfeccionarlas como herramientas del progreso social. Cuanto mejores sean nuestras herramientas, más eficaces y rápidas serán en lo mucho que nos queda por andar”.

Coincidimos estrictamente con ese pensamiento. Ojalá el gobierno lo tuviera más en cuenta.

Carlos Brown es diputado nacional del Frente Peronista