En el marco de la controversia que involucra hoy a la Justicia y el Poder Ejecutivo, por la causa Clarín, el oficialismo sorprendió en el Senado presentando un proyecto que prevé reglamentar el “per saltum” en causas de competencia federal en las que se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional cuya solución expedita sea necesaria.

El proyecto lleva las firmas de los senadores oficialistas Miguel Pichetto, Marcelo Fuentes, Aníbal Fernández, Marina Riofrío, Marcelo Guinle y José Mayans, y establece que se podrá presentar “el recurso extraordinario por salto de instancia ante la Corte prescindiendo del recaudo de tribunal superior” en causas de “gravedad institucional del fuero federal”.

En rigor, la iniciativa está basada en varios proyectos, entre ellos uno de la actual presidenta de la Nación, que presentó en el año 2002.

Según se informó, el proyecto comenzará a ser tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Marcelo Fuentes, el próximo martes.

De aprobarse el proyecto, este recurso se aplicará en aquellas causas “cuya solución definitiva y expedita sea necesaria y en las que el recurso en cuestión “constituya el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior”.

¿Qué se interpreta por “gravedad institucional”? Aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las partes de la causa, proyectándose sobre el general o público, de modo tal que por su trascendencia queden comprometidas instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución, expresa el proyecto.

En esos casos, proponen los legisladores, la Corte deberá habilitar la instancia con alcances restringidos y de marcada excepcionalidad, y sólo serán susceptibles del recurso las sentencias definitivas de primera instancia y no los casos del fuero penal.

Agrega el escrito que el hecho de que el máximo tribunal declare la admisibilidad del recurso “tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida”.

En los fundamentos, el proyecto recoge la opinión del constitucionalista Bidart Campos, que señala que “el derecho constitucional es un mundo esencialmente político en la más científica acepción de la política; y la Corte no nos asusta decirlo es un Tribunal político que co-gobierna como cabeza de un poder –el Judicial- que, por ser poder del Estado, es también político. Hay política –la partidaria- que no es mala en sí misma, todo lo contrario. Pero esa sí es mala, pésima, cuando se infiltra en el Poder Judicial”.