A pocos días de asumir en su banca como diputado, Héctor Recalde se encontró con quien esto escribe en el Congreso, por una entrevista en la que se le hizo notar que finalmente se cumplía su anhelo de ser legislador, tras varios intentos fallidos. Y que lo haría nada menos que como oficialista, lo que implicaba un compromiso especial pues siempre le había tocado estar del lado de los que hacían los reclamos. Corría el año 2005 y el kirchnerismo se aprestaba a encarar su mejor momento, con un presidente con popularidad ascendente, que acababa de derrotar al duhaldismo nada menos que en la provincia de Buenos Aires y ahora podía considerar como propia a toda la tropa legislativa.

Recalde se encogió de hombros y dio su respuesta: “Como Néstor Kirchner dijo el día en que asumió, yo tampoco voy a dejar mis convicciones en las puertas del Congreso”.

A las convicciones volvió a remitirse Héctor Recalde esta semana, al tener que sortear el duro escollo que se le presentó en la Comisión de Legislación del Trabajo que él preside, cuando su ¿ex amigo? Hugo Moyano lo trató de “servil al poder”, haciendo público el divorcio entre ambos. “Estoy actuando de acuerdo a mis convicciones”, fue el argumento que usó entonces Recalde, en referencia a la reforma de la ley de accidentes de trabajo que el Congreso aprobará el miércoles que viene. Un tema en el que, como tantos otros, el hasta ese día abogado de la CGT debió hacer equilibrio, en el marco de la pelea entre Hugo Moyano y el gobierno nacional. El camino que encontró en esta cuestión fue hacer su propio proyecto, que estará también en el recinto con dictamen de minoría, con su única firma, y que por supuesto no alcanzará siquiera a llegar a la instancia de votación.

Para Recalde es la manera de no dejar de lado sus convicciones, sin romper con el oficialismo que integra. Ya no pudo mantener la alianza con Moyano, puesta en jaque desde que el camionero decidió enfrentarse con la Presidenta. Siempre se supo que tarde o temprano la ruptura llegaría entre el jefe cegetista y el padre del titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde.

Precisamente el tratamiento de ese proyecto en Diputados será acompañado por una masiva manifestación en torno al Congreso. La CGT de Moyano y la CTA de Pablo Micheli anticiparon que ese día se movilizarán en contra de esa iniciativa que elimina la “doble vía” en materia de litigiosidad ante un accidente laboral. El sindicalismo opositor quiere dar una nueva muestra de vigor, aunque por repetida, no es de esperar que la protesta genere mayor atención.

Conscientes de ello, es probable que los líderes del sindicalismo opositor aprovechen la jornada para buscar un título contundente para el día siguiente, como podría ser ponerle fecha al paro nacional que ya anticiparon que pretenden realizar para antes de fin de año.

El Congreso también fue epicentro esta semana de la pelea central que encara el gobierno con el Grupo Clarín. Durante la sesión del Senado en la que se aprobó el voto a los 16 años, el bloque kirchnerista presentó un proyecto de comunicación instando a la Corte Suprema a intervenir en el conflicto del Consejo de la Magistratura, donde se ha trabado la designación de un magistrado para cubrir la vacante del juzgado que debe expedirse sobre la constitucionalidad del artículo 161 de desinversión, en la antesala del 7 de diciembre.

Pero previamente se anunció algo más trascendente que ese “pedido”. Fue la presentación de un proyecto de ese mismo bloque para reglamentar el “per saltum”. El mismo establece que se podrá presentar “el recurso extraordinario por salto de instancia ante la Corte prescindiendo del recaudo de tribunal superior” en causas de “gravedad institucional del fuero federal”. La movida encontró una rápida respuesta del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien anticipó que el Tribunal Supremo resistirá las presiones que se quieran ejercer sobre el mismo. “Si cedemos una vez, cedemos siempre”, resumió el presidente de la Corte, quien para evitar complicaciones aclaró que el mensaje iba dirigido a “los poderes económicos y políticos”. Léase el Grupo Clarín y el gobierno nacional. Para muchos, fue el título del día. Pero no cierra la cuestión.

Es que el propio Lorenzetti aclaró luego -aunque sus dichos no tuvieron la misma difusión- que sería diferente si existiera una ley en ese sentido. Pues bien, se trata de un proyecto que comenzará a ser tratado este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Y por más resistencia que pueda ejercer la oposición, ya se sabe que el kirchnerismo está en condiciones de aprobar todo lo que envíe al Parlamento. La cuestión es si le dan o no los tiempos.

Si se lo propone, el kirchnerismo podría tener aprobado en el Senado el proyecto para el último día de octubre, convirtiéndolo en ley a mediados de noviembre, con el 7 de diciembre encima. Sería un tratamiento “exprés” de esos a los que tiene acostumbrado a realizar el oficialismo cuando se ve urgido, pero en ese caso el tema estaría en manos de la Corte, que maneja sus propios tiempos.

La pregunta que todos se hacen es por qué razón el kirchnerismo quiere forzar el tratamiento de la Corte Suprema de la cuestión inherente al artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales. ¿Tan convencido está el gobierno de que de allí saldrá un fallo favorable a sus intereses? Algunas fuentes del gobierno consultadas aseguran que si bien no pueden certificar algo así, los pronunciamientos que han partido hasta ahora del Máximo Tribunal abonan esa posibilidad. De hecho, toman como antecedente la resolución que dio pie al 7D, cuando la Corte Suprema fijó el plazo de vigencia de la medida cautelar hasta ese día, sosteniendo que “las medidas cautelares no pueden sustituir la solución de fondo porque afectan la seguridad jurídica”.

Fuentes tribunalicias consultadas atribuyeron la postura de Clarín a un deliberado intento de ganar tiempo. Cualquiera sea el fallo del juez de primera instancia que finalmente se ocupe, será apelado. Hay quienes aseguran que el grupo tiene la convicción de que en esa instancia, la Cámara le dará la razón. Y así se llegará a la Corte. Quién sabe cuánto tiempo pasaría hasta entonces.

Podría llegar así a 2015, tranquilamente.

El gobierno da por sentado que el fallo inicial de la Corte establece el 7 de diciembre como límite y que a partir de ese día, si Clarín o cualquiera de los grupos mediáticos que puedan estar de alguna manera en la misma situación, corresponderá al AFSCA determinar qué hacer con las licencias. Lo más probable es que no haya gendarmes ese día tomando posesión de bienes, pero sí, algunos días después, decretos que establezcan la caída de concesiones. El Estado -si es que para el 7D el Grupo no presentó un plan de desinversión- será el que se ocupe de elegir los nuevos titulares de canales y operadoras de cable.