Para Victoria Donda, el hecho “demuestra que la comisión que armó el gobernador es sólo ‘pur la galerí’”.
La diputada nacional de Libres del Sur Victoria Donda se refirió a un nuevo caso de torturas, esta vez contra un trabajador de la Comisión Provincial por la Memoria en la provincia de Buenos Aires, y a la dilación del Estado argentino en sancionar un Mecanismo Nacional contra la Tortura.
“Repudio enérgicamente este nuevo episodio de tortura, en este caso al joven Mario Verón, quien trabaja en la CPM y quien, identificado por la policía de la comisaría de la 1ª de Berisso, fue impunemente torturado –se quejó la legisladora del FAP-. Esto demuestra, por un lado, que la Comisión Interministerial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles que realizó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es sólo ‘pur la galeri’ y no va a trabajar en ninguna prevención. Por el otro, que es indispensable quitarle la potestad a las policías de la detención por averiguación de identidad, porque en la práctica funciona como una herramienta de escarmiento social y vulneración de derechos”.
Al mismo tiempo, la referente del FAP alertó que “anteayer Argentina fue examinada en la ONU por el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo, en Ginebra, Suiza, y los observadores emitieron ‘recomendaciones’ tanto por el tema de las falencia en el país en la garantía al acceso a los abortos no punibles y por las muertes de mujeres por abortos inseguros, como por las demoras en la creación de un mecanismo nacional para la prevención de la tortura”.
Donda agregó que “en igual sentido se pronunció la organización internacional, Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), que emitió un durísimo comunicado contra la dilación de más de 6 años del Estado Nacional en crear este instituto. Las necesidades internas y los exhortos internacionales no deben postergarse más. Necesitamos respuestas urgentes y que el proyecto con media sanción que aguarda aprobarse en el Senado, se promulgarse antes que a fin de año pierda estado parlamentario. El gobierno lo sabe, y está siendo cómplice de que estos delitos se perpetúen en el tiempo y en todo el país”.
