Por Fernando Yarade
El proyecto que busca modificar la ley de ART generó múltiples conflictos porque en su seno hay intereses contrapuestos: no sólo de los trabajadores, los empleadores y las ART, sino también de parte de otros sectores, como los ligados al ámbito judicial.
El modelo que comenzó Néstor Kirchner en el 2003 dejó en claro que no le tiembla el pulso para tomar decisiones. Pero también que esas decisiones están siempre de acuerdo con las convicciones, que no dejó fuera de la Casa Rosada al asumir. Ninguna de las políticas que lleve adelante atentarán contra el bienestar general y mucho menos contra los trabajadores.
El proyecto en debate viene a agilizar el cobro de las indemnizaciones, a otorgarle mayor previsibilidad a las empresas, sobre todo a las PYMES, y a termina con la regresiva “industria de los juicios”, que llegó a distorsionar y comprometer el funcionamiento del sistema de las ART.
Porque para seguir creciendo en forma sostenida son imprescindibles la inversión y la previsibilidad, pero no se deben lesionar el empleo ni la dignidad de los trabajadores. Por eso no hay que perder de vista el foco de la discusión: se trata de resolver los conflictos laborales para continuar fortaleciendo el modelo de desarrollo con inclusión social.
Beneficios de la nueva ley
Se elimina la “doble vía” de reclamo indemnizatorio, pero el trabajador puede demandar en la justicia civil si no está de acuerdo con los montos tarifados que se establecen; no obstante se elevarán todos los valores indemnizatorios, y se prevé una actualización de dichos montos cada 6 meses.
El nuevo periodo de cobro de indemnización es de 15 días después de notificada la homologación de la incapacidad laboral. Además, una cláusula determinará un 20 por ciento más de aumento para los casos en que el trabajador esté dentro del lugar de trabajo o bien a disposición del empleador.
El proyecto también posibilita (y promueve) la formación de las llamadas ART-Mutuas sin fines de lucro, entre las entidades de empresarios y los sindicatos, en los convenios colectivos de trabajo que celebren.
La industria del juicio en Argentina
La industria argentina aumentó sus aportes al sistema de ART de 214 millones de pesos en 2002, a 3.309 millones en 2011. La industria del juicio también creció: pasó de 2.947 litigios en 2003 a casi 70.000 en 2012, con estimaciones de 3.000 millones de pesos en honorarios de abogados y peritos.
Entre 2004 y 2012, la cantidad de juicios creció 16 veces, a razón de un 42 por ciento anual. Y el monto que pesa sobre las empresas se estima en el orden de los 7.000 millones de pesos con honorarios de no menos de 2.500 millones; e incluso hay juicios en los que los honorarios de abogados y peritos representan hasta el 50% del monto total de la sentencia. Es decir que el crecimiento de la actividad industrial fue tierra fértil también para el de la industria de los juicios.
Esto hace que el costo laboral que pagan las empresas en Argentina sea igual que en Alemania, alcanzando el 2,9 por ciento, y un 3 por ciento de la alícuota sobre el salario. Ese porcentaje es del 2,7 en España; 2,1 y 2,2 en Estados Unidos y Francia, respectivamente; y en Chile, un 1,7 por ciento.
Previsibilidad para las empresas
Para los que cuestionan el sistema de ART argentino, es importante aclarar que el nuestro es uno de los más beneficios del mundo. En Argentina se cubren todas las discapacidades (desde 1% en adelante), mientras que en Chile se lo hace desde el 15% y en España desde 33%. Por otra parte, en materia de salarios caídos, en Argentina se paga 100% del total más adicionales; en España sólo el 75% y en Chile 100% del salario pero sin adicionales.
Por otra parte, en Argentina se paga suma fija (que no depende del salario) más otra parte variable (que depende del salario), mientras que en España y Chile se paga sólo la parte variable, lo cual hace una diferencia notable, en especial para los trabajadores de menores ingresos.
Para que existan trabajadores deben existir empresas eficientes. Y el empresario debe preveer con anticipación los costos laborales para poder operar y ser competitivo en un mundo de mercados globalizados. Esta ley viene a otorgarle previsibilidad al establecer reglas claras sobre las que definir estrategias y costos de producción.
Gestionar el conflicto: un trabajo decente
Para que el país pueda seguir creciendo en el contexto de crisis mundial, es necesario que los engranajes de todo nuestro sistema productivo estén lo más aceitado posibles. Ese es el objetivo de mínima de este proyecto; el de máxima, continuar con la profundización del modelo, en el que las políticas anticíclicas tienen un complejo pero valioso papel.
De cara al futuro es necesario construir con trabajo decente, como se viene haciendo desde 2010 junto al hermano país de Uruguay. En cada país, los Ministerios de Educación y de Trabajo, con el apoyo de la Oficina Internacional del Trabajo, han desarrollado distintas experiencias educativas sobre el trabajo en esa dirección.
Es necesario legislar y educar pensando en el presente pero sobre todo en el futuro. Porque en toda sociedad democrática hay intereses antagónicos y es normal que así sea. Y es justamente el Estado quien debe hacerse cargo, porque el trabajo de gestionar los conflictos en busca del bienestar general dignifica la función del Estado y le da sentido a su existencia.
* El autor es contador con másters en administración y finanzas; ha sido ministro de economía de Salta, y en la actualidad, diputado nacional (FPV).
