La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires sancionó por unanimidad el proyecto de ley que promueve la relocalización de la empresa Curtarsa S. A. I. y C. denunciada por los vecinos por contaminación ambiental.
La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires sancionó por unanimidad el proyecto de ley que promueve la relocalización de la empresa Curtarsa S. A. I. y C., ubicada en la localidad de Jáuregui, partido de Luján, y largamente denunciada por los vecinos por contaminar el medio ambiente.
La iniciativa, presentada por el diputado bonaerense del Frente Amplio progresista, Juan Carlos Juárez, y que había sido aprobada por la Cámara baja provincial durante 2011, indica en su artículo segundo que la curtiembre será “relocalizada dentro del partido de Luján, en una zona apta que, conforme la normativa específica que sobre radicación, habilitación y funcionamiento de establecimientos industriales, tenga establecido el municipio, y no constituya un peligro potencial a la salud de los habitantes y al medio ambiente de las áreas circundantes”.
La sanción de esta ley es producto de la lucha de más de 15 años de los vecinos del partido de Luján, quienes se han manifestado en contra de la industria y han llevado sus reclamos por la contaminación que hace del medio ambiente y las malas consecuencias que trae para la salud de los habitantes del lugar. Ahora, sólo resta la promulgación por parte del Ejecutivo para su relocalización.
Según los fundamentos del proyecto, la contaminación del río Luján es causada por el vertido de efluentes químicos y emanación de gases contaminantes provenientes de la de la Curtiembre.
De hecho, la empresa fue sido sancionada en varias oportunidades por la municipalidad de Luján debido al incumplimiento de las normas de salubridad y ambientales vigentes. Incluso fue clausurada temporalmente como consecuencia de accidentes ocurridos en su interior y que causaron la muerte de trabajadores.
Acorde con la norma aprobada, el proceso de erradicación deberá ejecutarse progresivamente dentro de los tres años a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial, el cual será fiscalizado por los organismos competentes juntamente con las organizaciones vecinales.
Asimismo, luego de la erradicación, el gobierno arbitrará los medios necesarios a los fines de controlar la reparación y recuperación del suelo, subsuelo, aguas y aire afectados por actividad desarrollada por la empresa, hasta la constatación de ausencia de pasivos ambientales.
El autor de la iniciativa, el diputado Juárez, se mostró satisfecho por la aprobación de la norma, y manifestó la necesidad de establecer una “convivencia entre producción industrial y calidad de vida”.
Por último, declaró que se trata de la primera acción legislativa en este sentido, ya que “ha habido otras acciones a favor del medio ambiente, pero por la vía judicial, como la causa por el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo”.
