Se trata de una iniciativa impulsada por la senadora bonaerense del FpV-PJ María Cristina Di Rado, que busca incorporar al artículo 3º de la Ley 10.430 -Estatuto de la Administración Pública-.

Según Di Rado “no podrán ser parte de la planta de trabajadores del Estado aquellos que estuvieran inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y en el Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual”.

Para Di Rado “el incumplimiento frente a las obligaciones alimentarias, expone en situación de riesgo a las partes más indefensas de las redes familiares, ya que las cuotas por alimentos según surge del Código Civil, son destinadas en su mayor parte a los menores, a los ancianos y a los enfermos, de allí su naturaleza eminentemente asistencial”.

En ese sentido, se destaca que este registro fue creado con el objeto de terminar con el alto porcentaje de incumplimiento frente a las obligaciones alimentarias y es considerada una herramienta válida para combatir la irresponsabilidad que se da en varios casos relevantes.

Por otro lado, argumentó que “otra problemática muy seria y dolorosa surge como consecuencia del incremento en el número de casos que se denuncian por los llamados delitos contra la integridad sexual”. Tal situación dio lugar a la creación del Registro de Condenados por dichos delitos a través de la sanción de la Ley 13.869.

De ambas situaciones previstas, “surge la necesidad de evitar el ingreso a la Administración Pública Provincial a personas que, habiendo incurrido en falta, se hallaren inscriptos en los citados registros”, puntualizó Di Rado.